México: Yucatán y del desgobierno cínico

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Tras la notificación del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, de que el cobro del impuesto en materia de seguridad era inviable e incuso anticonstitucional por pretenderse realizar a través de los recibos de luz, el gobierno de la entidad salió a decir bajo el acostumbrado esquema de show mediático, que había decidido no continuar con la medida aprobada por los diputados traidores al pueblo y que utilizaría otras formas ajustadas a lo que han llamado “austeridad”, anuncio, que a los buenos escuchas debe prender la alerta, pues ¿cuál ha sido la medida principal de austeridad del actual gobierno yucateco sino el despido masivo de trabajadores del sector público y el retraso en el pago a los trabajadores y trabajadoras?, rápido pero no ingenioso, el gobernador ha pretendido dar a tole con el dedo al pueblo ya cansado de tanta mentira y simulación.

Horas antes del anuncio de la cancelación del mencionado impuesto, trabajadores y trabajadoras, administrativos, docentes, personal de apoyo, intendencia y demás, amanecieron con la sorpresa de que su pago quincenal no había sido realizado, el malestar social en incremento se manifestó desde las primeras horas en las redes sociales, maestros y maestras cansados del continuo desprecio a la dignidad humana, se expresaron nuevamente desilusionados por esta nueva agresión a sus derechos, en un contexto ya de por sí álgido, pues no es posible que estos atropellos sigan con impunidad, porque más allá de que a muchos de los afectados se les pague en las próximas horas, el mismo hecho de que se presenten estas situaciones habla claramente de una enorme arbitrariedad administrativa que se vive en las dependencias pública, particularmente, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGEY), de donde se han despedido a miles de trabajadores y trabajadoras de todos los rangos. Por ejemplo, al medio día de ayer se hizo viral un video en donde se observa la desesperación que sufre miles de maestros y maestras que cada quincena acuden a las ventanillas de pagaduría con la esperanza de recibir su pago, para únicamente recibir de parte del gobierno la burla que les dice que su pago no se realizará y que debe seguir esperando, en el video una maestra llora desesperada por tener que seguir en espera de recibir lo que se ha ganado con su dedicación y estudio. Es para cualquier persona que conozca las condiciones reales de trabajo de los docentes que esta injusticia rebasa toda calificación moral.

¿Cómo pueden hablar en los informes de gobierno de “calidad “educativa, “desarrollo” regional, “avances” significativos en materia educativa sino tiene la más mínima idea de los que significa vivir trabajando sin dinero entregado a sus funciones recibiendo desprecio descarado de las autoridades? ¿Sabe Mauricio Vila y Loreto Villanueva lo que realmente sufren los maestros y maestras que deben madrugar para ir a sus centros laborales, algunos de ellos en otros municipios, o incluso, migrar a otras comunidades y pagar renta, comida, vestido, gastos comunes y dejar para la familia sin que la Secretaria y el gobierno se preocupen en verdad por mejorar la calidad de vida y el bienestar social? ¿Cómo decir que se avanza en materia educativa si se desprecia con descaro a los trabajadores y trabajadoras de la educación? Ya basta de tanta simulación y descaro.

La cancelación del impuesto no es un acto piadoso del gobernador, es una obligación por ser inconstitucional a través de la CFE, por su carácter amoral y por el abuso que significa para la sociedad yucateca, la “austeridad” como llaman a su justificante no se ejecuta despidiendo ciudadanos, ni subiendo los costos, ni culpando a la federación de la ineptitud y obvia rapacidad estatal, la austeridad se debe poner en practica como principio moral basada en el ejemplo de vida, no como discurso mediático y burlesco.

Es la sociedad yucateca la que tiene en sus manos el futuro, la cancelación del cobro no significa su derogación total, pues es el congreso del Estado quien está facultado para hacerlo, es hora de exigir a esos diputados traidores que lo aprobaron se sirvan inmediatamente a derogarlo, así como exigir al gobierno el cese de los abusos mediante su “paquetazo económico”. Gritemos juntos alto a los despidos masivos, reinstalación de los trabajadores y trabajadoras despedidos, pago inmediato de los adeudos salariales, respeto total a los derechos laborales y humanos, fin de la simulación y del agravio al pueblo. Solo la organización popular y de clase dará la fuerza para hacer frente a tanta agresión gubernamental.

  • Cristóbal León Campos. Integrante Colectivo Disyuntivas
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