Noticias Uruguayas 1 enero 2021

URUGUAY: Intersocial lanzó campaña pro referéndum sobre LUC // Lust propone que Lacalle use “medidas prontas de seguridad” // Semblanza de Ricardo Zabalza por Jorge Zabalza

Entrevista a Naomi Klein: Cómo reconstruir sobre los escombros del liberalismo // Noam Chomsky y el coronavirus: «Otra falla masiva y colosal de la versión neoliberal del capitalismo» // Asesores temen que Trump use el Ejército para cambiar resultados de elecciones presidenciales // «Fueron las elecciones de un país del tercer mundo»: Trump // Trump insiste en la necesidad de designar un fiscal especial que investigue el fraude en las elecciones // Donald Trump indultó a políticos corruptos y a los autores de una masacre en Irak // Trump termina, arranca el trumpismo // Adolescente latina le plantó cara a Trump para proteger de la deportación a más de 300.000 migrantes // EE.UU.: Sanders emplaza a Demócratas // Biden prepara el asalto a América Latina // URUGUAY: Intersocial lanzó campaña pro referéndum sobre LUC // Lust propone que Lacalle use “medidas prontas de seguridad” // Semblanza de Ricardo Zabalza por Jorge Zabalza

 

URUGUAY

Intersocial lanzó campaña pro referéndum para derogar más de 130 artículos de la ley de urgencia

«Estamos convencidos que tenemos la cantidad de militantes suficientes, los compañeros con ganas de hacer la tarea y el compromiso para alcanzar las 700.000 firmas en junio del año que viene», sostuvo Pereira.

Fecha de publicación Dic 30, 2020 – LA REPÚBLICA uy
Foto: Gastón Britos / FocoUy

Se llevó a cabo este martes en la sede central del PIT-CNT el lanzamiento de la campaña nacional pro referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

La logística y estrategia de esta campaña está a cargo de la Comisión Nacional Pro Referéndum, que se conforma por la Intersocial, la que integran decenas de organizaciones sociales, entre las que se destacan la central obrera, Fucvam y la FEUU, y que además tienen el apoyo del Frente Amplio. Si bien ya hay varias organizaciones que apoyan, las que deseen sumarse, aún están a tiempo, recordaron desde la Intersocial a LA REPÚBLICA.

«Hemos distribuido 400.000 papeletas a lo largo y ancho de todo el país», dijo el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira en el marco del lanzamiento, y agregó que «estamos convencidos que tenemos la cantidad de militantes suficientes, los compañeros con ganas de hacer la tarea y el compromiso de la distribución para alcanzar las 700.000 firmas un día de junio del año que viene».

El dirigente sindical fue más allá al remarcar que «si el partido del gobierno sostiene que sus ideas son lo suficientemente fuertes estamos dispuestos al debate, porque creemos que la ley es de muy mala calidad democrática» y enfatizó que «así como está ni el PIT-CNT ni el resto de las organizaciones sociales que lo acompañan ni el Frente Amplio están dispuestos a tolerarlo sin generar la resistencia adecuada».

Otro de los asistentes a esta ceremonia fue Rafael Michelini, secretario político del FA, el que aseveró que «se está poniendo de manifiesto la protesta como lo hacen los uruguayos, firmando» y sostuvo que «la LUC fue un atropello y frente a un atropello el pueblo uruguayo se manifiesta firmando».

Las organizaciones

PIT-CNT, Fucvam, FEUU, Intersocial Feminista, Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (Adasu), InterSocial Salto, Red Pro Cuidados, Intersocial Carmelo, Intersocial Rivera, Más Igualdad, Intersocial Soriano, Mercado Popular de Subsistencia, Social al Sur, Corriente Sindical Clasista, Crysol, Rebeldía Organizada, Coordinadora Popular y Solidaria «Ollas por Vida Digna», Redes Amigos de la Tierra, Organizados contra la LUC, Ajupen Suntma, Intersocial Costa de Oro, Serpaj, Intersocial Artigas, Intersocial Salto, Intersocial Paysandú, Intersocial Tacuarembó, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.


Caras y Caretas

INDDHH

«No puede admitirse la detención de personas si no existe in fraganti delito»

En la jornada de ayer viernes 18 de diciembre mientras el parlamento votaba el proyecto de ley para reglamentar el artículo 38 de la Constitución, el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos emitía una declaración, advirtiendo de los alcances de actuación que debería tener dicha reglamentación.

