México. Pequeños productores, la prioridad del gobierno en la nueva estrategia de apoyo al campo

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El gobierno federal en México mantuvo por más de 25 años la política de destinar los apoyos para el campo a los medianos y grandes productores, sin que haya evidencia del impacto que esto tenía para la producción o la comercialización. Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay un viraje: los subsidios irán a los pequeños.

Víctor Suárez, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaría de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), explicó que el cambio se hizo porque los grandes productores se llevaban hasta 40 mil millones de pesos en subsidios cada año.

“Les daban de todo, apoyos para asistencia técnica, comercialización, investigación, subsidios a la tarifa de agua, a la eléctrica, los dotaron de presas, de sistemas de riego, por muchos años fue así, mientras a los pequeños los dejaron en el abandono”, dijo en entrevista con Animal Político.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó en su diagnóstico de la productividad en México 2018 que el desequilibrio en lo subsidios productivos al campo incrementó las desigualdades económicas al no estimular las actividades en regiones marginales o indígenas y centrarse en el norte, en muy pocas regiones y en un número reducido de productores que recibían grandes montos.

Analistas e investigadores consideran que la decisión del gobierno de apoyar ahora a los pequeños productores es la adecuada. Incluso los medianos y grandes, en voz del presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega, señalan que no están en contra de la nueva estrategia, pero aseguran que quitarles por completo los subsidios afectará la producción.

“En los países vecinos del norte, con los que se tiene un acuerdo comercial, los gobiernos les dan muchos apoyos a sus productores, si México deja de apoyar a medianos y grandes del sector agroalimentario, vamos a dejar de producir (porque ya no va a ser viable por costos) y nos van a invadir con productos del extranjero”, dijo de la Vega.

Recortar por completo los apoyos a los grandes y medianos productores sí puede tener repercusiones negativas en la producción, aunque es difícil determinar la magnitud, consideró Antonio Yunes Naude, profesor investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México (Colmex).

“La decisión de apoyar a los pequeños productores es adecuada, se les había descuidado mucho, pero debe haber un proceso de transición, de irles reduciendo los apoyos a los medianos y grandes, y, al mismo tiempo, ir creando las condiciones para que sigan produciendo alimentos de forma competitiva”.

¿Cuáles son los cambios?

En el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2018, había ocho programas de apoyos a la productividad en la entonces llamada Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa). Seis de ellos, que ese año tuvieron 35 mil 835.2 millones de pesos, estaban enfocados en los medianos y grandes productores, según un análisis de Juliana Martínez Nacarato, investigadora de Justicia Fiscal de Fundar, y ahora desaparecieron o están disminuidos.

Por ejemplo, en 2018 para el Programa de Apoyos a la Comercialización —enfocado en el fomento a exportaciones y promoción comercial— se gastaron 6 mil 473.6 mdp. Para 2020, en un inicio se le proyectaron 129.2 millones de pesos, pero al final, los diputados lo dejaron sin presupuesto.

También desapareció el Programa de Fomento a la Agricultura que en 2018 operó con 17 mil 331.5 millones de pesos y agrupaba varios subsidios para medianos y grandes productores como el de apoyo a proyectos de hasta 10 millones de pesos para equipar unidades productivas o los incentivos para riego tecnificado.

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El más famoso de todos, el Proagro —antes Procampo—, también desapareció. Se trataba de transferencias monetarias por ciclo agrícola, dos al año. 

Y la lista sigue: el de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, que incluía subsidios para dar créditos, respaldo ante intermediarios financieros, o administración de riesgos de mercado. Así como el de Concurrencia con las Entidades Federativas en el que se transfería recursos a los estados para repartir apoyos a los productores.

