Publicado en: 11 febrero, 2019

México. Las causas de lucha del pueblo obedecen a demandas sociohistóricas no resueltas

Por Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

Los adjetivos de “conservadores”, “rebeldes sin causa” son descalificativos retrógradas y señalamientos dolosos; los conceptos por sí solos señalan que quien protesta fuera de los marcos de las formas corporativas de organización es tildado de intolerante.

11 de febrero de 2019

 Las causas de lucha del pueblo obedecen a demandas sociohistóricas no resueltas

La protesta popular se realiza ante las condiciones de injusticia que no son solucionadas, son consecuencia directa de la implementación de las reformas neoliberales que conducen a las masas a la precarización material, que niega sistemáticamente los derechos y libertades políticas. Las causas que la determinan obedecen a demandas históricas del pueblo trabajador no resueltas.

El actual titular del ejecutivo federal se enfrascó en una serie de declaraciones donde supuso que la movilización del magisterio democrático en el estado de Michoacán se debe a una actitud “provocadora”, “conservadora”, “antidemocrática”… y toda una plétora de descalificativos con los cuales pretendió omitir las profundas razones que hay para la acción política de masas.

No creemos que sea de su desconocimiento que la reforma neoliberal no dejó de implementarse aún con el arribo de un partido distinto a la administración federal, que existen más de 30 mil docentes en la incertidumbre laboral porque están retenidos sus pagos, o que hay más de 4 mil egresados de las normales oficiales que laboran bajo contrato y se les niega la plaza base, en síntesis, los efectos de la reforma educativa neoliberal sigue su curso aún en tiempos de la denominada “cuarta transformación”.

Tal andanada de adjetivos descalificativos sugieren que únicamente fue “válido” luchar cuando el actual jefe de Estado fue oposición, cuando él personalmente incitó a la movilización para tomar los pozos petroleros en el estado de Tabasco, en aquel entonces no se les denominó acciones de “sabotaje” a la acción popular; esta forma de observar el fenómeno sí se acerca más a una posición conservadora que absolutiza el término de las desigualdades sociales de manera mecanicista.

Luchar por mejorar las condiciones de vida y trabajo nunca constituirá un delito, organizarse fuera de los marcos corporativizantes no es motivo de descalificación, organizarse de manera independiente no debe ser motivo de estigmatización, hacerlo habla de la visión maniquea, de la intransigencia hacia el pueblo que opta por determinada forma de lucha.

Los adjetivos de “conservadores”, “rebeldes sin causa” son descalificativos retrógradas y señalamientos dolosos; los conceptos por sí solos señalan que quien protesta fuera de los marcos de las formas corporativas de organización es tildado de intolerante, que lo mueven intereses “ajenos” o que únicamente lo mueve la testarudez de ir contra la “transformación”.

Desde el gobierno federal se asume una posición de juzgado de lo moral para determinar quién tiene derecho a organizarse o qué movilizaciones son buenas o no; sostener tales aseveraciones nos coloca en el planteamiento que sólo fue válido luchar, organizarse y desarrollar acción política cuando la nueva administración era oposición. Un planteamiento de esa naturaleza sí es conservador y apunta hacia lo reaccionario porque en la vía de los hechos coarta los derechos a libre manifestación de ideas, a la organización, al trabajo, a la vida, a la protección de su seguridad y la de su familia.

Suponer que en el movimiento popular existen “rebeldes sin causa” es una acusación muy tendenciosa porque en el acto fulmina las razones socioeconómicas que condenan al pauperismo a millones de trabajadores. Los efectos de las reformas siguen su curso y sus efectos son cada vez más palpables por lo que no pueden ser obviadas únicamente como un acto de buena fe al nuevo gobierno.

¿Acaso es un capricho que los trabajadores de la educación realicen paro de labores con diversas acciones políticas? Desde luego que no, en dicho acto de protesta vemos que la movilización de los docentes tiene más de 30 mil razones para la movilización, ya que son 35 mil profesores quienes no reciben su salario y si esto lo multiplicamos por otras tres bocas que integran su familia, por lo menos por cada una de esas razones nos dan más de 100 mil razones para la protesta y la implementación de acciones políticas de masas.

