Publicado en: 11 abril, 2017

Noticias Uruguayas 10 abril 2017

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay: Quien dirigía “el espionaje militar” – El diario de “Guillermo” por Samuel Blixen

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URUGUAY

Quien dirigía “el espionaje militar”

brecha
El diario de “Guillermo”
Durante los años clave de 1988-1991, el espionaje militar a la sociedad civil y a las organizaciones políticas estuvo en manos de un oficial acusado de asesinatos y desapariciones, que impulsó en democracia los mismos criterios de la dictadura. A continuación el legajo personal de Eduardo Ferro.
Por SAMUEL BLIXEN
El Coronel (retirado) Eduardo Ferro, llegando al acto de asuncion del nuevo Comandante del Ejército Nacional, Jorge Rosales, en el Comando del Ejército 30 de octubre de 2006 Montevideo - Uruguay
El coronel Eduardo Ferro fue el responsable del espionaje militar a partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales entre 1988 y 1991, que investiga una Comisión de la Cámara de Diputados (véase recuadro). El período comprende la documentación de la Dirección General de Información de Defensa (Dgid) revelada por Brecha en sucesivas publicaciones desde diciembre del año pasado1 y que confirma que los aparatos de inteligencia militar cometían diversos delitos (allanamientos, chantajes, infiltración de espías, escuchas telefónicas) en el despliegue de una actividad sistemática y generalizada de espionaje cuyos fundamentos y objetivos nunca fueron explicitados.

La designación de Ferro como jefe del Departamento III (Operaciones) de la Dgid está consignada en su legajo personal, documento oficial de la Comisión Calificadora del Personal Superior de las Armas del Ejército que Brecha obtuvo de fuentes judiciales. El legajo incluye –además de las calificaciones y anotaciones desde su comienzo como cadete hasta su retiro como coronel– las deliberaciones y decisiones de un tribunal especial de honor, instalado a partir de las sospechas del coronel Ferro, que atribuía al coronel Carlos Silva –actual presidente del Centro Militar– un operativo de filtración de información militar al diario La República. Sugestivamente, en el expediente que recoge las actas y las conclusiones del tribunal (y que está incorporado al legajo personal) se incluye un documento atribuido a un grupo de oficiales retirados de inteligencia en el que se identifica, con nombre y apellido, a los autores de una serie de atentados con explosivos ocurridos entre enero de 1991 y diciembre de 1993 (véase nota aparte).

En la documentación sobre los informes de los espías de la Dgid en poder de Brecha aparecen reiteradamente las órdenes y observaciones de un oficial, “Guillermo”, coordinador de los “manipuladores” que atendían directamente a los “agentes”. Las profusas denuncias judiciales contra el coronel Ferro coinciden en atribuirle el alias de “Guillermo”; por tanto, sabiendo ahora que Ferro fue el jefe del Departamento III de la Dgid, es lícito inferir que se trata de la misma persona que ordenaba los espionajes y controlaba a los oficiales “manipuladores”.

Ferro está acusado, entre otros delitos, de la desaparición y asesinato del dirigente comunista Fernando Miranda; de participar en la desaparición de María Claudia García de Gelman (madre de la actual diputada Macarena Gelman); del secuestro en Brasil de los refugiados Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti; y del interrogatorio, tortura y desaparición de Andrés Bellizzi y Jorge Gonçalvez, en el centro clandestino de detención Club Atlético en Argentina. Ferro nunca fue procesado por ninguna de las acusaciones contenidas en los expedientes judiciales.

PRONTUARIO.

El legajo de Ferro, oficial de Ingenieros, anota la realización de diversas comisiones para actuar en el marco del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa): en 1977 figura como instructor de la Escuela de Inteligencia. Como capitán es designado jefe de operaciones de la Compañía de Contrainformación. En 1978 el mayor Carlos Rossel consignaba en su libreta de anotaciones personales: “la unidad cumple una operación de características muy complejas y que determina la utilización de sus mayores medios debiendo desplegar este oficial (Ferro) una actividad sin pausa por más de 30 días. La gran tenacidad puesta de manifiesto es un factor fundamental para que la operación culmine con éxito”. Más adelante, el mayor José Bazzani, jefe de la Compañía de Contrainformación, establecía que “la detallada forma en que (Ferro) realiza un trabajo permite llegar a delimitar una situación delicada en los campos de la seguridad, económico y del desarrollo y que tiene repercusiones con un país limítrofe”. Las libretas personales de sus superiores reiteran juicios sobre Ferro en “operaciones confidenciales cuyas características demandan condiciones muy especiales”. Se desconoce el tenor y los objetivos de esas “operaciones confidenciales”, que coinciden en el tiempo con sucesos denunciados ante la justicia.