La investigadora de Fundar aseguró que como no había restricciones claras y era bastante opaco este programa, las entidades entregaban los apoyos a quien más le convenía y generalmente era a los grandes y medianos productores. Aunque también se entregaba a organizaciones campesinas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las organizaciones que protestaron afuera de la Cámara de Diputados impidiendo la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 2020 se beneficiaban de este tipo de subsidios, sin que éstos llegaran a los campesinos.

En la parte de financiamiento también hubo importantes movimientos. Antes estaban activos los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario (FND), y el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR). Estos tres instrumentos facilitaban el acceso al crédito, daban garantías de crédito a proyectos o invertían en fondos de inversión de capital y beneficiaban, sobre todo, a los grandes y medianos productores.

“Presentabas un proyecto, por ejemplo, para producción de vid o nogales y te daban el crédito a una tasa competitiva y más tiempo de plazo para recuperar tu inversión”, explica Bosco de la Vega, el presidente del CNA.

En su lugar quedó Agroasemex, la aseguradora agrícola del gobierno federal, con 605.9 mdp, y los diputados en su dictamen del presupuesto rescataron la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero con un monto para el próximo año de 2 mil 500 mdp y enfocada ahora en otorgar garantías líquidas. Es decir, lo que se otorgarán serán créditos, pero quienes los obtengan deberán dejar un depósito en garantía por un porcentaje del préstamo.

Además, en el dictamen del PEF se aprobó que el gobierno federal debe establecer como política pública, para impulsar el ordenamiento de los mercados agrícolas, la regulación en la contratación previa de las cosechas y el impulso a la contratación de la cobertura de riesgo climático y de mercado.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados, el morenista Eraclio Rodríguez, resaltó que a través de la Financiera Nacional los legisladores lograron recuperar la parte de la comercialización, de la agricultura por contrato, el manejo de coberturas de riesgo tanto climático como comercial, el ingreso objetivo.

“Todo eso se rescató. Pero falta hacer los lineamientos de esto que marca el mandato del legislativo para llevar a cabo el programa, en los que deberán revisarse los niveles de subsidios y a quiénes van dirigidos, por ejemplo. Eso se está diseñando. La responsabilidad es de Hacienda, de Sader y de la Financiera, pero nos están dejando participar (a los diputados)”, comentó

¿Y qué consecuencias puede tener el cambio? 

Es difícil saber cuál será el impacto, admitió Bosco de la Vega. “Uno como tal así por región y todo no lo tenemos, pero el mejor análisis es que somos la décima potencia exportadora mundial y la décimo primera en producción de alimentos, ahí está reflejado”.

La verdad es que el análisis preciso del impacto no lo tiene nadie, señaló John Scott, profesor investigador de la División de Economía del CIDE y autor del estudio Subsidios agrícolas en México, ¿quién gana y quién pierde?. “Los productores de grano en gran escala reciben la mayor parte de los apoyos sin evidencia de que estos tengan un impacto significativo en la productividad o el empleo”.

Los pagos directos a productores sumaron 20 mil millones de dólares entre 1994 y 2009. Aun así, México perdió 20% de sus empleos agrícolas entre 1991 y 2007 y  más de la mitad de ese monto se fue al 10% de los productores más ricos, según la publicación Subsidios para la Desigualdad, en la que se aparece el estudio de Scott.

En su evaluación sobre desempeño, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que los programas de subsidios de la Secretaría de Agricultura se crearon sin diagnósticos, que los recursos no se entregaron a la población objetivo y que no se podía medir su impacto, por lo que no se podía determinar el destino de miles de millones de pesos gastados.

Bosco de la Vega insistió en que están de acuerdo en que se apoye ahora a los pequeños productores, pero dice que “se está desmantelando al sector agropecuario exitoso y eso va a traer consecuencias”.

Víctor Suárez, por su parte, consideró que “en realidad no se va a desproteger a los grandes productores, pero ellos no necesitan tantos apoyos como les daban, van a continuar los apoyos para ellos pero de otra forma, con créditos: yo te apoyo, haces tu actividad productiva y me lo pagas”.

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