Mitos y realidades sobre la historia y el impacto de la pasta base en Uruguay

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Se estima que en 2018 había entre 7.500 y 9.000 personas con uso problemático de pasta base en Montevideo y el área metropolitana.

“Personas, calle, consumos: dos estudios sobre pasta base en Uruguay” es una publicación de la Junta Nacional de Drogas y el Observatorio Uruguayo de Drogas, que contiene dos investigaciones. La primera, “Aproximaciones cuantitativas al fenómeno del consumo de pasta base de cocaína”, fue producida por Leticia Keuroglian, Jessica Ramírez y Héctor Suárez. La segunda es sobre las aproximaciones cualitativas al respecto.

Las autoras y el autor señalan que el uso de drogas ha acompañado de diferentes modos a las personas a lo largo de la historia, “es inherente a la condición humana”. En sus inicios, eran tomadas como “facilitadoras del vínculo social” o como vehículo para la conexión con lo sagrado, pero esto fue cambiando a lo largo del tiempo.

La prohibición de las drogas hace más difícil investigarlas, lo que redunda, además, en una dificultad para la construcción de políticas acordes para abordar sus problemáticas asociadas. Las estrategias se definen, entonces, a partir de datos “de limitada calidad”. Los autores afirman que “esta visión fantasmal del fenómeno es lo que lo convierte, en muchos casos, en el chivo expiatorio de males que poco tienen que ver con el consumo de drogas”. Así es que muchas veces se generan representaciones sociales que no coinciden con la realidad.

“Por lo tanto, actualmente uno de los desafíos más importantes para el conocimiento científico (y, por ende, para el Observatorio Uruguayo de Drogas) es encontrar diseños metodológicos adecuados para obtener de forma rápida y fiable información rigurosa, pero fundamentalmente oportuna, de este fenómeno que permanece en constante cambio y que resulta imposible de abordar si no es desde una perspectiva interdisciplinaria y alejada de preconceptos”, afirman.

Esta dificultad se incrementa en el caso del estudio de la pasta base. Resulta más complicado obtener datos sobre este fenómeno, entre otras cosas, por la estigmatización de quienes la consumen. “Esto se produce en mayor medida, por el perfil social de sus consumidores, por los efectos conductuales que se manifiestan y las representaciones sociales que lo relacionan con la conflictividad y la delincuencia”.

La primera edición de la investigación Fisuras. Dos estudios sobre pasta base de cocaína en el Uruguay se publicó en 2014. Seis años después se repite el estudio para visualizar la evolución de este fenómeno. En esta edición se incluye la perspectiva de género, con una profundización sobre las masculinidades y su asociación con el consumo, y la diferencia del uso entre varones y mujeres.

Un poco de historia

A fines de los años 90 se registran los primeros consumos de cocaína mezclada con bicarbonato y calentada en latas para ser inhalada. “El crack había llegado a Uruguay y comenzaba a instalarse sigilosamente en los sectores más vulnerables de la sociedad”. Esto desplazó a los inhalantes que había en la época. Luego se supo que no era el crack que se conocía, sino otra forma de la cocaína, que tomaría el nombre de “pasta base” y que se hizo popular en 2002. Hasta ese año no se registran incautaciones de esta droga, que todavía era catalogada como cocaína.

La salud fue el primer sector en encontrarse con esta problemática. Los usuarios llegaban a atenderse por las consecuencias de este consumo y el sistema tenía poca información para dar una respuesta acorde. “La pasta base te mata en tres meses” fue uno de los tantos mitos que se montaron en la época.

No es posible analizar la llegada de la pasta base a Uruguay sin contextualizarla en el marco de una de las crisis socioeconómicas más importantes del país. Por su bajo precio unitario y su poder adictivo tuvo una rápida expansión entre los sectores más vulnerados. Por eso se la conoce como “la droga de los pobres” o “la cocaína de los pobres”. Esto fortaleció “los procesos de estigmatización y exclusión social que ya recaían sobre esta población” y aumentó la desconfianza hacia estos sectores.

El “pastabasero” o “latero” se configura como uno de los enemigos públicos preferidos por la sociedad. “La persona con uso problemático de pasta base (o incluso aquel que usa esta droga pero que no alcanzó dicho patrón de consumo) se presenta como el ‘otro enemigo’ por excelencia reuniendo un conjunto de caracteres que lo hacen el primer sospechoso”.

Para 2004 el uso de pasta base ya era un fenómeno consolidado y había una necesidad de construir estrategias para encararlo. “La particularidad es que en este período el empuje recurrente que tuvo este fenómeno fue básicamente mediático, ya que los datos epidemiológicos no denunciaban un crecimiento del consumo”, afirman los autores. Este empuje vino de la mano de una “imputación de un supuesto carácter criminógeno intrínseco a la pasta base”.