En 1980, el entonces capitán Ferro fue destinado al Servicio de Información de Defensa (Sid), donde permaneció aun cuando el aparato de inteligencia fue rebautizado primero con el nombre de Servicio de Información de las Fuerzas Armadas (Siffaa) y después como Dirección General de Información de Defensa (Dgid). La actividad de inteligencia, que durante la dictadura se apoyaba fundamentalmente en la labor de infiltrados y espías a sueldo, mantuvo el mismo esquema cuando se reinstaló el sistema democrático. El cambio de nombre, pero no de estructura y funciones, aseguró, desde la presidencia de Julio María Sanguinetti en adelante (fundamentalmente por las orientaciones de quien fuera primero comandante del Ejército y después ministro de Defensa, general Hugo Medina), una autonomía de la labor de inteligencia que la convertía en un verdadero gobierno paralelo, con su discrecionalidad para el gasto, con un presupuesto no controlado, con un sistema de relaciones internacionales propio y una total independencia para fijar objetivos.

No bien ascendido a teniente coronel en 1988, Ferro fue designado jefe del Departamento III (Operaciones), bajo las órdenes directas de su superior jerárquico inmediato, el subdirector de la Dgid, el entonces coronel Fernán Amado. En su libreta de anotaciones, el coronel Amado asentaba que al cumplir un año en el cargo Ferro “eleva un resumen de las misiones cumplidas en un extenso período extrayendo acertadas conclusiones sobre los resultados obtenidos que permiten hacer las prevenciones sobre las actividades futuras mejorando las condiciones en que se cumplirán las mismas y haciendo un mejor aprovechamiento de los medios”. Las “prevenciones” (¿o previsiones?) futuras consistieron a lo largo de 1989 en la infiltración en la dirección del Pit-Cnt, un seguimiento del proceso de referéndum sobre la ley de caducidad, un espionaje sistemático a embajadas extranjeras, a partidos políticos, en particular al Partido Nacional, al Movimiento de Liberación Nacional y al Partido Comunista, y una evaluación del proceso electoral. Durante su jefatura, el entonces teniente coronel Ferro desplegó una ambiciosa infiltración de la inteligencia policial, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (Dnii), con por lo menos tres espías; un documento de 1989, que sintetiza la información obtenida sobre las relaciones de la Cia con los mandos de la inteligencia policial y que detalla la “bronca” entre los altos funcionarios por el reparto del dinero, tanto de la Cia como de la Seguridad del Estado español, consigna el desprecio de un oficial de Ingenieros, para quien la Dnii merecía desaparecer mediante explosivos. En 1990 y 1991 el Departamento III puso especial énfasis en registrar la crisis interna del Partido Comunista y su final división.

Pese a las calificaciones que registra su legajo personal, a Ferro le asignaron a partir de 1992 diversos destinos que lo alejaron de la actividad de inteligencia. Como una forma de protestar por ese alejamiento, Ferro solicitó “pasar a disponibilidad”, hasta que fue reincorporado a la inteligencia años después.

CULEBRÓN MILITAR.

Un capítulo especial en su legajo personal lo constituye el Tribunal Especial de Honor que el coronel Ferro solicitó expresamente para deslindar su conducta de las afirmaciones contenidas en varias crónicas aparecidas en el diario La República, a fines de 1995, cuando él revistaba en la Dgid. Las crónicas afirmaban que el coronel Ferro había sido reclutado por la Cia, que era responsable de acoso al periodista Jorge Traverso, en ocasión del escándalo de corrupción en el Banco de Seguros del Estado; que había intentado reclutar a un chofer del presidente Sanguinetti; y que informaba periódicamente a personas de confianza de Sanguinetti sobre actividades y opiniones de oficiales del Ejército.

