Monarquía/ República parlamentaria de gobierno representativo, ¿Democracia?

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Por André Vela Bosqued

«El lenguaje político está diseñado para que las mentiras parezcan verdades, el asesinato un hecho respetable y para dar al viento experiencia de solidez» George Orwell, en «El poder y la palabra: 10 ensayos sobre lenguaje, política y verdad»

Una de las principales enseñanzas vigentes que podemos extraer de la lectura del «Contrato social» (1762) es la relativa a la representatividad. Rousseau alertaba de las consecuencias negativas que podría tener una representatividad indirecta (“el pueblo inglés se cree libre, pero no sabe que sólo es libre cuando vota a los candidatos, después, se convierte en un esclavo, en un súbditos de la voluntad del soberano”), crítica a la que llevamos más de tres siglos haciendo oídos sordos. Las consecuencias de esta sordera las sufrimos todos en nuestras propias carnes. Sufrimos cada día que los políticos propugnen reformas para las élites o para ellos mismos (hay claros ejemplos en todas partes: la Ley Mordaza, la bajada exponencial de los impuestos de las grandes empresas[1], los aforamientos…), sufrimos que la injusticia, la precariedad, la miseria, la desigualdad[2] derivadas de su corrupción[3] se perciban en cada esquina de los barrios. Por ello, me he propuesto investigar si nuestros sistemas de gobierno son tan válidos, tan perfectos y tan conectadísimos con el pueblo como dicen ser o si meramente se basan en teorías que nos hacen creer para evitar críticas, revoluciones, o levantamientos populares. A ver si así podemos quitarnos las cadenas, la venda de los ojos y salir del mundo de las sombras y las mentiras a las que nos van sometiendo los medios de comunicación.

¿Leyes?

Para que una ley sea ley, postula Rousseau, todo el pueblo ha de colaborar en realizarla, o por lo menos, ha de tener la posibilidad de verificarla o denegarla[1] ¿Es esto posible en las democracias indirectas o representativas? Mmm no: en ningún país de los que se consideran “democráticos» hay posibilidad de cambiar la ley por iniciativa popular o de proponer una ley. En el Estado Español, por ejemplo, la Constitución Española de 1978 solo permite referéndums consultivos (no vinculantes) en el artículo 92, por lo que los vinculantes quedan explícitamente prohibidos, excepto para la reforma constitucional. La única posibilidad de cambiar algo por iniciativa y voluntad popular es la Petición Colectiva Legislativa (art. 87 y Ley Orgánica de la Iniciativa Legislativa Popular[2]​). En la cual, después de una recogida de firmas de un 1,2% de la población como mínimo, los promotores de la iniciativa pueden, como mucho muchísimo, proponer al Congreso de los diputados su discusión.

El parlamento no está obligado a aceptar la propuesta, (será rechazado si es negativo para los intereses de la élite política) ni los promotores de ésta pueden defenderla en él. El proceso finaliza sin que se convoque un referéndum posterior para consultarlo a los ciudadanos, con lo cual, se puede considerar imposible que el pueblo pueda presentar una proposición, ya sea de la derogación de una Ley injusta o de una propuesta de ley.

Si se propone una ley injusta, caso muy probable, que viola nuestro Derecho Natural (por ejemplo nuestra libertad de expresión[3]) el único método es la desobediencia civil basándonos en una objeción de conciencia. Y con ello, lo más probable es que esta no sea útil o no consigamos cambiar nada. Esta desesperanza, ha llevado a varios autores a considerar que efectivamente, si se nos permite la protesta pacífica, es porque ésta, no consigue nada y por tanto protege al Estado[4]. Consecuencia: somos sólo súbditos de la voluntad de los políticos[5], que siendo nuestros representantes legislarán aunque perjudiquen al pueblo y a la mayoría social, bajo dos principios inquebrantables: los intereses económicos (sus leyes no han de ser perjudiciales para las élites económicas ni han de contradecir las medidas económicas que permite el capital.-Ni bajo demanda popular, se conseguirá que la política regule o se equipare a la economía-) y los intereses de la partidocracia o del partido (un diputado no puede ir en contra de lo que propone su partido o las élites de éste en ningún momento, ya que se expone a debilitar la imagen de unión de su partido).

Así que podemos determinar que o bien las leyes que nos imponen no son leyes -(en base a la definición de Rousseau de ley) porque no podemos ni modificarlas, ni crearlas ni derogarlas si son injustas- o bien que son sólo mecanismos de la clase dominante para subyugar al pueblo a sus intereses (teoría del Derecho de Karl Marx y Engels[6]).

