[No a la privatización] Barcelona: Camisetas amarillas en el Registro Civil

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Siempre son engorrosos los trámites con la Administración. Lo aconsejable es coger cuanto antes el toro por los cuernos y hacer frente al desafío con paciencia. Con este espíritu positivo hay que franquear la puerta que da acceso al edificio del Registro Civil de Barcelona, sito en la plaça Duc de Medinaceli, 2.

Una vez bajo techo y como primera etapa toca encarar el detector de metales. “Uy, esto va a sonar por todos lados. Llevo una prótesis en una pierna”, informa entre risas una mujer de mediana edad. “No se preocupe”, responde el guardia de seguridad, que mantiene la mirada con ojos como platos en el monitor que hurga en bolsos y demás. Junto al segurata hay un Mosso d’Esquadra que juguetea distraído con el móvil.

Ahora, se tercia el mostrador de información. “Este es su número. Pase a esa sala y espere turno. Por cierto, estamos en plena campaña contra la ley del Gobierno que privatiza el Registro Civil a partir del 15 de julio. Si quiere apoyarnos ponga su nombre, DNI y firma en este documento. Se trata de una Iniciatica Legislativa Popular (ILP)”, informa la funcionaria.

Hecho.

A groso modo se diría que hay medio centenar de personas esperando acceder a una de las ocho ventanillas disponibles, pero hay indicios de que la tanda llegará antes de lo esperado. “¡Caray que velocidad!”, exclama satisfecha una pareja de chicas mientras se acercan a la número 2.

Entre el turno C-230 -el que marca el contador luminoso- y el C-258 -el obtenido en información- pasan quince minutos. “Aquí tiene el certificado”, anuncia la empleada de la ventanilla 5 que viste, como el resto de compañeros, una camiseta amarilla con una frase estampada bien visible: “No a la privatización del Registro Civil”. “¿Oiga, lo de privatizar qué supone?”, pregunta inquieto el ciudadano. “Entre otras cosas que tenga que pagar por los certificados”, responde ella.

El Gobierno de Madrid pretende que sean los registradores de la Propiedad y Mercantiles los que lleven a cabo el trabajo y “no lo van a hacer de forma gratuita”, pronostica Luís Martínez, delegado de CCOO, sindicato que promueve la ILP.

Martínez denuncia el “secretismo” con el que el Gobierno “está llevando este asunto”. “Por impulsos que nos han llegado de terceros algo habrá que pagar”, advierte. El sindicalista recuerda que el Registro Civil, que depende del Ministerio de Justicia, es una institución centenaria y que desde 1986 todas las actuaciones son gratuitas.

Reivindica la profesionalidad del centenar de funcionarios que trabajan en el de Barcelona y asegura que prescindir de su “experiencia” comportará una pérdida de “calidad” en el servicio. “No se olvide de que la privatización supone que datos de millones de ciudadanos pasen a manos de agentes privados.”

Para que la ILP llegue al Congreso, es necesario medio millón de firmas. En Barcelona, las recogen a buen ritmo. Por sus instalaciones pasan cada día unas 2.500 personas.

Entre la espera del turno y la charla con el representante de CCOO, la diligencia ha durado una media hora. Menos engorroso de lo esperado.

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