NOTICIAS URUGUAYAS 1 OCTUBRE 2018

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URUGUAY

Con el diputado Gerardo Núñez: “Se comprobó el espionaje”

La corroboración de que en democracia existió espionaje a organizaciones sociales, partidos políticos y personas vinculadas a los reclamos por los derechos humanos pone de nuevo sobre la mesa la palabra “impunidad”. Los miles de archivos a los que tuvo acceso la comisión parlamentaria que investiga estos hechos dan cuenta de la magnitud de los acontecimientos y de cómo políticos, militares y civiles eran partícipes directos en estas prácticas ilegales.
29 septiembre, 2018 – CARAS Y CARETAS
Por Matías Matta
En entrevista con Caras y Caretas, el presidente de la comisión investigadora sobre espionaje en democracia, Gerardo Núñez, relató cuáles fueron algunos de los resultados que arrojaron dichas investigaciones.
Algunos días atrás se conocieron los resultados de la comisión que investiga el espionaje en democracia. ¿Cómo está conformada dicha comisión?
La comisión esta conformada por integrantes del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio, del Partido Independiente y de Unidad Popular, básicamente el diputado Rubio, el diputado Posadas, Viera, Amarilla, Puig como miembro denunciante, Darci de los Santos, Felipe Carballo, Gallo, Carapa Rodríguez y yo.
¿En qué período pudo corroborar la comisión que existió espionaje?
Los años comprobados son de 1985 hasta el año 2003 o mejor dicho hasta el año 2005, que es hasta donde va el “archivo Berrutti”; o sea, el archivo Berrutti es un archivo que esta microfilmado hasta el año 2005, pero que tiene en su interior materiales, que son las microfilmaciones, de archivos que refieren al año 2003, finales de ese año. Sería la comprobación de la comisión investigadora respecto al archivo Berrutti, pero también es cierto que, por ejemplo, ha habido exposiciones en la comisión investigadora sobre el “archivo Castiglioni”, que aseguran que ese archivo iría hasta el año 2015. Aún no hemos podido acceder a este último archivo en función de que la Justicia nos negó el acceso y esto no quiere decir que todo lo que se produjo hasta 2015 sea espionaje ilegal, pero sí está claro que el archivo que tenía en su poder el coronel Castiglioni va hasta el año 2015.
¿Cuáles fueron las principales organizaciones contra las cuales se dirigían dichas prácticas y quiénes las llevaban adelante?
Las principales organizaciones fueron los partidos políticos de izquierda; hay que recordar que el espionaje ilegal estuvo focalizado sobre los partidos políticos en general y el movimiento social, pero particularmente el movimiento popular. Es decir, las organizaciones de izquierda, tanto su organización partidaria como la base social, la pata social: el movimiento estudiantil, el movimiento sindical, el movimiento obrero en general, el movimiento cooperativo. En el caso de los partidos de izquierda, hubo tres que fueron las principales víctimas: el Partido Comunista, el MLN y el PVP. También hubo espionaje sobre el Partido Socialista y esto da cuenta de una radiografía que hacía permanentemente la inteligencia militar y policial sobre las estructuras frenteamplistas.
¿Se pudo corroborar qué autoridades eran las responsables de que esto sucediera?
Sí, yo creo que claramente las direcciones de inteligencia dependientes del Ministerio de Defensa son justamente direcciones cuyos responsables son nombrados por el Poder Ejecutivo. O sea, los directores, primero de la DGID (Dirección General de Información de Defensa) y después de la Dinacie (Dirección Nacional de Inteligencia del Estado) fueron nombres que eran resueltos por el Poder Ejecutivo, por el presidente y por el ministro de Defensa. O sea que ese es el primer nivel de responsabilidad porque el espionaje se comprobó que fue institucional, no fue la labor de tres o cuatro agentes que se quedaron con un enfoque del pasado, sino  que fue producto de una planificación de las direcciones de inteligencia. Esas direcciones de inteligencia dependían de la jerarquía del Ministerio de Defensa. De hecho, los documentos que tenemos, muchos de ellos, cuentan con el sello del Ministerio de Defensa, o sea que ahí esta la responsabilidad institucional, los directores de las agencias y, por otro lado, los responsables políticos de dichas agencias, es decir, el Ministro de Defensa y el presidente.
¿Quiénes tenían la posibilidad de dar órdenes para que esto sucediera? Es decir, ¿se pudo corroborar de donde partían las ordenes?
