Publicado en: 29 marzo, 2019

México. El intento por desaparecer a los detenidos desaparecidos significa borrar la memoria histórica del pueblo

Por Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

Es inadmisible utilizar el dolor de las familias para medrar con él, emplear la justa exigencia de presentación con vida de sus seres queridos. No sólo se trata del “fruto podrido” del neoliberalismo sino que significó la imposición del terrorismo de Estado como política de gobierno.

Ciudad de México a 28 de marzo de 201

La política de cercenar la cifra de las víctimas de la desaparición forzada y la utilización inadecuada de la terminología para referirse a este crimen de lesa humanidad significa el intento gubernamental de desaparecer a los detenidos desaparecidos, de borrar de la memoria histórica del pueblo, cada rostro, nombre y apellido.

No debe existir confusión en la conceptualización del crimen de lesa humanidad como la desaparición forzada, en tratados internacionales de derechos humanos se encuentra ampliamente definida. No es un asunto de semántica o gramatical, tampoco una simplificación sintáctica, utilizar cualquier otra fraseología significa el intento de imponer una formulación ideológica de manera soterrada.

Es verdad que una gran las desapariciones forzadas o detenciones desapariciones no fueron cometidas en la actual administración, esa puede ser la “herencia dolorosa” a la que se hace referencia desde el ejecutivo federal, empero, como jefe de Estado adquiere otra connotación en tanto tiene las capacidades jurídicas y políticas para resarcir medianamente el daño cometido a millones de familias mexicanas.

Es ilustrativo el hecho de que en los albores de la contienda electoral la voz de quien ocupa el escaño más alto de la política institucional hiciera referencia a la existencia de más de un millón de víctimas de la violencia en México, sin embargo, ahora que se encuentra investido con la figura presidencial la cifra es mutilada considerablemente.

No es la herencia de 40 mil “desapariciones” son muchas más las víctimas de este flagelo. La estadística es fría e indica que por cada desaparición forzada hay por lo menos diez que no se denuncian, por lo que la cifra podría rebasar las más de 400 mil víctimas directas, en relación a las víctimas indirectas la cifra es incuantificable dado que cada hombre o mujer sometido a esta condición tiene una familia, un hogar y a un pueblo.

Es inadmisible utilizar el dolor de las familias para medrar con él, emplear la justa exigencia de presentación con vida de sus seres queridos. No sólo se trata del “fruto podrido” del neoliberalismo sino que significó la imposición del terrorismo de Estado como política de gobierno.

Asumir tales argumentos trata de aludir que ante el “término” de la política neoliberal los crímenes de lesa humanidad van a desaparecer de manera cuasi mágica. El cometido de tales flagelos tuvo como brazo ejecutor al Estado policíaco militar.

Conocer la verdad sobre los hechos que desangraron a las masas trabajadoras no es un asunto de recursos económicos, de “austeridad republicana o pobreza franciscana”, se trata de que las autoridades gubernamentales develen el hilo conductor del cometido de múltiples crímenes de Estado, los cuales están al amparo de la impunidad que brinda el actual estado de derecho.

Reducir la justicia al aspecto monetario para que fluyan los “recursos ilimitados” en la Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP) es una maniobra sutil que en los hechos abona a mantener el manto de impunidad sobre los perpetradores, porque, si hasta el momento aún no se les presenta con vida no es precisamente por falta de recursos económicos.

Resulta loable que algunos titulares de dependencias gubernamentales se incorporen a trabajos de campo en la búsqueda de los detenidos desaparecidos, no obstante, quizá deban detenerse un momento y direccionar su política en determinar ¿Quién cometió tales actos? ¿Cuál es la responsabilidad de las estructuras castrenses? Y, fundamentalmente, enfocar sus esfuerzos a la búsqueda con vida y entre la muerte.

Los “conservadores”, concepto al que hace referencia la voz oficial, vituperan y graznan sobre el ejecutivo los epítetos de “populismo”. La crítica que esboza el movimiento popular nada tiene que ver con tales subterfugios. Es deber del sujeto consciente exponer los fenómenos en su exacta dimensión aunque en ello exista diferencia diametral con lo que expone la versión institucional.

