No es odio, es política

Por Santi Ochoa

Breve análisis político del futuro cambio legislativo de los delitos de odio.

Por Santi Ochoa

El anterior gobierno del PP modificó en 2015 el Código Penal ampliando y endureciendo las penas por los delitos de odio que fomentan la violencia por motivos racistas, ideológicos, religiosos, etc., con penas de prisión de 1 a 4 años y se ven agravadas cuando se cometen por medio de Internet al ser accesible a un mayor número de personas. Estos delitos han aumentado a través de las redes sociales y tanto las víctimas como los autores son a menudo menores. Pero esta modificación no ha logrado clarificar y unificar estos delitos que siguen diseminados por el Código Penal.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado a España por una aplicación desproporcionada de estos delitos de odio. La última de estas resoluciones, marzo 2018, pide indemnizar a dos manifestantes independentistas que quemaron una foto de los Reyes por considerar que se trataba de “un lenguaje hostil y provocador hacia la monarquía, pero que no exhortaba al uso de la violencia ni constituían un discurso de odio”. Y en 2011 condenó igualmente al Tribunal Supremo por vulnerar la libertad de expresión del líder abertzale Arnaldo Otegi al que había condenado por llamar al Rey, jefe de los torturadores. El tribunal europeo considera que la libertad de expresión se extiende a informaciones que ofenden o molestan porque esto forma parte del pluralismo de una sociedad democrática.

En nov. 2018 el cómico Dani Mateo fue denunciado por un delito de odio y otro de ofensas a la bandera española, por limpiarse la nariz con una bandera de España en un programa de televisión. Sin embargo en 2017 la justicia española consideró que cuando en 2013 unos fascistas reventaron un acto en la librería Blanquerna de Madrid, tirando al suelo la bandera catalana del escenario, no se cometió ofensa o ultraje alguno a la bandera puesto que para ello había que “pisotearla, escupirla, quemarla, rasgarla o romper el mástil”. La Audiencia de Barcelona no aprecia delitos de odio e injurias a la Guardia Civil en los insultos recibidos durante una reciente manifestación y una Asociación de abogados independentistas llama a defender la justicia frente al fascismo, ya que consideran que se están poniendo en peligro las libertades fundamentales.

En breve la Fiscal General del Estado enviará una circular a los juzgados exhortando a que en los delitos de odio (art. 510 del Código Penal), las acusaciones se ciñan a lo establecido por el Tribunal de Estrasburgo que en varias sentencias ha condenado a España por una aplicación desproporcionada de este delito y que no se pidan penas de prisión cuando se cometa en Internet. Unidos Podemos ha propuesto recientemente en el Congreso una reforma del Código Penal con una aplicación más proporcionada, garantista y disuasoria de los delitos de odio, despenalizando las injurias a la Corona y las ofensas a los sentimientos religiosos. España es un estado autoritario que no permite la mínima crítica ni sátira y, ante el previsible avance del fascismo, se hacen más necesarios que nunca estos cambios legales porque estos supuestos delitos no es odio, es política.

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