Sí. Acá tuvimos una parte de las órdenes, al menos de 1985 en adelante, que fueron dadas por el comandante del Ejército en ese entonces, el teniente general Hugo Medina, en un plan de inteligencia que se conoció en el año 1986, pero se había olvidado ese plan, había pasado al olvido. Nosotros lo volvimos a traer al recuerdo, allí están las directivas del trabajo de la inteligencia del Ejército. Ahí se dice y se da cuenta de la continuidad del espionaje que se había desarrollado con anterioridad en la dictadura y que luego se empieza a desarrollar en plena democracia sobre las mismas organizaciones que eran consideradas subversivas en la dictadura y que también eran consideradas subversivas en democracia. El volumen de información y la cantidad de archivos que hay en el archivo Berrutti da cuenta de que esto fue planificado por las direcciones de inteligencia, o sea, un volumen tan importante de información no se produce si no hay un plan de colección, usando términos de inteligencia. Eso formó parte de los planes de inteligencia. Claramente y, por tanto, estas órdenes fueron dadas desde las direcciones de inteligencia.
¿Qué autoridades pudo corroborar la comisión que tenían conocimiento de este espionaje?
Por lo menos el ministro Iturria fue uno de los ministros que tuvo claramente conocimiento de esto; la mayoría de los exministros de defensa que pasaron por la comisión investigadora negaron la existencia del espionaje, negaron que ellos hubieran ordenado ese espionaje y negaron tener conocimiento de acciones de espionaje. Sin embargo, cuando vino el capitán Erosa -que es un militar retirado que estuvo en el batallón Florida-, nos dijo con precisión que denunció las acciones de espionaje que se habían realizado en el batallón a partir del año 1990 al ministro Iturria. Ahí hay un claro elemento que nos da a entender que esto fue presentado y se hizo oídos sordos en ese entonces. Hay que destacar acá que el ministro le negó a la comisión investigadora esta situación, primero diciendo que no había pasado nada y, segundo, negándose a concurrir nuevamente a la comisión investigadora cuando fue citado después del testimonio de Erosa.
¿Cómo participaron los civiles en este espionaje?
La participación se daba sobre todo a través de las fuentes, los infiltrados que existían por parte de inteligencia militar en los partidos políticos y en las organizaciones sociales; estos no eran agentes directamente de las direcciones, es decir, no eran militares que estaban dentro de las organizaciones haciéndose pasar por otras personas, sino que estamos hablando de personas que, formando parte de las organizaciones, pasan a colaborar con las agencias de inteligencia. Ahí hay un claro papel desde la parte civil, que ellos llaman informantes, o sea, las personas que tenían un vínculo cotidiano con las agencias de inteligencia y que por esas tareas de pasar información recibían dinero.
¿Se pudo comprobar que el gobierno de Julio María Sanguinetti tenía conocimiento del espionaje cuando el “voto verde” en 1989?
Lo que se pudo comprobar, de mi punto de vista, es que el gobierno de Sanguinetti ordenó espionaje en democracia al proceso de realización del voto verde, o sea, quisieron investigar y conocer de cerca cómo se desarrollaba esta instancia, infiltraron partidos políticos y organizaciones sociales desde el momento que se sabe que empieza la recolección de firmas hasta el día que se vota el plebiscito; estamos hablando de dos años y pico, casi tres, de continuidad en infiltración. Y esto lo sabemos porque Máximo Costa Rocha, director de inteligencia policial, es el que nos dice en la comisión, cuando se le pregunta por qué inteligencia policial estuvo investigando el voto verde, que eso era de interés del gobierno. Ellos desarrollaron esa investigación porque era de interés del gobierno, y en inteligencia, cuando hay un interés del gobierno, eso significa que es un objetivo de trabajo de inteligencia y por lo tanto, claramente, desde nuestro punto de vista, hubo una actitud promovida por parte del gobierno para realizar el espionaje.
¿Existe alguna información que indique que el gobierno de Luis Alberto Lacalle tenía conocimiento de este espionaje?