Las revelaciones de La República aparecían al completarse diez meses de mandato de Sanguinetti, después de una gestión de Luis Alberto Lacalle que, en materia de política militar, había generado fuertes contradicciones entre las logias de las Fuerzas Armadas, algunas de ellas dirimidas a fuerza de bombazos y explosivos. En su primer alegato ante los tres generales (Fernán Amado, Aurelio Abilleira y Yamandú Sequeira) que integraron el Tribunal de Honor en enero de 1996, Ferro admitió que concurría periódicamente al Edificio Libertad para visitar a un amigo, secretario privado del presidente, pero negó todos los cargos. Atribuyó las publicaciones a filtraciones de oficiales que pretendían dañar a la institución: “Me pregunto si no tendrán nada que ver con esos intentos de formar una Guardia Nacional”, una idea que surgió durante la presidencia de Lacalle. Ferro aventuró que “hay integrantes del Ejército, o de las Fuerzas Armadas, que están sacando información para afuera” y confesó que se sintió “hostigado con rumores todo el año”, y particularmente sobre un supuesto problema con el contralmirante Óscar Otero, director general de Dgid. “El almirante me preguntó –declaró Ferro– si yo estaba haciendo enganches telefónicos, y pese a que yo decía que no, él no estaba convencido porque el ministro (de Defensa, Raúl Iturria, del Partido Nacional) le dijo que yo estaba haciendo eso. El señor ministro también le dijo al contralmirante Otero que yo no tenía el respaldo del Ejército, y que por eso me quería sacar.” Ferro dramatizó: “Yo puedo salir con un plomo en el pecho, pero el Ejército sale destrozado”.

documentos

Legajo personal de Ferro

El coronel Ferro atribuyó el hostigamiento, los rumores y las publicaciones de prensa a “celos profesionales” de oficiales de inteligencia. Finalmente aceptó nombrar a los “celosos”: el coronel Tomás Casella y el coronel Carlos Silva. A Casella le adjudicó una frase premonitoria según la cual “Ferro no sabe lo que le espera a fin de año”; y la enemistad surgía de las aspiraciones de Casella, por entonces jefe de la Compañía de Contrainformación, a ser jefe del Departamento III de la Dgid. En el caso de Silva, los desencuentros tenían larga data, de la época en que eran cadetes y Ferro lo “miliqueaba” cuando Silva hablaba por teléfono con su novia; en una ocasión discutieron a puñetazo limpio, cuando Ferro era jefe del Departamento III (Operaciones) y Silva, jefe del Departamento II (Exterior). Tanto Casella como Silva pretendían, según Ferro, averiguar detalles del trabajo de inteligencia que supervisaba Ferro.

Durante su comparecencia como testigo en el tribunal, el coronel Silva no desmintió tajantemente las acusaciones de celos profesionales. Con un trasfondo de simpatías encontradas (Ferro: “dicen que yo admiro a los americanos y que Silva los odia”), el actual presidente del Centro Militar explicó: “durante los cinco años que estuve en el servicio como jefe de Exterior, en esos cinco años yo manejo todos los servicios extranjeros. Menos, no sé por qué razón, los servicios de un determinado país. Cosa que siempre me llamó la atención y siempre me molestó. No sé si es un celo o si es un querer asumir todas las funciones; eso sí me molestó”.

Finalmente el tribunal consideró que no había menoscabo para el honor del coronel Ferro; pero le aplicó una sanción de arresto a rigor, y otra similar al coronel Silva, por sus peleas callejeras. Sobre el trasfondo, las contradicciones entre oficiales de inteligencia que integraban logias enfrentadas entre sí, alimentadas por opciones políticas, y el grado de antagonismo que se había expresado en atentados con explosivos, los generales no emitieron opinión.

  1. Véase especial Infiltrados, publicado por Brecha el 17-II-17.

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Atentados 1991-1993
Apuntalados

El expediente militar con las actuaciones del Tribunal Especial de Honor que analizó la conducta del coronel Eduardo Ferro –15 actas de las reuniones realizadas entre el 15 de enero y el 15 de marzo de 1996– incluye al final dos fojas, números 50 y 51, que constituyen un revelador documento. Sin fecha y sin firma, las dos hojas mecanografiadas comprenden el texto de una “carta abierta a la ciudadanía” de un “grupo de coroneles retirados, ex miembros de los servicios de inteligencia militar que, reunidos en forma extraordinaria y urgente, decidimos por amplia mayoría dar a conocer ciertos sucesos aun no aclarados, y para que el señor presidente elimine a los corruptos de los cuadros militares y vuelva a componer la verticalidad en el mando, hoy profundamente resquebrajada”.