La amplificación de algunos delitos de características espectaculares generaron una “paranoia social” frente a los consumidores de pasta base. “La captación de eventos reales acontecidos de forma puntual o aislada, diseminados por los medios de comunicación como eventos ‘paradigmáticos’ o con intenciones generalizadoras que los posicionan como regularidades, propició la consolidación de representaciones sociales sobre la sustancia y sus usuarios basadas en la más salvaje de las perspectivas reduccionistas y estigmatizadoras del tema”, afirma la investigación.

Alrededor de 2009, las noticias sobre tráfico de pasta base toman un rol protagónico en los informativos. “No es casualidad” que ese año los candidatos a la presidencia incorporaran en sus propuestas electorales el fenómeno de la pasta base asociado a la seguridad ciudadana. Las campañas en este sentido tenían dos ejes: medidas para combatir el mercado de pasta base –en un contexto de aumento de los procesamientos por esta causa– y la internación compulsiva de los usuarios como medida de tratamiento.

Entre 2012 y 2013, en particular en Montevideo, “se vivía uno de los picos más altos de percepción de inseguridad pública en lo que iba del siglo, y una de las causas atribuidas a esto era la presencia de la pasta base”. En aquel entonces, 58% de la población creía que el principal problema del país era la “inseguridad” y 10% señalaba que eran las drogas. Se construyó así la idea de un “flagelo” cuyas principales consecuencias eran, en teoría, el delito y la muerte prematura.

La respuesta política

En 2012, y como reacción ante el deterioro de la seguridad, el Poder Ejecutivo lanzó una “Estrategia por la vida y la convivencia” que incluía un conjunto de 15 medidas. Cuatro estaban asociadas a las drogas. Una consistía en el “agravamiento de las penas en caso de corrupción policial y tráfico de pasta base”. Otra se presentaba como un “abordaje integral de la problemática de las personas afectadas por el consumo problemático de drogas y su entorno, generando una estrategia integral para actuar sobre las principales consecuencias del consumo de drogas, en particular de la pasta base de cocaína”. La tercera era la “creación de dispositivos judiciales especializados en el narcomenudeo”, y la cuarta, la “legalización regulada y controlada de la marihuana”, con un fuerte rol del Estado en toda la cadena productiva.

También hubo actividad legislativa al respecto. En 2012 ingresó al Parlamento un proyecto de ley sobre internación compulsiva para usuarios problemáticos de drogas que no fue aprobado. Sí se agravaron las penas para el tráfico de la cocaína en todas sus formas (incluida la pasta base).

Hay indicios de que el consumo de pasta base cayó desde 2012 a 2018 en Uruguay.

En un sentido totalmente contrario al prohibicionismo reinante, se aprobó la regulación del mercado de cannabis, a fin de que el Estado tuviera un control sobre la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución del cannabis y sus derivados. “Buscó ser un mecanismo que contribuyera a combatir la inseguridad ciudadana, en este caso quitándole al mercado ilegal de drogas su principal sustancia, el cannabis, con el objetivo último de reducir la violencia asociada al narcotráfico. También se propuso como una herramienta que sirviera para la promoción de la salud de los usuarios de drogas a través de la implementación de políticas de educación, tratamiento y reinserción de las personas con uso problemático. En particular, el control de la calidad y potencia del producto, así como la regulación general de su consumo, son ejes fundamentales para ello”, señala el informe.

¿Cuántas personas consumen pasta base en Uruguay?

Se estima que en 2018 había entre 7.500 y 9.000 personas con uso problemático de pasta base en Montevideo y la zona metropolitana. La prevalencia de consumo para la población de entre 18 y 64 años se ubica entre 0,9% y 1,2%.Pasta Base II

En una investigación anterior, de 2012, se daba cuenta de la existencia de 14.000 personas con uso problemático de esta sustancia. Se puede inferir, por lo tanto, que se redujo 35% esa población entre 2012 y 2018. Las razones pueden ser varias: sustitución de uso de pasta base por cocaína, desaceleración por no iniciación de nuevos consumidores, extensión de la red de atención y tratamiento. Hay un dato que es clave para sostener la hipótesis de que hubo una caída en la cantidad de consumidores y que los usuarios son los mismos: la actual población que tiene uso problemático de pasta base presenta características “que dan cuenta de un consumo extendido en el tiempo y con una cronificación importante”.

¿Quiénes usan pasta base?