Creo que sí porque, por ejemplo, hay varios casos: el caso de Erosa se da a partir del año 1990. Erosa comienza a denunciar este tipo de situaciones a las autoridades partir de esta fecha e Iturria fue ministro del Interior del Gobierno de Lacalle, y en 1995 fue designado ministro de Defensa Nacional en el gobierno de Sanguinetti. Claramente sabían que esto se estaba desarrollando porque existían denuncias públicas de que esto se venía haciendo; existían investigaciones en los entes del Estado, por ejemplo en Antel, escuchas telefónicas que se habían hecho en dictadura. Existía la denuncia de Juan Raúl Ferreira, que hizo al ministro Medina en aquel entonces, antes del gobierno de Lacalle, de que el creía que había seguimientos y formas de persecución que intentaban presionarlo, por decirlo de alguna manera. Si sabía el ministro de defensa de Sanguinetti, tendría que haber informado a quien luego lo relevó.
¿Existe alguna información que indique que el gobierno de Jorge Batlle tenía conocimiento de este espionaje?
No sé si tenía información de la existencia, lo que sí es cierto es que se desarrolló hasta esos momentos el espionaje; hay varios archivos que son de movilizaciones del Pit-Cnt, de movilizaciones de personas vinculadas a los derechos humanos. Informes, por ejemplo, de sanidad militar  del año 2001 sobre las personas que estaban trabajando en el Hospital Militar en ese año y habían participado en el voto verde en año 1989. Se pedía información sobre tal persona y al lado de la situación de la persona aparecía si había participado en el voto verde en el año 1989.
¿Existe alguna información que indique que el Frente Amplio tenía conocimiento de este espionaje?
No, yo creo que el Frente Amplio tenía la duda. Muchos compañeros y compañeras teníamos la duda de que esto existía por razones básicas de funcionamiento, de saber que los servicios de inteligencia no abandonan determinadas prácticas, sino que las continuaban haciendo. Y hoy eso al mismo tiempo nos tiene que servir para pensar si sigue existiendo o en qué nivel sigue existiendo. Porque se desenvolvieron en algunos casos con autonomía, en otros casos con la anuencia de los gobiernos, pero no habría que dejar de prestar atención a ese tipo de cosas porque si sucedió, puede suceder. Yo hoy no tengo elementos para negar la existencia ni tampoco para afirmarla, pero me permito la duda.
¿Es verdad que existía una lista de nombres de agentes de la inteligencia de Uruguay que recibían un sueldo de la CIA a través de la embajada de EEUU?
Sí, allí lo que existe es un documento que dice “funcionamiento de la CIA en Uruguay” y básicamente lo que expresa el agente es que recibía sobres que venían de la CIA y que eran distribuidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior. Pero, además,  después hay un testimonio que es muy reciente, del año 2005, de un director de inteligencia policial, Sídney Ribeiro, que expresa que en inteligencia policial, previo a que el asumiera la dirección, o sea previo al año 2005, existía el rumor de que la Embajada de EEUU pagaba a informantes en la Policía. Eso, en términos históricos, es ayer.
¿Cuáles son las diferencias que existen entre las políticas aplicadas por el Frente Amplio y los gobiernos anteriores con respecto a este tema?
Las diferencias son muy notorias. Cuando este gobierno asumió, cambio la pisada y no fue por casualidad que en el año 2006 se encontrara este archivo por parte de quien fuera la ministra en aquel entonces de Defensa Nacional, la doctora Azucena Berrutti, y que desde entonces se intentara cambiar la lógica de funcionamiento del Ministerio de Defensa. Azucena lo decía en la comisión: antes de que ella llegara, el ministro de Defensa era el comandante del Ejército, esa era la impresión que ella tenía de cómo funcionaba el Ministerio de Defensa antes de que ella fuera ministra. Incluso ella expresaba que en ocasiones la llamaban no diciéndole lo que tenía que hacer, pero sugiriéndole cosas, y ella se paró muy firme ante eso. Otro ejemplo es que la Dirección de Secretaría del Ministerio de Defensa, que es la responsabilidad más importante después del ministro y del viceministro, desde 1985 hasta 2005 fue ocupada por coroneles, o sea, eran militares directamente encargados de esa área. Y esto se cambió con el Frente Amplio, obviamente que costó y generó dificultades, pero fue un cambio bien importante y en este último tiempo el Frente discutió y elaboró un proyecto para regular los servicios de inteligencia que estará en discusión en la Cámara de Diputados. Este proyecto establece un marco más apropiado de cómo debe funcionar la inteligencia en nuestro país, de qué puede hacer y no puede hacer y cómo eso tiene que estar coordinado en una lógica de Estado, en una lógica de inteligencia estratégica. Es decir, abocada a la construcción de elementos para el desarrollo del país.

