Nicaragua y Costa Rica en disputa no sólo por un río

La mano del imperio y gobiernos afines, atrás de conflicto de ticos y nicas

Las fronteras nacionales son cosa seria y frecuente motivo de conflictos entre los vecinos. Argentina conoce del tema porque tuvo tantas discusiones con Chile y en los últimos años –sin peligro bélico alguno- discutió con Uruguay por la pastera Botnia-UPM sobre el río compartido.

Noviembre trajo el recrudecimiento de la polémica entre Costa Rica y Nicaragua. Volvió a estallar cuando Nicaragua comenzó el dragado de su río San Juan, cuyas aguas y dos orillas le pertenecen, fronterizo con Costa Rica. La vía fluvial desemboca en el Mar Caribe, y los nicaragüenses (“nicas”) quieren limpiarlo para alimentar sus lagunas y ríos adyacentes, de menor importancia. Sería positivo que esas aguas tengan ese mejor destino, en vez de irse a morir al Caribe.

Costa Rica puso el grito en el cielo por ese plan, pese a no tener títulos sobre el río. Por un viejo acuerdo sólo pueden navegarlo sus embarcaciones comerciales, no así patrullas fronterizas ni policiales de ningún tipo (ese país no cuenta con Ejército propio desde 1948, aunque como ya se verá, aloja a 7.000 marines estadounidenses).

Los costarricenses (“ticos”) fueron a la OEA por considerarse víctimas de una “invasión militar” nicaragüense. Refutándolos, el gobierno de Daniel Ortega precisó que sus pocos hombres armados están en territorio propio, garantizando la seguridad de los obreros y técnicos que trabajan en el dragado.

Incluso una acérrima opositora a Ortega, la ex comandante sandinista Dora Téllez, declaró que “cinco soldados en un pantano no pueden ser catalogados como una invasión”, refutando al gobierno “tico” de Laura Chinchilla.

Del lado nicaragüense, quien dirige los trabajos de limpieza y dragado del río es el legendario “Comandante Cero”, Edén Pastora, quien se hizo conocido mundialmente durante la lucha contra la dictadura de Somoza al tomar el Palacio Legislativo y canjear los legisladores por presos políticos.

El gobierno de Chinchilla hizo que la Fiscalía de Pococí, en el noreste de su país, emitiera una orden de arresto contra Pastora. Su fiscal general Jorge Chavarría tramitará esa orden de detención ante la INTERPOL. Estas actitudes indicarían que Costa Rica quiere ponerse en víctima de “ex subversivos” y “ex guerrilleros”, para tener una mejor llegada a los países más derechosos representados en la OEA, comenzando por Washington.

El Fiscal General de Nicaragua, Julio Centeno, advirtió que la labor de limpiar el San Juan está siendo realizado en territorio nacional, por lo cual ese pedido de detención carece de fundamento jurídico.

OEA MUY PARCIAL

Ante la denuncia del gobierno con capital en San José, el asentado en Managua le ofreció una negociación bilateral. Pero Chinchilla prefirió llevar la discusión al plano regional y al seno de la OEA. Ella estima que la existencia allí de gobiernos afines, más el tutelaje de la cartera de Hillary Clinton y el rol sesgado de la secretaría general del chileno José Miguel Insulza, la van a favorecer.

Así fue. El viernes 12 una reunión del comité permanente del organismo regional, con 22 votos a favor, 7 abstenciones y el voto en contra de Venezuela, adoptó una resolución favorable a Costa Rica. Es que pidió la interrupción del dragado y el retiro de todas las fuerzas militares y policiales de la zona en cuestión.

Nicaragua estuvo ausente de la reunión porque creía que la desprestigiada OEA no era el ámbito para entender en el asunto. El jueves 18 la entidad realizó una nueva reunión sin los delegados de Managua; las tratativas para que hubiera una reunión de ambas partes con presencia internacional el 26 de noviembre y otra entre los dos presidentes al día siguiente, se esfumaron.

Un destino similar tendrá, al menos en lo que a Nicaragua respecta, la cita de cancilleres de la región fijada por Insulza para el 7 de diciembre próximo.

El 2 de noviembre el gobierno de Ortega informó que llevaría el diferendo a la Corte Internacional de Justicia que funciona en La Haya. Pero antes que Managua presentara su denuncia, se adelantó San José con una propia, el jueves 18, demandando al país vecino por “daños ambientales” y por “violar la soberanía nacional” al dragar el último trecho del río.