En febrero del presente año la oficina de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Territorio delegó a la Dirección de Estrategias para los Derechos Humanos atender los casos de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos contra integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), concretamente el caso de la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz en Chiapas; el intento de ejecución extrajudicial de cinco compañeros en la Ciudad de México; la ejecución extrajudicial del compañero Humberto Morales Sántiz en Chiapas, sin embargo, esta cita fue pospuesta sin que haya respuesta hasta el momento.

Existen casos donde está comprobada la participación de mandos policíacos y militares de alto rango, tal es la situación de la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya del PDPR-EPR, sobre éste hay recursos jurídicos y de derechos humanos que lo colocan como el más paradigmático de la historia reciente del país.

La solución y atención sobre este caso en particular no es un asunto de insuficiencia de recursos económicos, es la impunidad que promueven las instituciones gubernamentales por tratarse de un caso que devela la objetivación de crímenes de lesa humanidad como política de gobierno, que denuncia la existencia del terrorismo de Estado para intentar inhibir la lucha por los cambios que demanda nuestra sociedad.

Desde gobiernos anteriores se procura la impunidad a los perpetradores, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto no presentaron con vida a los detenidos desaparecidos heredados del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, lejos de dar con el paradero de las víctimas continuó con el cometido de este tipo de crímenes al punto que hoy son más de 400 mil las víctimas de este flagelo.

Los responsables de objetivar el terrorismo de Estado son los cuerpos represivos, es toda la estructura policíaco militar la encargada del cometido de múltiples violaciones a los derechos humanos, por ello no se puede exigir la confianza ciega a quienes son los artífices de esta ola de terror que enlutó a miles de hogares que condujo a la zozobra permanente a familias por la ausencia forzada de un ser querido.

No es posible obviar la conceptualización adecuada del fenómeno, argüir que sólo son desapariciones es quitar la esencia política con el que se cometen tales crímenes. Los detenidos desaparecidos no están en esta condición por obra de fuerzas desconocidas ni por voluntad propia, sobre sus personas se objetivó un crimen con el claro propósito de extender el dolor más allá de los vínculos familiares.

No es el empecinamiento de las organizaciones populares, de los colectivos de derechos humanos ni de las familias exigir una adecuada tipificación del crimen. Por muy sutil que parezca la diferencia, ésta es sustancial. En el concepto de desaparición forzada o detenido desaparecido va implícita la participación de un agente de Estado en su cometido o toda una amalgama de responsabilidades de instituciones gubernamentales.

Los familiares de víctimas no deben dejarse seducir por las promesas esperanzadoras que emanan del gobierno mexicano, es verdad que existe una actitud que lo diferencia a las administraciones pasadas, sin embargo, la respuesta respecto a la justicia sigue en el aire. Investido con la responsabilidad más alta de la vida política en el país está obligado a atender a todas las víctimas de crímenes de lesa humanidad y a ejercer la justicia contra los que resulten responsables.

Explicar el fenómeno de que el terrorismo de Estado se debe al actuar de la “delincuencia organizada o a grupos del narcotráfico” abona a la ruta de la criminalización de la pobreza, no todo el que es pobre es sinónimo de delincuente de manera mecánica, mucho menos todos los que caen bajo la violencia institucional son pertenecientes a grupos delincuenciales. Si se quiere diferenciar realmente de los sexenios antecesores es preciso que coloque en su justa dimensión cada caso en particular.

¿Dónde quedaron las más de un millón de víctimas que se denunciaron en su otrora pasado como candidato presidencial? Hoy con el título que ostenta está en plena capacidad de colocar nombre y apellido a cada una de ellas y no reducir la de por sí mutilada cifra del horror en México.

Movilizarse es un derecho al que las masas trabajadoras no podemos renunciar, mantener la denuncia de cada acto represivo es una responsabilidad política, sostener la exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos es una demanda legítima.

Razones para continuar con las acciones políticas de masas hay muchas, cada hombre, mujer, hijo, hermana, padre, madre… víctima de los flagelos represivos son un aliciente para mantener el rumbo firme; mientras los crímenes contra el pueblo no sean esclarecidos y castigados, la consigna DE JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES retumbará en las calles.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

FNLS

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