Publicado en: 22 marzo, 2019

México. ¿La justicia para cuándo?

Por Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

Es absurdo y ridículo que en el caso de una desaparición forzada, el juez solicite a la víctima directa que se presente a firmar para “ratificar” que está en esa condición deleznable.

Ciudad de México a 20 de marzo de 2019

¿La justicia para cuándo?

La justicia es una demanda de los familiares de las víctimas que fueron sometidas a graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, tratos crueles como tortura, vejaciones, violación sexual o desplazamientos forzados, entre otros considerados dentro del derecho internacional. Crímenes de Estado que en México se contabilizan en cientos de miles las víctimas directas e indirectas de estos aborrecibles actos.

Acceder a la justicia de manera pronta y expedita es un derecho que los Estados están obligados a garantizar a las personas que fueron transgredidos sus derechos y libertades políticas. Pactar los recursos y procedimientos legales para las víctimas es con la finalidad de conocer la verdad de los hechos, el contexto político en el que se cometió el crimen, quién o quiénes lo cometieron, de lo contrario, el crimen permanece, la persona persiste en calidad de víctima directa.

Para los familiares de las víctimas de la violencia institucional en México, el acceso a la justicia es una promesa que únicamente queda en la retórica oficial, lejos de que las autoridades garanticen las medidas necesarias para alcanzarla obstaculizan el proceso legal a fin de que se desanimen y olviden la condición en la que se encuentra su ser querido.

El sistema de justicia en el país no está diseñado para garantizar la protección del pueblo explotado, al contrario, es una medida de control para las masas trabajadoras que están organizadas fuera los marcos institucionales, para mantener el estado de cosas actual de las organizaciones que han sido corporativizadas; y, extender el manto de impunidad a los perpetradores.

En los casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidos en el país son crímenes de lesa humanidad que laceraron y laceran en la actualidad al pueblo trabajador, cientos de miles de víctimas están en esa condición inhumana, de las cuales a la fecha no existe claridad en las instituciones para dar con su paradero y acceder a una investigación pronta y expedita.

Es absurdo y ridículo que en el caso de una desaparición forzada, el juez solicite a la víctima directa que se presente a firmar para “ratificar” que está en esa condición deleznable, a la vez es perverso que una autoridad sin el menor remordimiento solicite su presencia, además de sentenciar que si no se presenta da por cerrado el caso. Acto indolente de todo el sistema de justicia que se encuentra imbuido de absurdos leguleyos cuyo objetivo es escamotear la justicia para las víctimas y sus familiares.

Condición en la que se encuentra el compañero Fidencio Gómez Sántiz, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), quien el 5 de marzo de 2016 fue detenido desaparecido en la ciudad de Ocosingo, Chiapas. Desde esa fecha se emprendió una lucha política, jurídica y de derechos humanos con los familiares para exigir su presentación con vida.

En el aspecto jurídico se interpuso un amparo indirecto para restituir los derechos violentados a Fidencio. Recurso jurídico que desde el año 2016 reside en las dependencias del Poder Judicial de la Federación en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y hasta agosto de 2018, esta institución da respuesta con un artificio legal para que el compañero se presente a ratificar sí está en esa condición de desaparición forzada.

Después de dos años de haber interpuesto el recurso jurídico, el juez indica que necesita su presencia. Trámite burdo que se burla de la condición inhumana en la que se encuentra la víctima directa, además de poner en un estado de angustia y desesperación a los familiares para que desistan de su derecho a la justicia.

Condición similar es el caso del compañero Humberto Morales Sántiz, quien fue ejecutado extrajudicialmente el 28 de febrero de 2017. Dos años de impunidad, dilación, burocratismo por parte de las instituciones y funcionarios, política de gobierno que obstaculiza el acceso a la verdad y a la justicia. Pese a que está ampliamente documentado vía jurídica, política y derechos humanos no existe señal de interceder por parte de las autoridades.

Otro caso es el de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, detenidos desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, por elementos policíacos y militares; pese a estar ampliamente documentada la desaparición forzada cuya responsabilidad es del Estado mexicano, éste responde con el cometido de más crímenes de lesa humanidad para impedir el derecho a la justicia, a la verdad, a conocer el paradero de las víctimas y enjuiciar a los perpetradores.

La disculpa pública de un funcionario ante graves violaciones a los derechos humanos no es suficiente, en los hechos expresa una actitud indolente, al no reconocer los múltiples derechos a los que fueron violentados las víctimas, además de evitar que los responsables sean enjuiciados y castigados, obstaculizar el derecho a la verdad de los hechos, así como los motivos políticos por lo que se cometió un crimen de tal magnitud.

Veracruz es una de las entidades federativas con mayores índices de violencia, que pese al cambio de administración ésta continúa con más de 366 asesinatos en un período de tres meses; es decir de tres a cuatro asesinatos por día. Acontecimiento que expresa la continuidad de la violencia institucional y el terrorismo de Estado, política que no se combate con deseos de buena voluntad.

Fenómenos inherentes al modo de producción capitalista que se combaten en la medida que se transforma de raíz la base económica que lo sostiene, se modifican las relaciones sociales de explotación y opresión, así como eliminar la concentración de la riqueza social en unas cuantas manos. Caso contrario es la continuación del cometido de estos crímenes de Estado y de lesa humanidad.

La exoneración de 21 personas, entre ellos ocho agentes y funcionarios del estado de Veracruz por los delitos de delincuencia organizada es un indicativo de la impunidad con la actúan las instituciones y autoridades respecto a delitos graves donde implica la participación del Estado en el cometido de estos flagelos. Estos agentes están relacionados con la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de cinco jóvenes en Tierra Blanca.

En los hechos expresa la política gubernamental para con los familiares que exigen la presentación con vida de su ser querido, así como juicio y castigo a los perpetradores, no hay ninguna garantía para acceder a la justicia ni obtener certeza de que los responsables materiales e intelectuales serán castigados conforme a lo establecido al derecho internacional.

Casos como esos hay muchos en toda la geografía mexicana, lo que expresamos es sólo una particularidad de las experiencias dolorosas e indolentes que enfrentan los familiares de las víctimas ante las instituciones, funcionarios y agentes policíacos cuando exigen la presentación con vida de su ser querido.

La administración actual no hace lo necesario para garantizar el derecho a la justicia, hasta el momento son insuficientes sus actos para resarcir medianamente el daño creado a las masas trabajadoras. Por el contrario, el hostigamiento e intimidación hacia a los familiares, organismos defensores de los derechos humanos y organizaciones populares  para desistan de su lucha son cada vez más evidentes.

Razones que expresan la necesidad de continuar con la denuncia y acciones políticas de masas son muchas, en cada una de las víctimas del terrorismo de Estado se encuentra un aliciente para mantener en alto las banderas de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, así como demandar juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales.

El perdón no basta, sólo es un trámite leguleyo que abona a la impunidad que pretende conducir a silenciar a las víctimas y mantenerlas en el olvido; mientras esta política dilatoria persista, existirán cientos de miles de razones para consignar en las calles y movilizarnos con acciones combativas de las masas trabajadoras para exigir justicia.  ¡NI PERDÓN NI OLVIDO, JUICIO Y CASTIGO A LOS CRIMINALES DE ESTADO!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

FNLS

COLABORA CON KAOS