Carlos Arguello, el representante de los sandinistas ante la CIJ asentada en aquella ciudad holandesa, no se inmutó. Dijo alegrarse de que el conflicto de intereses llegara a una sede judicial y no a uno político como la OEA. Estaba confiado en que, mientras la demanda de Costa Rica “se limita a un litigio por un pequeño territorio de dos kilómetros cuadrados, que ese país denomina Isla Calero, nosotros vamos a plantear la recuperación total del río San Juan, sobre cientos de kilómetros”.

Parece muy sólido uno de los argumentos del comandante Ortega para no replegar sus tropas. Los soldados sandinistas –dice- están en territorio “nica” y no se alejarán de allí porque deben proteger a quienes realizan funciones de dragado, pero también por otra razón fundamental: si ellos se van ganaría ampliamente el narcotráfico, muy activo en la zona.

Esa afirmación, con denuncias contra varios gobiernos representados en la OEA, fue hecha en rueda de prensa el 14 de noviembre en Managua, donde insistió en que es mentira que sus hombres hayan invadido la isla Calero, de Costa Rica.

El imperio atrás

El sandinista denunció en esa ocasión a los gobiernos Costa Rica, Colombia, México, Honduras, Panamá y Guatemala. Su interpretación del pedido de retiro de soldados sandinistas de la zona en disputa fue que estos seis países están interesados en que los narcotraficantes operen allí libremente.

“No quieren que Nicaragua combata el narcotráfico. Esa es la conclusión que saco de esa resolución”, concluyó el mandatario. Sus principales dardos los dirigió contra la administración Santos, de Colombia, al que atribuyó la intención de apoderarse del mar Caribe, para lo cual tiene tropas en las islas y cayos de San Andrés, Roncador y Providencia.

Los gobiernos mencionados presentaron notas de protesta ante la cancillería de Nicaragua, asegurando que aquellas acusaciones eran injustas. Bogotá y el D.F. fueron los más indignados por ese señalamiento de Ortega.

Más allá de esas protestas de esas autoridades, objetivamente la denuncia del presidente nicaraguense tiene su razón de ser. Ortega no está diciendo que los presidentes Santos, Felipe Calderón, Porfirio Lobo, Ricardo Martinelli, Alvaro Colom y Chinchilla sean narcotraficantes. No. Lo que alerta es que el retiro de tropas sandinistas dejaría el terreno libre al narcotráfico, que como todos saben, es un lucrativo negocio de los carteles colombianos y mexicanos.

Los mencionados gobiernos, salvo el de Colom, son enemigos activos de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), que Nicaragua integra junto con Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, San Vicente y Granadinas, Antigua y Barbuda, y Dominica (Honduras fue retirada por los golpistas de 2009 y Porfirio Lobo).

Precisamente ese golpe de Estado en Tegucigalpa fue una agresión al ámbito de todo el ALBA y no sólo contra el presidente José Manuel Zelaya. Uno de los argumentos de los golpistas fue que cubanos, venezolanos y nicaragüenses estaban “operando” en Honduras.

El conflicto por el dragado del río San Juan es real y concreto. Pero si ese diferendo se ha politizado tanto y si se hostiga tanto a Nicaragua, es porque Estados Unidos y los países denunciados por Ortega tienen interés político en desestabilizar al sandinismo y por ende al ALBA. Ayer fue Zelaya y hoy parece ser Ortega el blanco de un plan antidemocrático con respaldo estadounidense. Con un Capitolio más corrido a la derecha, con los republicanos como ganadores y el derechista Tea Party, es previsible que haya más agresividad en las campañas contra Ortega.

No hace falta ser muy listo para advertir que, además del entredicho por una vía navegable, hay un intento del
Departamento de Estado para impedir que Ortega gane las elecciones presidenciales de noviembre de 2011 y sea presidente por otros cuatro años. Los sondeos lo dan como amplio vencedor.

¿Será casualidad que en julio pasado, Laura Chinchilla autorizó la entrada a puertos y zonas de Costa Rica de 7.000 marines norteamericanos y 46 barcos de guerra que tienen autorización para quedarse seis meses? Supuestamente eran para combatir el narcotráfico pero esas armas apuntan contra Nicaragua y las naciones del ALBA.

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