Nochixtlán es el paso hacia los estados de Puebla, Veracruz y la Ciudad de México, y ha permanecido cerrada desde hace ocho días, aproximadamente.

En otro punto de Oaxaca, simpatizantes de la CNTE armados con palos y piedras colocaron barricadas en el crucero de Hacienda Blanca, en el municipio de San Pablo Etla, sobre la carretera internacional Cristóbal Colón.

La semana pasada, al menos 500 policías federales arribaron al estado de Oaxaca para desbloquear las carreteras que estaban tomadas por maestros disidentes que protestan contra la Reforma Educativa, la detención de sus líderes, Rubén Núñez y Francisco Villalobos, entre otros dirigentes, y la negativa del Gobierno federal de establecer una mesa de diálogo.

 

El operativo de ayer en Salina Cruz derivó en un enfrentamiento entre pobladores y maestros contra los policías federales. Los uniformados no permitieron el acceso de los profesores disidentes a las instalaciones de la refinería Antonio Dovalí Jaime.

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación convocó a sus agremiados a reforzar esta protesta y responsabilizó a los Gobiernos federal y estatal de los daños que puedan sufrir los profesores.

RECHAZAN VIOLENCIA 

Intelectuales, académicos, periodistas, políticos y defensores de derechos humanos nacionales e internacionales rechazaron “la campaña de desprestigio y la brutal represión que desde el Gobierno federal se está aplicando contra los maestros y maestras de México”.

En un pronunciamiento, los activistas exigieron al Gobierno de Enrique Peña Nieto que cancele las órdenes de aprehensión contra los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE), que cese la persecución hacia los manifestantes y que instaure una mesa de diálogo con el magisterio para tratar lo relacionado con la Reforma Educativa.

“Pensamos que las autoridades correspondientes deben apostar al diálogo, reconociendo las justas demandas del movimiento magisterial, y no a la fuerza para solucionar éste y cualquier otro conflicto, sobre todo en un país marcado por la violencia y la impunidad”, expresaron mediante un comunicado.

Además, pidieron la libertad para presos políticos y que cese de la persecución a las personas hostigadas por mostrar su solidaridad con la movilización.

El documento avala el interés para generar un mecanismo de diálogo como “un espacio de interlocución en el que, de entrada, se está rechazando la reforma educativa”. Explica que las personas involucradas en las movilizaciones “estamos haciendo esta presión hacia el gobierno para que revise la reforma educativa, que evidentemente está lejos de fortalecer una política de estado en materia de educación en México”.

El pronunciamiento fue difundido a través de una misiva firmada por destacadas personalidades del ámbito público como: el sociólogo Pablo Gonzáles Casanova; el obispo de Saltillo, Raúl Vera; el defensor de derechos humanos, Miguel Concha Malo; el periodista y académico, Carlos Fazio; entre otros.

Además, se suman a esta petición el padre Alejandro Solalinde; el secretario del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza; los escritores Adolfo Gilly y Gustavo Esteva; los políticos Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Alejandro Encinas; el periodista Fabrizio Mejía Madrid; el poeta Víctor Toledo, entre otros; más de una lista compuesta por 65 connacionales, 57 internacionales (de 16 países), 17 movimientos nacionales y 80 organizaciones pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

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