México: Quintana Roo ¿Libre de transgénicos en un mes?
Quienes firmamos esta comunicación queremos dar a conocer nuestra palabra respecto a la noticia del decreto que prepara el gobierno de Quintana Roo, para declarar al estado “libre de transgénicos” en menos de un mes.
Primero queremos decir que pocas cosas nos harían más felices a quienes llevamos años luchando para que se cancele el permiso otorgado a Monsanto, que los decretos de los gobiernos estatales resolvieran este problema, pero sabemos que no es así.
El problema de fondo es que la legislación vigente en nuestro país respecto al tema de trasngénicos es la Ley de bioseguridad (misma que en algún momentofue nombrada “La ley Monsanto” por su tendencia a favorecer a dicha empresa). En esa ley está establecido que las Zonas Libres de Transgénicos sólo pueden ser decretadas por las instancias federales competentes para ello, es decir, la SAGARPA (misma instancia que otorgó el permiso a Monsanto y que está defendiéndolo en contra de las comunidades demandantes), o sea, que los decretos de zonas libres de transgénicos promovidos por los gobiernos estatalesde la península, no son otra cosa que un engaño a la ciudadanía y una muy buena estrategia para desmovilizar la organización de la lucha y de paso hacerse de capital político en tiempos pre-electorales.
Cabe recordar, que en octubre del 2016, el gobierno del estado de Yucatán emitió un decreto similar al que ahora se pretende hacer en Quintana Roo. El decreto de Yucatán fue impugnado en el mes de diciembre y llevado por la presidencia de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidiéndole a los ministros su anulación, ya que, tanto el gobernador del estado, como el secretario de medio ambiente y demás instancias estatales, invadieron atribuciones que no les corresponden. Ante esto nos queda claro que los estados están sujetos a obedecer lo que dice la federación y no al revés.
A nosotros no nos engañan, sabemos que con sólo decir que Yucatán o Quintana Roo es libre de transgénicos no basta, no mientras no se cancele el permiso federal que la SAGARPA otorgó a Monsanto para sembrar su soya transgénicapor tiempo indefinido y porque, a pesar de nuestros intentos por impugnar la Ley de bioseguridad, ésta sigue vigente.
Lamentamos enormemente que los gobiernos no tengan otra cosa para ofrecernos que estas simulaciones con las que intentan hacerse pasar como amigos del pueblo maya, de las organizaciones, los apicultores y milperos, cuando son ellos mismos los que firman acuerdos y más acuerdos para dejar entrar a las empresas “verdes”a nuestros territorios sin tomar nunca en cuenta las gravísimas afectaciones, tanto ambientales como sociales que traen consigo los proyectos agroindustriales y de supuesta sustentabilidad.
Denunciamos que el Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY) firmado por los tres gobernadores de la península y los respectivos secretarios de medio ambiente en diciembre de 2016, no es otra cosa que un instrumento a través del cual los gobiernos ponen en oferta el territorio maya para las empresas “verdes” y de “energías limpias”, eólicas y de páneles solares que también pretenden deforestar miles y miles de hectáreas y despojar a los pueblos; ese acuerdo no es otra cosa que un mecanismo que legaliza y profundizará el despojo a las comunidades.
Nuestra postura en contra de los proyectos que dañan nuestro territorio sigue siendo firme. Nosotros estamos diciendo NO a las semillas transgénicas de todo tipo, pero también NO a los monocultivos como la palma africana, NO a los modelos de mercantilización de la naturaleza como el REDD+, NO a la contaminación de nuestras aguas, tierra, aire, semillas, que ponen en riesgo la salud de nuestros pueblos y NO a la devastación masiva de selva, plantas y animales en el territorio maya.
Si los gobiernos estatales de verdad quieren ayudar al pueblo y al territorio maya, tendrán que hacer más que ese decreto que en realidad no sirve por no tener fundamento legal. Si es cierto que están del lado de los apicultores y campesinos, tendrán que deshacer lo que empezaron en diciembre con la firma del ASPY. Porque lo que amenaza la vida de las comunidades de la península no sólo es la siembra de las semillas transgénicas, sino todos los proyectos que atentan contra la biodiversidad y los trabajos milenarios como la apicultura y las milpas tradicionales, poniendo en riesgo nuestras formas tradicionales de vivir como pueblo originario.
Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar
Colectivo de Semillas Nativas Much’ Kanan I’inaj
Educación, Cultura y Ecología A.C
Asamblea Nacional de Afectados Ambientales