INDDHH Serpaj respalda a la Institución Nacional de Derechos Humanos

19 diciembre, 2020CARAS Y CARETAS

Luego de una breve interpretación del Artículo 38 a reglamentar, la INDDHH enumera una serie de situaciones que la actuación del Estado debería tomar en cuenta para no violar los derechos constitucionales y humanos.

«El artículo 38 de la Constitución Nacional garantiza el derecho de reunión pacífica y sin armas, previendo que su ejercicio no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden público. Los instrumentos internacionales ratificados por Uruguay también reconocen el derecho de reunión pacifica. El ejercicio de este derecho puede, sin embargo, ser limitado por ley y sólo por razones como la protección de la salud o los derechos de los demás.

Ante el crecimiento exponencial de casos positivos de coronavirus en nuestro país y el riesgo de saturación del sistema de salud, el Poder Ejecutivo ha anunciado el envío al Parlamento de un anteproyecto de Ley para reglamentar el derecho de reunión pacífica. El proyecto otorgaría a las autoridades públicas la potestad de disolver reuniones que amenacen la salud pública.

La INDDHH considera acertada la iniciativa del Poder Ejecutivo de enviar una propuesta de reglamentación al Poder Legislativo dado que el ejercicio del derecho de reunión admite restricciones por razones específicas como las mencionadas, siempre que estén dispuestas por ley.

Salvada esta garantía de reserva legal y ajuste de las restricciones a una razón de interés general como lo es la salud pública, la INDDHH considera oportuno recordar, desde un enfoque de Derechos Humanos, los principios que deben regir las limitaciones legales al ejercicio de los derechos humanos:

  1. Toda limitación al ejercicio de un derecho y como es, en este caso, la prohibición o limitación de determinado tipo de reuniones, debe considerarse como una medida de último recurso. Se debe demostrar que esas reuniones constituyen un riesgo claro para la salud de la población. 
  2. Las disposiciones legales deben ser precisas y concretas en sus definiciones como para permitir que los miembros de la sociedad decidan de manera libre e informada sobre la mejor manera de regular su conducta.  Se deben evitar las ambigüedades en las definiciones; por ejemplo es importante dar contenidos precisos a la expresión “aglomeración que amenaza la salud” de la población.
  3. La Ley debe prever que toda actuación de un agente estatal tendiente a su aplicación, deba realizarse estrictamente bajo los términos por ella establecidos, privilegiando siempre las acciones preventivas y disuasorias frente a las represivas. La INDDHH se pronunció sobre las limitaciones a los derechos de reunión y circulación en 2017, al comentar sobre el Decreto No. 76/2017 sobre el derecho de libre circulación en calles, caminos o carreteras. En la ocasión la INDDHH instó al gobierno de la época a “adecuar el marco jurídico (…) dando cumplimiento a las normas del Derecho de los Derechos Humanos en el momento de disponer (…) restricciones a las libertades de expresión y reunión pacíficas”.
  4. Las limitaciones establecidas por la Ley deben ser razonables y proporcionales al peligro que se desea evitar. Se debe asegurar en todo momento que exista una adecuación entre el fin buscado y los medios para lograrlo.
  5. La limitación del derecho de reunión no debe ser usada para justificar la restricción de otros derechos humanos, y particularmente no debe afectar la libertad de expresión, el derecho de asociación o el ejercicio pleno de todos los derechos civiles y políticos.
  6. Las medidas a adoptar deben ser estrictamente necesarias e idóneas. Esto quiere decir que los fundamentos de la ley deben demostrar que no existe otra forma justa y razonable de proteger la salud pública sin negar el ejercicio del derecho de reunión o limitándolo en menor medida. Se debe justificar que las medidas adoptadas sean las menos perturbadoras entre las que podrían permitir lograr la función protectora pertinente. En todos los casos debe existir una adecuada ponderación entre el costo de inhibir el ejercicio del derecho de reunión y la satisfacción del fin de protección de la salud pública buscado.
  7. La causal de la limitación siempre debe basarse en el riesgo que el derecho de reunión pacifica conlleva para la salud pública y nunca en las razones por la cual las personas se encuentran reunidas. En la adopción y puesta en práctica de las medidas que la ley establezca se debe evitar todo tipo de discriminación.
  8. En caso que la Ley faculte a la fuerza pública a disolver reuniones pacíficas, se le debe advertir la prohibición de adoptar medidas que apelen al uso de violencia para ese fin, así como la obligación de respetar las disposiciones constitucionales relativas a la privación de libertad de personas (arts. 15 y 16). En este sentido no puede admitirse la detención de personas si no existe in fraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, con orden escrita de Juez competente.
  9. Los recursos judiciales y garantías para la protección de los derechos humanos tales como el amparo y habeas corpus permanecerán en vigencia y no serán afectados por las restricciones impuestas al derecho de reunión pacífica.