El uso de pasta base es un fenómeno masculinizado: 86,3% de los usuarios son varones y 13,7% son mujeres. La edad promedio se encuentra entre 33 y 34 años. De acuerdo con esta investigación, la mayor concentración de consumidores, 38,2%, tiene entre 26 y 35 años; 28,1% tiene entre 36 y 45; 23,3% se ubica entre 18 y 25 años, y 10,5% tiene entre 46 y 64. La mayoría, 70%, tiene un “extenso historial de consumo”, de más de cinco años. “Conforman un ‘núcleo duro’ de usuarios de esta sustancia que ha permanecido a lo largo del tiempo”.

Cuando apareció la pasta base, siete de cada diez usuarios tenían menos de 22 años. Dada la época (2002), la crisis socioeconómica los encontró transitando la niñez, la adolescencia o la temprana juventud. El comercio de la pasta base se dio en un “caldo de cultivo social” asociado a la “miseria, desesperanza y anomia”, con un mercado de transacción que termina “fagocitando a sus propios miembros” y “naturalizando la violencia”.

Desvinculaciones

Una característica de esta población es que ha abandonado el sistema educativo. Para 40% de los usuarios de pasta base, la educación primaria es el máximo nivel educativo alcanzado; 10% no terminó la escuela; 30% tiene algún pasaje por la enseñanza secundaria; y 1,3% de los usuarios tienen estudios universitarios incompletos. No se registran usuarios de pasta base que hayan completado su educación universitaria.

Otra característica de esta población es el déficit en cuanto a los vínculos con otras personas: 80,6% son solteros y 89% de la población declara no tener una pareja estable. Gran parte de estas personas viven en configuraciones “no tan habituales para la población general”. De ellas, 16% viven en pareja, 11% con sus madres o padres, y 4,7% con sus hijos, pero la mayoría, cuatro de cada diez, dijeron que viven solas, y tres de cada diez, con desconocidos, amigos o personas circunstanciales, muchas de ellas en refugios o en la calle. Esto denota una falta de redes primarias de apoyo.

Muchos enfrentan una situación habitacional precaria: 25% ha vivido en la calle en los últimos 12 meses y otro 25% ha pernoctado en refugios. La mitad de los usuarios de pasta base viven en los barrios Centro, Cordón, Ciudad Vieja y La Comercial. Esto se debe a que la mayoría de los refugios del Ministerio de Desarrollo Social se encuentran en estos barrios, y también a que allí la circulación, la accesibilidad y el acceso a centros comerciales permiten la subsistencia de esta población en el día a día.

Salud y parejas sexuales

La prevalencia de VIH es mucho más alta entre los usuarios de pasta base (9,4%) que en la población en general (0,5%). Además, aparecen otras infecciones de transmisión sexual: 1,3% tiene hepatitis C, 0,4% tiene hepatitis B y 0,3% tiene sífilis.

Durante la investigación se aplicaron testeos de VIH a los encuestados. De quienes recibieron resultados positivos, ocho de cada diez ya conocían su situación, mientras que dos de cada diez se enteraron a raíz de esta investigación. Entre quienes ya sabían que vivían con VIH, dos de cada tres recibían o habían recibido tratamiento antirretroviral.

La mayoría de quienes usan pasta base son varones, mayores de 26 años y consumen desde hace más de cinco.

Casi 80% de los usuarios encuestados tuvo algún tipo de relación sexual en los últimos 12 meses. En el caso de las mujeres la cifra llega a 90%. Tres de cada cuatro personas dicen haber recibido condones y nueve de cada diez entienden que reduce los riesgos de contraer infecciones de transmisión sexual, pero 32,2% dijo que nunca usa condón, y sólo 44,8% declara que lo usa siempre.

Un tercio dice haber mantenido relaciones sexuales con una sola persona (34,8%) en el último año, y casi un tercio con dos o tres personas (29%). Si se desagrega por género, 46,8% de las mujeres tuvo una sola pareja en el último año y 36% de los varones tuvo más de cuatro parejas.

Estrategias económicas de supervivencia

Según la investigación, “casi la totalidad de los encuestados ha recurrido a vías legítimas (trabajo formal, changas, venta ambulante, jubilación, seguro de desempleo)” para comprar pasta base. De hecho, para más de 70% las vías legítimas son su principal fuente de recursos, pero los trabajos son sumamente precarizados. El restante 30% obtiene los recursos “de forma ilegítima (venta de drogas, robo, hurto) y por relaciones sexuales por dinero”.

De los varones, 98,6% obtuvo ingresos a través de algún tipo de trabajo. En las mujeres este porcentaje se reduce a 58,2%. Las principales actividades son la recolección de latas y cartones (59,7%), las relaciones sexuales por dinero (44,5%) y la limosna o mendicidad (43,6%).