Eligen delegados sociales para la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria

El grupo de trabajo tendrá nueve integrantes y será presidido por Mariana Mota.

Hoy serán elegidos los dos delegados de organizaciones sociales “destacadas en la lucha por la memoria y los derechos humanos” que formarán parte de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, creada por la Ley 19.641 para dar cumplimiento a lo establecido por esa norma, que tiene por objeto “la declaración y creación de sitios de memoria histórica del pasado reciente de la República Oriental del Uruguay”. La comisión dependerá de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y estará integrada además por Mariana Mota, que la presidirá como representante de ese organismo; Nicolás Pons, en nombre del Ministerio de Educación y Cultura; Gerardo Caetano, delegado de la Universidad de la República; Verónica Mazza, por la Administración Nacional de Educación Pública; y tres delegados de la Red Nacional de Sitios de la Memoria que aún no han sido nombrados. Todos permanecerán cinco años en los cargos. Ayer, la asociación de ex presos políticos Crysol informó que presentará su candidatura para integrar la comisión y que va a proponer a Ivonne Klinger como titular y a Baldemar Taroco como suplente alterno. También se presentaría un candidato proveniente de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Mota dijo a la diaria que hicieron la convocatoria porque la ley mandata a la INDDHH a organizar “una especie de encuentro o de asamblea para que en forma presencial se elijan los delegados”, pero que “los van a elegir las organizaciones”. Consultada acerca del mecanismo de la elección, la integrante del directorio de la INDDHH explicó que eso se va a decidir al comienzo de la asamblea de hoy, y que corresponde hacerlo a las organizaciones que se presenten. “Nosotros consideramos que no tenemos que intervenir en eso porque no lo dice la ley”, agregó.
Finalmente, sobre los delegados de la Red Nacional de Sitios de la Memoria, Mota dijo que serán elegidos después de que se conforme propiamente esa red, ya que lo que existe actualmente “es la Red pro sitios”, integrada por “organizaciones y personas en forma individual, una cosa muy variada”. “La ley establece la creación de la Red Nacional de Sitios, que es un organismo diferente con cometidos específicos, por lo cual ya hicimos una reunión con la Red pro sitios, y ellos vieron la necesidad de conformarse como red nacional única. Se está en ese proceso”, concluyó.

Perciballe explicó cierre de causa en Neptunia, intervenciones en Rocha y confirmó investigaciones en curso

Ricardo Perciballe, fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, explicó a Caras y Caretas Portal la razón por la que se cerró la causa en Neptunia y se abrió la excavación en el predio de Rocha; también confirmó investigaciones en curso.

Por Isabel Prieto Fernández 27 septiembre, 2018 CARAS Y CARETAS

El fiscal Ricardo Perciballe está al frente de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad. Caras y Caretas le consultó por dos acciones relativas a su área: el cierre de las excavaciones en Neptunia y la apertura de excavaciones en un predio en el departamento de Rocha, en búsqueda de los restos de Olivar Silva, un pescador desaparecido en 1974 y que testimonios indican que puede estar enterrado bajo la piscina del hotel Santa Teresa.

Respecto a este caso, Perciballe explicó que “es una causa que se inició el año pasado, por lo tanto está bajo el código viejo, por lo que el proceso en ese caso corresponde a la jueza del Chuy. Como fiscal estoy al tanto y estuve a favor de la intervención, pero es distinta, porque se comparte con la justicia del Chuy”, sostuvo.

Consultado sobre si la pista se considera firme, el fiscal precisó: “Bueno ‘firme’ en estos casos es difícil porque siempre son relatos fragmentarios que hay que unirlos con otras cosas. Siempre decimos que las posibilidades son bajas, pero se hacen las intervenciones para despejar las dudas que existen desde hace muchos años”, dice y explica que el predio es privado, pero que hay testimonio de que los dueños de aquel momento podían tener vinculación con los militares, “pero son todos dichos sin ningún cotejo contundente”, remata.

Sobre el caso del cierre de las excavaciones en Neptunia, Perciballe dijo que se tomó esa decisión porque no se encontraron indicios de nada: “Eso era sólo en ese predio. Después quedaron dudas en otro lugar y se hizo la intervención. Se excavó a tres metros y en todo el perímetro que cabía la posibilidad de enterramientos, y no se encontró ni restos humanos ni de remoción de tierra”, indicó.

En relación a otros predios a ser excavados, Perciballe afirmó que “hay investigaciones en curso que son reservadas de momento y se está a la espera del informe de los técnicos argentinos sobre las del Batallón 14”, concluyó.

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