Publicado en: 8 diciembre, 2018

México. No se trata de actuar por “venganza” sino de hacer justicia para todas las víctimas de la violencia institucional

Por Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

Mientras no se enfrente este fenómeno, donde se incluya la investigación para todos los casos de la desaparición forzada, sólo será una verdad parcial, que no reflejará la realidad que impera en el país, la cual, es de violencia desenfrenada y terrorismo de Estado.

06 de diciembre de 2018

El 1 de diciembre terminó el mandato de Enrique Peña Nieto al frente del Poder Ejecutivo, hombre del régimen que desde el primer día de su administración estuvo alejado de los intereses populares; gobernó durante su sexenio con la política del terrorismo de Estado y la violencia desenfrenada, expresada en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y violaciones a los derechos humanos, cuyas víctimas son incuantificables.

Un sexenio que termina sin enjuiciar y castigar a los autores materiales e intelectuales de los miles de crímenes de Estado, mucho menos escuchar a las víctimas directas e indirectas de esta política execrable. Las heridas que dejó esta administración, producto de la violencia institucional, son difíciles de cerrar, arduas de olvidar o poner punto final a la historia para describir nuevos episodios.

No se pueden olvidar los casos de Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Nochixtlán que se suman al múltiple crimen de Estado que significa el caso Iguala; los periodistas asesinados, luchadores sociales ejecutados extrajudicialmente, defensores de los derechos humanos asesinados, los jóvenes detenidos desaparecidos sin que hasta la fecha se conozca su paradero, las familias asesinadas por elementos de la marina…, entre otros crímenes de lesa humanidad cometidos en la administración de Enrique Peña Nieto que no deben quedar en el olvido.

Las desapariciones forzadas han lacerado cientos de miles de hogares en todo el país, desde revolucionarios, defensores de los derechos humanos, luchadores sociales, activistas políticos y pueblo trabajador, cuyos testimonios señalan la mano directa del gobierno mexicano. Tal es el caso de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, detenidos desaparecidos el 25 de mayo de 2007 por elementos de la policía municipal y estatal, posteriormente entregados a los militares y trasladados al campo militar No 1. Existe una lista enorme de mandos militares, policías y funcionarios involucrados en el cometido del crimen, los cuales, ninguno ha sido detenido, al contrario, los premian con nuevos cargos gubernamentales o son acogidos por partidos políticos como si nada hubiera pasado.

Casos como este hay muchos en todo el país, mismos que no pueden quedar en el anonimato, mucho menos cubrirlos por casos más recientes; son más de 350 mil las victimas del crimen de desaparición forzada, por ende, todos deben ser abordados y tratados en su justa dimensión.

Mientras no se enfrente este fenómeno, donde se incluya la investigación para todos los casos de la desaparición forzada, sólo será una verdad parcial, que no reflejará la realidad que impera en el país, la cual, es de violencia desenfrenada y terrorismo de Estado. El gobierno mexicano tiene una gran deuda con los millones de víctimas directas e indirectas que deja el terrorismo de Estado en la historia de nuestro país, desde el siglo pasado hasta la actualidad, con mayor recrudecimiento en estos últimos 18 años; tiempo difícil de borrar de la memoria colectiva de las masas trabajadoras.

¿Cómo se va olvidar la mirada, sonrisa y presencia de un ser querido?, ¿con qué confianza y seguridad se puede convivir con los responsables materiales e intelectuales de este crimen?, ¿acaso piensan que el pueblo trabajador actúa por resentimiento? Desde luego que no, los intereses mezquinos no son parte de su esencia humana, no es el resentimiento el que lo orilla actuar, es la indignación, la indolencia e impunidad la que despierta al hombre consciente para luchar de manera organizada y exigir justicia.

No se trata de “venganza o perseguir a funcionarios del pasado”, sino de hacer justicia a todas las víctimas de la violencia institucional, en tanto, sean crímenes que lesionan a la humanidad entera es una obligación del Estado respecto a los familiares dar con el paradero de la víctima, conocer las circunstancias en las que se cometió la grave violación a los derechos humanos, así como erradicar esta práctica fascista.

Dar la vuelta a la página de la historia contemporánea de nuestro país es para mantener incólumes a políticos de oficio, cúpulas militares, religiosos y empresarios; quienes, ya sea por omisión, comisión o aquiescencia tienen responsabilidad en esta práctica deleznable. Son los autores de la violencia desenfrenada en toda la geografía mexicana, que a la fecha no ha cesado, al contrario aumenta con el cometido de más crímenes de Estado.

Insinuar que no se va a “perseguir a personeros” es un error, porque, para tener justicia es necesario conocer la verdad, ésta implica señalar desde el elemento que materializó el crimen hasta el agente que lo planeó, puesto que los crímenes de lesa humanidad son sistemáticos y generalizados, entonces no son delitos casuales o espontáneos, obedecen a una política de Estado que tienen la intención de causar el mayor daño posible para minar el descontento o la denuncia política.

¿A caso se puede reponer la vida de un hijo, hija, esposo o esposa ejecutado extrajudicialmente?, ¿las heridas producto de la tortura cometida por elementos del ejército o la marina se pueden olvidar?, ¿quién va a reponer el daño moral causado a los familiares al criminalizar a su ser querido y llamarlo “delincuente o criminal”?, ¿quién va a devolver los bienes inmuebles a las familias despojadas por grupos paramilitares y entregadas a las empresas transnacionales?

No se puede reponer la vida de un hijo masacrado o ejecutado extrajudicialmente, sobre todo si fue criminalizado por las propias autoridades gubernamentales al señalar a los familiares que “su hijo era delincuente”; pero sí se puede hacer justicia y castigar a los perpetradores, no sólo a los materiales sino a los intelectuales, porque sólo así se puede acabar de raíz con esta práctica fascista.

Un ser querido detenido desaparecido es difícil de olvidar, más cuando se conoce a través de testimonios e investigaciones que fue el gobierno mexicano, a través de sus agentes, el autor material e intelectual de este crimen de Estado, que en cadena de mando conduce hasta el ejecutivo federal.

Es necesario conocer la verdad de todas las víctimas de la desaparición forzada, de las ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, tortura y masacres cometidas por agentes del Estado. Mientras no se conozca la verdad histórica de los crímenes cometidos la impunidad permanece y los perpetradores gozan de protección.

La presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos es una demanda justa, como tal, se debe exigir en las calles con denuncia y acciones políticas de masas; alto al terrorismo de Estado es una consigna que permanece, en tanto, los asesinatos, las fosas clandestinas y las desapariciones forzadas incrementen el registro de las víctimas; mientras no desintegren los cuerpos policíacos y militares ni desarticulen el Estado policíaco militar la lucha independiente y combativa tiene razón de existir.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

(FNLS)

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