México. Faltan miles de detenidos desaparecidos en sus hogares porque la impunidad encubre a los criminales de Estado

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 Ciudad de México a 25 de mayo de 2020

A la opinión pública

Faltan miles de detenidos desaparecidos en sus hogares porque la impunidad encubre a los criminales de Estado

Los detenidos desaparecidos aún son esperados en sus hogares, la exigencia sigue firme de que sean presentados con vida. Es inadmisible otorgar el indulto a quien perpetró semejante calamidad como la desaparición forzada, el perdón es incompatible con la impunidad que encubre a los responsables de crímenes de lesa humanidad, por ello, la justicia es una demanda pendiente.

La desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya ilustra la sistematicidad en la ejecución del crimen y a la vez el proceso de extender todo el manto de impunidad a los perpetradores. A 13 años del cometido de ese abominable hecho, no existe indicio alguno para dar con su paradero, enjuiciar a los responsables y ejercer medidas para que el pueblo no pueda pasar por este tipo de flagelos.

Exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos no es un asunto de sanidad, es un tema político que es relegado con el pretexto de la pandemia mundial. Colocados en contraste, son más las víctimas de crímenes de lesa humanidad que las provocadas por la nueva cepa viral, cuyo efecto no tiene parangón, porque en la represión hay elementos directos sobre quien fincar responsabilidades.

La imprescriptibilidad de la desaparición forzada es nodal para que la responsabilidad del hecho recaiga en el titular del Estado mexicano en funciones, de tal manera que no hay ningún empecinamiento en exigir al gobierno en turno la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, máxime cuando éste se encumbró en la presidencia de la República a través de la promesa de justicia y cero impunidad.

Fueron funcionarios de esta administración quienes impugnaron el fallo de un tribunal colegiado, en cuya sentencia sostenía la necesidad de citar a comparecer a mandos militares, así como abrir las instituciones castrenses al escrutinio de familiares, organismos defensores de los derechos humanos y pueblo en general. Fue la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía General de la República (FGR) quienes decidieron colocar trabas para dejar asentado una resolución judicial que sería única en su tipo.

La actitud asumida por la SEDENA y la FGR se separa diametralmente de lo proyectado por el titular del Ejecutivo federal, quien con insistencia aseguraba que la impunidad no estaría aceptada en esta administración, ello redundó en actos demagógicos que buscaron ganarse a adeptos para favorecer el robo de banderas del movimiento de víctimas de la desaparición forzada.

No hay sustento en la política del combate a la corrupción y la impunidad, cuando los principales señalados en el cometido de crímenes de lesa humanidad siguen en funciones en las instituciones que se supone deben procurar seguridad.

La violencia institucional sigue en aumento y cobra nuevas víctimas. Resulta paradójico que en aquellas entidades gobernadas por MORENA sean las que destacan por sus saldos nefastos contra las masas trabajadoras. Chiapas es el distintivo en toda esta espiral de violencia, bajo la tutela de la administración federal, la lista de presos, desplazados y ejecutados extrajudicialmente es amplia.

La militarización es sostenida mediante un decreto presidencial, lo cual dista mucho de aquella promesa que aseguró que los militares regresarían a sus cuarteles. La incongruencia entre la afirmación en el discurso y la materialización en los hechos es el distintivo de la actual administración, en ello queda objetivada la esencia que caracteriza a un gobierno que sólo manifiesta variaciones de matiz.

La propuesta gubernamental de otorgar el perdón, pero el olvido no es incompatible con la necesidad de miles de familias proletarias llevan varios años en la espera de que sus familiares retornen a sus hogares o que haya un indicio que pueda dar con el paradero de la víctima.

Las heridas que dejó el terrorismo de Estado en las administraciones pasadas hoy son minimizadas y los responsables de causarlas protegidos con el manto de la impunidad, pese a la promesa de atender cada uno de los casos que represente un crimen contra el pueblo.

Aquellos casos donde la responsabilidad de los cuerpos policíaco militares es un hecho irrefutable son condenados al olvido, sólo figura en la estadística oficial lo que le pueden redituar reflectores mediáticos, aunque esta atención a la larga devenga en simulación y burocratismo.

La necesidad de presentación con vida es un hecho real e inobjetable, no es posible insistir a un familiar que dé vuelta a la página para que mire hacia adelante, nadie puede pedir una cosa así a un familiar que diariamente se pregunta en qué condición estará su ser querido.

La incertidumbre es taladrante de donde la única manera de resarcir mediamente el daño es con la presentación con vida, el esclarecimiento sobre su paradero, las motivaciones que condujeron al cometido de tan abominable crimen, así como el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales.

La prisión por motivos políticos es la particularidad de la violencia institucional, esta condición se observa con mayor nitidez en el estado de Chiapas, donde las cárceles están abarrotadas de luchadores sociales, activistas políticos, comuneros, colonos, en suma, quien se organice y defienda sus derechos es considerado un enemigo y la cárcel es un hecho real o la ejecución extrajudicial.

La administración de Rutilio Escandón Cadenas es quien más represión ha ejercido en los últimos años, bajo las banderas de la “transformación” es donde se han cometido más crímenes. Es durante el gobierno morenista en el que hay más presos políticos, entre ellos nuestros compañeros Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar y Asunción Gómez Sánchez, integrantes del FNLS; Juan Díaz Montejo y Rosa del Carmen Hernández integrantes del FDROC quienes en esta administración siguen en prisión domiciliaria.

La contingencia sanitaria sirve de parapeto para imponer medidas autoritarias, para silenciar la voz de denuncia, para coartar el derecho a la protesta so pretexto de sufrir el contagio y perecer por ello. Lo que no advierte la autoridad gubernamental es que la angustia y la zozobra también genera víctimas mortales y laceraciones al organismo de quien padeció el cometido de un crimen de lesa humanidad.

No toda la sociedad vive con los mismos riesgos, las masas trabajadoras deben sortear diariamente la posibilidad del contagio para poder subsistir, en ello no hay nada de heroísmo mas que la necesidad de garantizar la supervivencia. Por ello, quienes más expuestas y con mayores riesgos de perecer son los trabajadores asalariados.

La presentación con vida de los detenidos desaparecidos y la libertad de los presos políticos no es un asunto de salubridad, es ante todo un tema político que puede tener solución con o sin pandemia.

Movilizarse y retornar a las calles con la protesta se convierte en un acto de supervivencia, porque mientras la autoridad siga con la imposición de medidas autoritarias, el hambre, la miseria, las enfermedades curables o el covid-19, serán los flagelos que deben soportar las masas trabajadoras.

Por cada detenido desaparecido, por cada preso político, son mil razones para luchar, mientras en las mazmorras del Estado existan hijos del pueblo que son castigados por sus convicciones ideológicas y su decisión de lucha, habrá la necesidad de hacer de la calle una tribuna de denuncia y de movilización popular.

Atentamente

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

FNLS

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