La falacia de la separación de poderes

En todas las democracias indirectas, para evitar crítica, descontento con el sistema o rebelión, los medios de comunicación de masas e incluso los intelectuales al servicio de éstos, intentan vender una imagen de un sistema al que, alguna vez se le escapa algún errorcillo insignificante que es fácilmente remediable, mediante conceptos diversos. El más importante que casi es creído como dogma es la separación de poderes[7].  En el caso del Estado Español, las mismas organizaciones y partidos establecen el poder Ejecutivo y Legislativo, y aunque los integrantes de cada poder sean diferentes, son de los mismos partidos. Esto conlleva que los intereses de los representantes es la misma, y por tanto, no hay separación de poderes entre estos dos poderes ya que todos actúan beneficiando a unos mismos intereses (económicos y del partido). El poder Judicial, el que se supone «más independiente»,  está no sólo al servicio del poder económico con desfachatez y descaro[4] sino que además sus altas instancias son designadas por los partidos. Esto ha valido a diversas democracias (cuyo funcionamiento político es similar al Español) su denominación de partidocracia.

 

 

Los candidatos ¿Élite?

En la Antigua Grecia se designaba y elegía entre los candidatos (seleccionados por el pueblo e independientes de las agrupaciones políticas) a aquéllos que iban a presidir por sorteo. El azar era el elemento que tenía un papel fundamental. Sin embargo ahora, el candidato se elige en base al voto, a la propaganda y a la imagen propia. Los medios de comunicación de masas y la estética o personalidad del candidato juegan el papel fundamental. De esta forma, inevitablemente, se vota al candidato que más atractivo sea, lo que conlleva a una mediocrización de la política (el partido designa al político más atractivo para las masas, no al más válido[8]).

 

Estos tres fallos catastróficos demuestran que la denominación de democracia es nula. En una verdadera democracia, el poder reside en el pueblo, que además de votar, regula las decisiones de forma directa y tiene la posibilidad de proponer soluciones más justas. Llamemos a las cosas por su nombre: esto no es democracia. Ahora, lector, tú que me lees, haz un favor a la Humanidad y a tí mismo y pregúntate que métodos hay que tomar para conseguir la justicia social, qué postura hay que tomar ante la desigualdad, la corrupción, la precariedad y la miseria. Recordando siempre desde esa luz que nos intentan apagar a toda costa llamada espíritu crítico, que llamar democracia a un régimen desconectado de la ciudadanía es como llamar paz a la guerra, primavera al invierno o justicia a la injusticia.

 

A.V.Bosqued

 

 

[1] Rousseau, “El Contrato social, libro tercero, sobre las leyes»

[2]  «Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular.»

[3] Ejemplo de la Ley Mordaza Española, considerada por organizaciones internacionales como Amnesty International​ o Human Rights Watch, como una amenaza directa a los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión en España.

[4] Interesante ejemplo en “Comment la non violence protege l’État» Peter Gelderloos.

[5] No sólo en el caso español, sino en el caso del gobierno representativo, que es el idóneo para no contradecir los intereses del capital o del sistema económico.

[6]El Derecho como ideología de clase» Karl Marx y Friedrich Engels

[7] Concepto enunciado en “el espíritu de las leyes» en el siglo XVIII por el Barón de Montesquieu

[8]Los principios del gobierno representativo” de Bernard Manin

 

 

[1] Las empresas pagan un 48% menos de impuestos por los mismos beneficios de 2007, según los datos del Ministerio de Hacienda y Función pública. A diferencia de los 48.000 millones recaudados en 2007 de las multinacionales y grandes empresas, en 2018 se recaudaron 23.000 millones. En “Negocio redondo” (2018)

[2] España lidera el capítulo de desigualdad europea, detrás de Lituania: el 1% de la población concentra más riqueza que el 70% más pobre. En “España, segundo país con más desigualdad de Europa, solo por detrás de Lituania” (2017) fuente: La información

[3] Valorada en más de 200.000 millones de euros (Casos aislados) de los que 110.000 millones son del PP, y 80.000 millones del PSOE (el resto son de otros partidos.  ¿sabéis cuánto dinero sería necesario para erradicar la pobreza infantil en España? 4.000 millones. (El diario.es, 2018)

[4] Caso de los impuestos de las hipotecas, que aún siendo indignantemente estrepitoso, no consiguió movilizar a la suficiente gente como para generar un mínimo rumor mediático. El pueblo español, mantiene un conformismo y una indiferencia que avala la corrupción en todas sus formas.

 

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