Publicado en: 1 febrero, 2018

México. La represión contra los trabajadores de la educación es política de gobierno

Por Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

Los represores ocupan un cargo público, a nombre del pueblo imponen políticas que atentan contra la vida y la dignidad porque generan más hambre y miseria, en contrapartida generan más privilegios para los que tienen el poder económico y por ello son recompensados con canonjías o dadivas.

31 de enero de 2018

La represión contra los trabajadores de la educación es política de gobierno, así queda constatado con los recientes acontecimientos en Michoacán, donde se ejecuta una medida antipopular para intentar frenar la lucha del magisterio democrático organizado en la Coordinadora de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en la defensa de los derechos a la educación pública, gratuita y al trabajo. Fenómeno visible con mayor nitidez desde la imposición de facto de las reformas neoliberales, entre ellas la educativa.

La reforma educativa, hoy hecha ley, anula de facto los derechos a la educación pública y gratuita, al trabajo y al sindicalismo independiente, porque hace del derecho a la educación un jugoso negocio que es entregado a la oligarquía agrupada en el grupo empresarial Mexicanos Primero, quienes tienen acciones fundamentalmente en la industria del ramo papelero; asimismo las grandes financieras se verán beneficiadas porque otorgarán créditos a la juventud para poder continuar con sus estudios. Con esta política neoliberal sólo podrán estudiar aquéllos que tengan capital, hecho que convierte en una vil mercancía a la educación.

El trabajo y por ende la vida de los trabajadores de la educación está en juego porque su sustento cotidiano y la manutención de su familia pende de un hilo ante la imposición de esta reforma, principalmente porque los despidos injustificados son un hecho inminente para favorecer la subcontratación de docentes, por lo tanto, las filas del desempleo se incrementarán de forma estratosférica.

Las diversas acciones políticas que emprenden los trabajadores de la educación son legítimas, porque a través de ellas hacen valer sus derechos y libertades políticas que les son negados de manera sistemática por los gobiernos federal de Enrique Peña Nieto y el estatal de Silvano Aureoles Conejo, políticos de oficio que les caracteriza la condición profascista y antipopular de sus gobiernos, personajes que irradian actos demagogos ante las necesidades e intereses del pueblo trabajador.

Silvano Aureoles Conejo gobernador del estado de Michoacán se ha distinguido por su política antipopular y profascista contra el pueblo organizado y no organizado en esta entidad, representante de la política institucional que ante los medios de comunicación se jacta de que es de “izquierda”, se llena la boca con discursos banales para decir que va a “solucionar” los problemas del pueblo, sin embargo, la realidad es otra porque la expresión de su gobierno es de represión y terrorismo de Estado. Sobre su gobierno pesa la responsabilidad de ejecuciones extrajudiciales, detenciones desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura, cárcel por motivos políticos y represión contra el pueblo trabajador.

Los testimonios de los familiares de las víctimas, de las organizaciones populares, magisteriales, sindicales, campesinas e indígenas evidencian esta política criminal que en nada se distingue de la política federal del gobierno de Enrique Peña Nieto; sólo se plegó servilmente a los designios del gobierno federal para militarizar el estado y proteger con la bota militar los intereses del capital monopolista transnacional.

En tiempos electorales Silvano prometió un sinfín de soluciones, visitó varios municipios, comunidades indígenas para asegurar el voto a su favor, pero en la medida que pasa a formar parte del gobierno del estado de Michoacán se olvida del pueblo trabajador y de las promesas que hizo; la solución que en un momento prometió se volcó en represión, criminalización de la pobreza y protesta popular, crímenes de Estado y de lesa humanidad así como entregar en bandeja de plata los recursos naturales y energéticos al capital nacional y del extranjero.

A pesar de que es militante del Partido Democrático Revolucionario (PRD) y sostener su militancia de “izquierda” es parte de la estructura política de un gobierno antipopular, los hechos dicen más que mil palabras, como ejemplo está en el estado de Guerrero, un gobierno perredista que cometió ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, contra estudiantes normalistas, luchadores sociales, periodistas, defensores de los derechos humanos y pueblo en general. Otros estados como Chiapas y Oaxaca son algunos de los estados que desde el poder ejecutivo estatal en sus alocuciones dicen ser progresistas, pero en los hechos reprimen y cometen crímenes de Estado y de lesa humanidad.