El documento atribuye a la logia Comando Lavalleja la autoría de la mayoría de los atentados con bomba y ametrallamientos ocurridos entre enero de 1991 y diciembre de 1993. Afirma que el primer atentado al diputado Hugo Cores (cuyo vehículo voló por los aires tras una potente explosión) fue realizado por el capitán Grasso, y el segundo, por el capitán Silva. Atribuye a los capitanes Silva, Felici y Milas el fallido atentado contra el contralmirante James Coates, al ser desactivada una poderosa bomba en su casa de veraneo en Piriápolis. El atentado con bomba que estalló en el frente del estudio jurídico de Julio María Sanguinetti (y que los coroneles anónimos afirman que estaba destinado al legislador colorado Edison Rijo) es atribuido al capitán Berterreche. Los capitanes Grasso y Acosta serían los responsables de la explosión en la vía férrea cerca de Minas, que detonó el 1 de mayo de 1992. El asesinato de la estudiante de odontología Claudia Pouso –que vivía frente al chalet del capitán Radaelli en Las Toscas, de donde huyó el bioquímico Eugenio Berríos– y que fue presentado como un “suicidio”, es atribuido “con un escaso margen de error” al capitán Felici; y el atentado al empresario Walter Zeinal es atribuido al mayor Méndez.
Tratándose de un anónimo es imposible acreditar veracidad a la carta abierta. Pero hay que tener en cuenta que ese documento aparece en el expediente del Tribunal de Honor integrado por los generales Fernán Amado, Aurelio Abilleira y Yamandú Sequeira, y en el legajo personal del coronel Ferro, ambos documentos oficiales.

O bien los generales incorporaron el escrito a las actas del tribunal sin explicar las razones, o bien su aparición en el expediente y en el legajo es producto de un operativo de inteligencia.

Blixen en la investigadora parlamentaria
Por su propio peso

Luego del receso, la investigadora sobre espionaje militar en democracia volvió a caminar. En su tercera sesión, el lunes 20, el periodista de Brecha Samuel Blixen presentó parte de la documentación que utilizó en sus artículos de investigación, en los que se constata el desarrollo de un espionaje militar en democracia con criterios similares a la dictadura, por lo menos hasta 2009. El periodista explicó a los legisladores que los militares realizaron allanamientos, escuchas clandestinas, seguimientos y chantajes, y que esto se evidencia en la información oficial que está disponible hace diez años en el denominado “archivo Berrutti”.

El diputado del Pvp, Luis Puig, afirmó a título personal que “está plenamente demostrada la existencia de espionaje militar y policial en democracia” pero que a la comisión “le falta un largo camino por recorrer antes de laudar su trabajo”. Por su parte, Carlos Rodríguez, diputado del Mpp –sector que puso resistencias para la conformación de esta investigadora– manifestó a Brecha que “esas son apreciaciones” y que si bien “en la previa todo el mundo estaba en conocimiento de la existencia de algún tipo de espionaje”, ahora hay que dilucidar “si los mandos del Ejército, los ministros de Defensa y del Interior, o incluso los presidentes estaban en conocimiento”. Esta inquietud fue planteada el lunes a Blixen, quien explicó que las órdenes para cuestiones ilegales habitualmente no suelen darse por escrito y que, justamente, lo que debería investigarse es el grado de autonomía militar.

El martes el ex ministro de Defensa Yamandú Fau deslindó, en una entrevista con El Espectador, toda responsabilidad sobre las infiltraciones clandestinas y aseguró que era “una tarea que se hacía en forma paralela a la estructura institucional”.

El colorado fue titular de esa cartera mientras Elmar Castiglioni –en cuyo domicilio fue incautado el archivo que demuestra el espionaje– revistaba en el servicio de información de Defensa. Fau aseguró que incluso durante su gestión el entonces coronel siempre negó la existencia de documentación relacionada con el pasado reciente.
La próxima audiencia de la comisión contará con la presencia de integrantes de Agesic: los legisladores quieren saber hasta qué punto la información que manejan debe hacerse pública o es preferible mantenerla en reserva.

Mariana Cianelli

Uruguay, ¿Vuelve el terrorismo?