Consejo Directivo


Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

Lust propone que Lacalle use “medidas prontas de seguridad” para resolver los problemas de convivencia

“Como hace 60 años un presidente autoritario abusó de ellas, hoy nadie las utiliza”, dijo el diputado de Cabildo Abierto.

Foto: Gastón Britos / FocoUy
Escrito por Redacción Última actualización Nov 3, 2020 – LA REPÚBLICA uy
Mientras hablaba de las medidas adoptadas por el gobierno durante la pandemia, el diputado cabildante Eduardo Lust mencionó las medidas prontas de seguridad, que en la memoria colectiva están asociadas a la última dictadura que vivió el Uruguay.“Toda la situación social hoy ocupa el espacio porque el problema se va a resolver cuando llegue la vacuna, que es lo que pasó siempre. ¿Cómo hacemos para la convivencia? Toda la verdad está en la constitución. Ahí se dice que, para situaciones de emergencia, el presidente tiene medidas de emergencia: medidas de pronta seguridad”, dijo en “Desayunos Informales”.

Consciente de que sus palabras no pasarían desapercibidas, sostuvo: “Como hace 60 años un presidente autoritario abusó de ellas, hoy nadie las utiliza. Son hipócritas. Hoy no hay fiestas clandestinas. Lo clandestino es lo que va contra la ley. El gobierno tiene una herramienta que le da la constitución. Aplica la constitución. Con las medidas de pronta seguridad no se aplican a delincuentes y se dictan una serie de reglas que le permiten tomar medidas de emergencia con respaldo legal. Hemos visto manifestaciones populares que son reprimidas. La prensa le da difusión. Hay un mundo de inestabilidad”.


 

Gobierno aprobó decreto que limita ocupar en lugares de trabajo

El Ministerio de Trabajo podrá intervenir y solicitar el desalojo al Ministerio del Interior, en lugares de trabajo públicos y privados.

Foto: Gastón Britos / FocoUy
Última actualización Oct 17, 2020 – LA REPÚBLICA uy

El Poder Ejecutivo aprobó el decreto que limita las ocupaciones en lugares de trabajo y que instrumenta lo establecido en el artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración (Luc): “El Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas, a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”.

De ahora en más el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) podrá intervenir en casos en que se realice la medida sindical y solicitar el desalojo al Ministerio del Interior. «Ocurrida una ocupación por parte de trabajadores de una dependencia pública, cualquiera sea la naturaleza jurídica de esta, o de una empresa o institución privada, el jerarca o empleador podrá solicitar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social su intervención», establece el primer artículo.

El artículo 2 dice que el MTSS «podrá convocar a una instancia de conciliación en plazo perentorio, sin perjuicio de intimar en cualquier momento, antes, durante o después de esa instancia, a la desocupación de forma inmediata, bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública». Si la ocupación continúa el Ministerio «solicitará al Ministerio del Interior el desalojo inmediato de los ocupantes», agrega.

Asimismo, el decreto del gobierno deroga uno del 2010 que hacía referencia a la desocupación de oficinas públicas. «Lo que hacemos es igualar la situación y actuar con todas las normas del Estado de Derecho pero tambien marcando los limites de las medidas gremiales», dijo Pablo Mieres en entrevista con Universal.

«Se hará en el entendido de que la ley de urgente consideración garantiza el derecho de huelga, pero también el derecho de trabajo de los no huelguistas y el derecho de ingresar al establecimiento a los dueños de las empresas», había dicho Mieres en conferencia de prensa.

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