Esa concepción es muy lamentable porque supone que existe un empecinamiento desde el magisterio para “provocar” al gobierno federal a la represión, trata de encuadrar las acciones políticas de masas en la diatriba personal contra el personero del ejecutivo federal, como si las movilizaciones fueran un capricho personal. Arremete contra la forma en que se manifiesta el descontento magisterial y expresa la protección de los intereses oligarcas, quienes son los que exigen a diario retirar a los docentes de sus actividades políticas; la esencia de estas movilizaciones tiene sus orígenes en la reforma educativa impuesta en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que a la fecha no ha sido derogada.

La reforma educativa es una medida neoliberal impuesta en el país a través del Pacto por México, cuyo propósito principal es convertir la educación pública en una vil mercancía y coartar de tajo los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de la educación. Hoy las bases magisteriales exigen el cumplimiento de la promesa de campaña, echar abajo la reforma y no actos de demagogia institucional de la cual ya obtuvieron de sobra con las anteriores administraciones.

No hay rebeldía sin causa, no es una diatriba personal, no hay intransigencia contra la “transformación”, las razones para la movilización de los trabajadores de la educación son justas y legítimas, que desde hace más de tres años denunciaron y no fueron tomados con seriedad; la dilación de funcionarios a las justas demandas tarde o temprano se iban a hacer presentes en esta administración, sin que eso redunde en cuestionar la “buena voluntad” de titular del ejecutivo en turno.

Las acciones políticas de masas son expresión de la crítica política del pueblo organizado o no organizado, es la acción consciente ante las políticas impuestas por el régimen, medidas que afectan la vida y trabajo, independientemente de las formas en que se manifieste esta inconformidad es legítimo manifestarla en la exigencia de mejores condiciones de vida.

Lo que está en la mesa de discusión con los trabajadores de la educación en Michoacán es el incumplimiento de los compromisos del gobierno estatal, por otro lado la política del gobierno federal de mantener firme la reforma educativa. El problema tiene raíz directa en la implementación de la reforma educativa que lesiona a los trabajadores de la educación.

Endosar la imposibilidad de llegar a acuerdos a organizaciones que brindan la solidaridad es una actitud perversa del Estado mexicano porque la solución a las demandas está en la responsabilidad política del ejecutivo federal y estatal. No llegar a acuerdos tiene punto de partida en condicionar el diálogo, pretender que las bases magisteriales negocien de rodillas y en la actitud despótica de personeros de la política oficial.

La solidaridad entre hermanos de clase es histórica, desde hace años la han manifestado ante las injusticias de las administraciones, independientemente de quien esté en la silla presidencial, con un volante, alimentos, presencia física, ropa, apoyo económico, entre otras formas que surgen de la creatividad del pueblo, entonces, ¿por qué se estigmatiza la solidaridad de organizaciones populares hacia los trabajadores de la educación?, ¿ya se le olvido al ejecutivo federal que recurrió a esas mismas formas solidarias del pueblo?

La transformación del país empieza con atacar de raíz el mal, ésta empieza por transformar la base económica que sostiene el modo de producción actual, fundamentada en la propiedad privada, en la explotación económica y la opresión política; en la pobreza y miseria que azota a más de 90 millones de masas trabajadoras, fenómenos inherentes al capitalismo.

Los que luchamos por el socialismo tenemos el derecho a organizarnos de manera independiente, a impulsar las formas demológicas de organización de lucha que demande el momento político e histórico, a pensar bajo determinada concepción política y filosófica, a asumir ideológica y conscientemente principios políticos que nos conduzcan a la superación cualitativa de modo de producción capitalista.

Los luchadores por el socialismo tenemos el derecho a organizarnos por la vía independiente y a ejercer la crítica al régimen, a los políticos de oficio, a los que oprimen y explotan al pueblo. No vamos a dejar de ejercer este derecho político y constitucional, denostar nuestra forma de lucha nos habla de la inmadurez política y de los artilugios a los que recurre el oportunismo para acallar las voces críticas al régimen, sobre todo aquellas que luchan por el socialismo en México.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

(FNLS)

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