Nacionalicemos la energía, recuperemos la soberanía energética

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Los datos son concluyentes. 1 de cada 10 hogares pasa frío en invierno por no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Mientras el poder adquisitivo de la clase trabajadora ha caído más de un 20% en los últimos 8 años, la luz se ha encarecido un 73% y el gas un 67%. No son una anécdota, es un empobrecimiento generalizado de gran parte de las clases populares. Ante esta realidad, las compañías eléctricas han ganado 4.154 millones de euros entre enero y septiembre de este año.

Los hechos de Reus y las posteriores declaraciones de los responsables de Gas Natural demuestran el desprecio por la dignidad humana de estas compañías y sus dirigentes. Sólo hay que ver los personajes que figuran en sus consejos de administración y comprobar que son los responsables directos de la miseria en la que vive una parte de nuestras clases populares. Debemos señalar con nombres y apellidos a los responsables que llevan a diario a la miseria a gente de nuestro pueblo.

Estos son los responsables de la muerte de la mujer de Reus y, por extensión, los responsables de la pobreza energética en nuestro país. Lo son como mentores y ejecutores de una práctica empresarial consistente en dejar sin servicios básicos a aquellos que no lo pueden pagar. Lo son en tanto que utilizan su influencia y su poder para que se legisle a su favor y en contra de los trabajadores y trabajadoras. Y lo son como destacados representantes de este sistema capitalista que ha arruinado miles y miles de personas con paro, desahucios, preferentes y especulación. Estas son las clases altas que actúan como una verdadera mafia.

Miembros del Consejo de Administración de Gas Natural

Isidro Fainé : ex presidente de La Caixa.
Josu Jon Imaz : ex presidente del PNV.
William Allan Woodburn : delegado del fondo de inversión Global Infrastructure Partners.
Rafael Villaseca : antiguo presidente de las empresas públicas TABASA, Túneles del Cadí y GISA.
Ramon Adell : presidente de la comisión económica del Barça.
Enrique Alcántara-García Irazoqui : abogado del estado, ex vicepresidente de la Caixa y Abertis.
Xabier Añoverso Trías de Bes : fundador de UPN, miembro de la junta del Círculo Ecuestre y marido de Julia García -Valdecasas.
Marcelino Armenter : ex director general de CaixaBank.
Mario Armero : vicepresidente de la patronal automovilística ANFAC y consejero de CHL.
Francisco Belil : presidente de la Fundación Princesa de Girona y vicepresidente de la Fundación Bertelsmann.
Benita María Ferrero-Waldner : ex candidata a la presidencia de Austria y ex comisaria europea.
Alejandro García-Bragado Dalmau : ha sido secretario general de CaixaBank, de Abertis y de Inmobiliaria Colonial.
Cristina Garmendia Mendizábal : ex ministra de Ciencia e Innovación del gobierno Zapatero.
Helena Herrero Starkie : consejera delegada de HP.
Miguel Martínez San Martín : consejero de Repsol.
Luis Suárez de Lezo Mantilla : vicepresidente de la Fundación Repsol.

Aunque la responsabilidad última de los hechos de Reus y de la pobreza energética recae sobre las compañías energéticas, las diversas administraciones también son responsables de preferir mantener intocables los intereses de las grandes compañías que de llevar a cabo políticas efectivas para combatir la pobreza energética.

El modelo del estado como redistribuidor de la riqueza y protector social ha desaparecido y no volverá. Los gobiernos tienen como principio inalterable no perjudicar los intereses de la gran burguesía. Por tanto, sólo les queda la propaganda para intentar convencer a una mayoría social que el estado vela por sus intereses.

Era propaganda cuando nos decían que con la privatización y liberalización los precios bajarían y el servicio sería mejor. Es propaganda cuando el Tribunal Constitucional suspende las leyes sociales afirmando que lo hace para garantizar la «igualdad entre todos los españoles», cuando en realidad actúa en favor de los grandes oligopolios. Se propaganda cuando la administración autonómica afirma que sustituyen las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional por nuevas leyes que tienen el mismo efecto, cuando en realidad las han vaciado de todos aquellos elementos que podían incomodar al poder económico. Es propaganda que opinadores, tertulianos y diputados digan que se posicionan en defensa de los intereses de la población, cuando en realidad sólo se posicionan si el tema en cuestión no salpica la administración que ellos gobiernan.

Medidas como pagar algunas facturas pendientes con fondos públicos o hacer depender la dignidad de las personas de la caridad de los fondos sociales de las mismas multinacionales que las han llevado a la ruina -y que gracias a esta caridad obtienen bonificaciones fiscales-, son un lavado de cara y un parche que no soluciona el problema en su totalidad.

La única solución es la nacionalización de los servicios básicos y su gestión desde una orientación socialista.Sólo así podemos garantizar que la dignidad de las personas pasa por delante del afán de lucro, y que el patrimonio colectivo se pone al servicio de las personas y no al servicio de una multinacional que tiene como único objetivo la obtención del máximo beneficio. Y mientras esto no llega, hay que exigir una legislación que impida por ley que ninguna persona en nuestro país se quede sin suministros básicos porque no puede pagarlos, y que el coste que ello genere vaya a cuenta de los beneficios que obtienen estas empresas.Asimismo, también hay que potenciar los proyectos alternativos en la gestión de la energía, tanto para irnos desvinculando de las grandes multinacionales, como para ir poniendo en práctica un modelo energético basado en las energías renovables.

Es por ello que animamos a participar en las movilizaciones que estos días se están llevando a cabo contra la pobreza energética, y también animamos a participar en la construcción de una alternativa que permita recuperar la soberanía energética.

 

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