Los represores ocupan un cargo público, a nombre del pueblo imponen políticas que atentan contra la vida y la dignidad porque generan más hambre y miseria, en contrapartida generan más privilegios para los que tienen el poder económico y por ello son recompensados con canonjías o dadivas que les asegura el bienestar de su familia por generaciones, en ese sentido, ¿el pueblo trabajador tiene que votar por este tipo de verdugos, por políticos de oficio que sólo representan los intereses de la oligarquía?

Una reflexión a hacer porque en plena campaña electoral, distintos políticos de oficio, candidatos de los partidos políticos gubernamentales, mediante la verborrea oficial de acabar con la pobreza, miseria, corrupción… entre otros eufemismos que paulatinamente pierden credibilidad ante la realidad objetiva que vive en su cotidianidad el trabajador, ama de casa, estudiante, profesionista, periodista, la cual está rodeada de salarios raquíticos, hambre, miseria, muerte por enfermedades curables, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura.

Diputados y senadores perredistas avalaron una reforma educativa de carácter neoliberal, a nombre de la educación avalan una ley que oprime a los trabajadores de la educación, anula el derecho al trabajo y abre las puertas a la iniciativa privada para ofrecer como mercancías la fuerza de trabajo del docente. Hoy se sienten los efectos de esta reforma hecha ley que genera despidos injustificados, no tienen el pago inmediato de sus adeudos salariales y prestaciones laborales, para los estudiantes normalistas no hay plaza base para los egresados, lo que conlleva a competir por un empleo, es la lógica del capital, meter en una competencia voraz e insana al pueblo trabajador, no importa si es su hermano de clase, con tal de satisfacer el bienestar individual.

En nombre de esa reforma se mete a la cárcel a los que resisten con acciones políticas de masas sus derechos; ante esa resistencia y organización son sometidos a tratos crueles inhumanos y degradantes, ante los medios de comunicación los presentan como “delincuentes” y “vándalos” para justificar la represión. Es claro que la política que desarrollan estos políticos de oficio, se digan de derecha, izquierda o de centro es la misma y está creada contra el pueblo, principalmente contra el que está organizado fuera de los marcos corporativizantes y se conducen por la vía independiente.

Un aspecto nos queda claro, la mentira, el engaño y la estafa son la base de esta política que panistas, priistas, perredistas y verde ecologistas tienen como sustento en sus gobiernos. En esas condiciones, políticamente lo más adecuado para el pueblo trabajador es no votar por los responsables de la miseria y pobreza, no votar por quienes desde su primer día de gobierno lo reprimen y lo hunden cada vez más en la miseria.

El pueblo no debe votar por aquéllos políticos de oficio que el día de mañana, en lugar de resolver las necesidades del pueblo lo agravan, lo reprimen y criminalizan por exigir sus derechos. Señal de que el abstencionismo político es una forma consciente de condena y rechazo a un gobierno que cada vez está más alejado del pueblo.

Silvano pasa a la historia moderna de nuestro país como un político demagogo, hoy es un gobernador perredista que representa en los hechos los intereses de unos cuantos privilegiados, al igual que su partido de popular y democrático no tiene nada, su único interés es garantizar sus cotos de poder. Un personaje que labró su carrera política a costa de la sangre del pueblo trabajador, por eso debe ser condenado como un criminal de Estado.

A los compañeros trabajadores de la educación los saludamos combativamente, no son momentos de claudicar, deben estar atentos a cada una de las propuestas que emanen de las bases para objetivarlas en hechos concretos que permitan la defensa de los derechos laborales y educativos del pueblo trabajador.

Luchar por la educación pública y gratuita, así como por derechos laborales y sindicales no es un delito, éstos son producto de la lucha que emprendieron generaciones, algunos dieron la vida para hacer valer cada uno de ellos, no permitamos que el Estado mexicano e  individuos contrarios a los intereses del gremio nos la arranquen de tajo, hoy más que nunca las acciones políticas de masas se deben generalizar en las calles; la denuncia política es una necesidad en todo espacio público que permita difundir la justeza de nuestra lucha hasta desenmascarar esta política criminal.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

(FNLS)

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