Publicado el 19 Marzo 2017 Escrito por Eduardo Contreras – EL CLARÌN DE CHILE
Preocupación internacional y amplia solidaridad ha despertado la noticia hace pocos días revelada y que da cuenta que en Montevideo, Uruguay, un grupo de 13 abogados, fiscales, defensores de derechos humanos, académicos e investigadores de los crímenes de la dictadura instaurada en ese país en 1973, ha sido objeto de peligrosas amenazas e intimidaciones como consecuencia de su trabajo en favor del derecho del pueblo uruguayo a conocer la verdad respecto de los delitos de lesa humanidad, resguardar la memoria, y exigir que de una vez por todas se haga justicia y se condene a los culpables.
En ese contexto sucedió que el pasado 28 de enero un comando secreto autodenominado “Comando General Pedro Barneix” amenazó de muerte a estos defensores de derechos humanos a través de una comunicación electrónica en la que agregaban que serían todavía más las personas que ejecutarían si no cesaban en su labor.
Entre los amenazados de muerte figuran importantes personalidades conocidas y reconocidas también en Chile, como la ex vicecanciller de su país y ex funcionaria de ACNUR, nuestra querida Belela Herrera que tantas vidas salvó en Chile cuando la dictadura y que el 2015 fue objeto de especial reconocimiento por el gobierno chileno, o la investigadora italiana Francesca Lessa cuyo trabajo en la develación de los brutales crímenes de la llamada “Operación Cóndor” le ha valido el justo reconocimiento internacional. Figura incluso el propio actual Ministro de Defensa José Menéndez, el juez francés Louis Joinet, la directora del Instituto de DDHH Mirta Guianze y los abogados Hebe Martínez y Oscar López. La lista es más larga. A todos les conocí y aprecié su labor en mi breve desempeño en Uruguay.
Para informar al lector respecto del nombre del Comando  terrorista, el general retirado, Pedro Barneix  fue un hombre de confianza del presidente Vázquez durante su primer mandato en 2005 por consejo del entonces  comandante en jefe del ejército uruguayo Angel Bertolotti.  Años más tarde y encontrándose ya en retiro fue procesado por la jueza Beatriz Larrieux por el crimen del militante de izquierda Aldo Perrini, muerto en una unidad militar en 1974. El año 2015, cuando la policía fue a buscarlo para que cumpliera su condena, Barneix, mostrando su cobardía, se suicidó.
Cuando esto sucedió, la Suprema Corte de Justicia había rechazado días atrás el recurso que interpuso la defensa del general.
Ironías del destino, o jugadas de los servicios de  inteligencia, pero lo concreto es que, mal aconsejado, el presidente Vásquez en su primera gestión había designado a Barneix  para integrar una comisión de investigación para recolectar información sobre el destino de los detenidos desaparecidos.  Por supuesto aquello no funcionó. Entre otros ejemplos se recuerda que esos generales le señalaron al presidente lo que presuntamente era la tumba de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, lo cual luego no se confirmó. Era falso y dicha comisión fue denunciada por los organismos de derechos humanos.
Uruguay es uno de los países del continente donde hubo de aquellas dictaduras impuestas entre los años 60 y 70 del siglo pasado por EEUU en el contexto de la llamada “guerra fría” que mantiene un bajo nivel de avance en materia de procesos y condenas por delitos de lesa humanidad. Un ejemplo histórico que da cuenta de ello es que cuando la jueza Mariana Mota –  a quien conocemos y que ha estado en nuestro país ofreciendo conferencias en universidades –  dictó la histórica sentencia condenatoria en contra del dictador José María Bordaberry con fecha 9 de febrero de 2010, poco después fue removida de su cargo y destinada sólo a la justicia civil. Increíble, pero cierto.
Hasta la fecha más de un centenar de personalidades y organizaciones académicas, políticas y sociales han denunciado el resurgimiento de acciones terroristas en Uruguay y exigen medidas concretas al gobierno que, dicen, hasta ahora no ha reaccionado como era de esperar. El llamado público dice en parte : “Es absolutamente inaceptable y en todo sentido repudiable que defensores de los derechos humanos y académicos, tanto uruguayos como extranjeros, sean sometidos a amenazas de esta índole, provenientes de individuos y organizaciones más o menos ocultas que persisten, aún hoy, en defender el terrorismo de Estado, empleando métodos que procuran intimidar a quienes buscan la dilucidación de sus mecanismos y sus responsables.” Y agrega luego : “ Exigimos que el Estado uruguayo, a través de sus representantes, exprese su más firme condena ante estas nuevas amenazas, que los poderes competentes las investiguen seria y efectivamente para dar con sus responsables, y que se aplique la ley, como corresponde en un Estado de derecho, ya que de acuerdo a la legislación uruguaya la amenaza constituye un delito.
Vivimos en carne propia estas amenazas y acciones concretas  en Chile ; en julio del 2000, como se recordará, en un contexto de amenazas contra un conjunto de abogados de derechos humanos, a la espera de los alegatos por el desafuero de Pinochet, sufrimos el atentado que causó  grave e irreparable daño físico a mi compañera. Bien entendemos la gravedad de lo que  sucede en Uruguay y con fuerza llamamos a preocuparnos.
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