Para una de cada cuatro mujeres las relaciones sexuales a cambio de dinero son su principal fuente de ingresos. A su vez, 44,8% de las mujeres recibe ingresos de su pareja, familia o amigos, “lo que las sitúa en relaciones de dependencia con respecto a su entorno”.

“Esta población no cuenta prácticamente con ingresos por programas de atención social por parte del Estado”. Sólo 5,9% recibió estos recursos en los últimos 12 meses, y para apenas 0,6% son la principal fuente de ingresos. La proporción de mujeres (20,5%) que accede a ingresos provenientes de programas de transferencia estatal es mayor que la de varones (3,6%). También son las mujeres (22,8%) las que reciben más jubilaciones y pensiones frente a los varones (10%).

De consumos

La edad promedio de experimentación en el consumo es 22 años, 10% comenzó a consumir pasta base antes de los 15 años. Nueve de cada diez personas tienen una frecuencia alta de consumo: 35% fuma todos los días y 51% lo hace semanalmente. Este patrón lo mantienen, en promedio, desde hace cinco años, por lo que se presume un alto deterioro si se considera además la vulnerabilidad social de esta población.

Son policonsumidores tanto de drogas legales como ilegales. En cuanto a las drogas legales, la mitad usa tranquilizantes y 70% dice que se los recetaron. El uso de psicofármacos está feminizado: se registra en 80% de las mujeres.

No hay mayor prevalencia en el consumo de alcohol. Pero mientras que en la población en general 8% de los consumidores habituales llegan a ingestas sobre el nivel de intoxicación, 70% de los usuarios de pasta base ha sobrepasado este nivel.

La demanda de tratamientos

Es un mito que las personas con uso problemático no buscan tratamiento. Al contrario, lo buscan, y muchas veces no obtienen demasiadas respuestas viables. La mitad de los usuarios declaró haber recibido tratamiento para abordar el consumo problemático en algún momento de su vida, y 73% concurre a tratamiento en forma voluntaria. “Esto demuestra, por un lado, el potencial adictivo y tóxico de esta sustancia, también indica que en algún momento existe conciencia de este daño por parte de los usuarios”.

La mitad de las personas que “nunca demandaron tratamiento pensó en algún momento en iniciar uno”. No lo hicieron por las exigencias de los centros que los brindan, por desconfianza o porque sienten que muchos tratan de “cambiar una droga por otra”.

A su vez, 30% de los usuarios dice “no creer necesitar tratamiento” o “no desear la suspensión del consumo”. Considerando que el consumo por parte de esta población no va a cesar, es preciso generar estrategias de reducción de riesgos y gestión de daños, señalan los investigadores.

La respuesta para los tratamientos es mayoritariamente pública. Casi 70% pasaron por una institución pública, entre las cuales el Portal Amarillo es la principal referencia. Una de cada tres personas hizo tratamientos en iglesias, comunidades religiosas y Narcóticos Anónimos, y 15% recibió tratamiento en su prestador de salud, en comunidades terapéuticas, centros privados o clínicas particulares.

Los “tratamientos tradicionales de corte abstencionista”, que apuntan a la suspensión total del consumo como requisito para la asistencia, son una barrera para el acceso al tratamiento. Son muy pocos los usuarios que quieren –y pueden– suspender el consumo en el corto plazo. Los tratamientos que se basan en espacios de acogida, con una atención menos exigente, tienen una mejor percepción en la población.

La institucionalización como parte de la vida

Si bien la internación de niñas, niños y adolescentes es una práctica extendida “para la protección”, es también una medida cuestionada por los daños que genera y la violencia a la que se expone a quienes en teoría se debe cuidar. Hay un planteo similar respecto de lo que genera la privación de libertad en adolescentes, que redunda en un daño irreversible para ellos y para la sociedad. La cárcel genera la “socialización en la violencia, la adopción de los códigos carcelarios, la anulación de la identidad y el aumento del desarraigo”. Uno de cada tres usuarios de pasta base pasaron por centros de protección o por cárceles de adolescentes.

En la adultez, “la precariedad extrema parece consolidarse producto de un proceso de desafiliación social, que sumado al consumo de pasta base y la necesidad de acceder a recursos que permitan su costeo”, favorece el delito y, por ende, la cárcel como respuesta. De los usuarios de pasta base, 44% pasó por la cárcel luego de los 18 años, sin diferencias significativas entre varones y mujeres.

 

 * Denisse Legrand, licenciada en Gestión Cultural, tiene estudios en pedagogía en contexto de encierro y en penalidad juvenil. Es coordinadora del programa cárceles del colectivo Nada Crece a la Sombra.

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https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/6/mitos-y-realidades-sobre-la-historia-y-el-impacto-de-la-pasta-base-en-uruguay/

 

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