México: El derecho a la salud agoniza

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¿Quién no ha sufrido una emergencia de salud y a la hora de pedir la atención médica se estrellan con una realidad cruel? Lejos de ayudar de forma eficaz o de interesarse por la salud del paciente, con lo único que nos encontramos es con un sistema burocrático, al que le interesa más si estás o no afiliado a alguna institución de salud del Estado. Esta situación no puede tomarse a la ligera en un México donde la población llega a 119 millones 530 mil 753 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Deberíamos preguntarnos: ¿el gobierno realmente está preparado para atender las necesidades de salud de toda su población?, ¿realmente le interesa a nuestro gobierno proveer a todas y todos del bienestar en temas de salud? o ¿la protección de la salud es un derecho de todos los mexicanos?

Frente a estas interrogantes podemos revisar el artículo 4 de nuestra Constitución, el cual establece: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general […]”. Lo anterior nos hace suponer que el derecho a los servicios de salud es un bien que los ciudadanos esperan sea distribuido de manera justa a todos y que sea responsabilidad del Estado garantizarlo. Sin embargo, las reformas impuestas al sistema de salubridad en 2003 definen mejor cómo es que se proveerá la protección social en salud; se pretendió hacernos creer que los sistemas de salubridad estarían abiertos a todos con la creación del llamado “Seguro Popular”, pero esa apertura ya estaba definida en nuestra Constitución.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer que para el 2017 México destinó únicamente el 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB) al gasto en salud, mientras que el promedio de los países de la OCDE destinan un 6.6%.

El gasto en salud se calcula a partir de la tendencia que presenta el gasto por persona y a lo que, en teoría, tendría acceso cada beneficiario. En este sentido, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), expuso las siguientes cifras: para el 2018 se estima que el gasto en salud por persona se reduzca 5.5% respecto al 2012; es decir, de 3 mil 826 pesos a 3 mil 615 pesos. Durante el mismo periodo, el presupuesto total destinado a la función salud se contrajo en 2% al pasar de 580 mil millones de pesos a 569 mil millones de pesos. Lo que cabe preguntarnos es ¿a quién beneficia dicho presupuesto?

El gasto por persona afiliada a las instituciones que brindan servicios de salud se redujo: el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) sufrió un recorte del 6%; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 5% y Pemex 41%; mientras que en el caso del Seguro Popular y el IMSS-Prospera tuvo un incremento de 0.35% y 3%, respectivamente.

Pero ver un derecho en relación con lo que se gasta nos limita a no ver la calidad de la atención que se brinda a la población, y si es suficiente para todos. La realidad nos muestra que si alguien de nuestra familia enferma, quien cubre el gasto real son nuestros bolsillos y no el Estado, como lo establece la Constitución, entonces quedan excluidos de este derecho los más pobres.

La Dirección General de Evaluación del Desempeño es la encargada de evaluar los sistemas nacional y estatales de salud, los programas prioritarios, y los servicios personales y de salud pública. Habría que puntualizarles que es urgente fortalecer la oferta de servicios en las zonas más marginadas del país para ampliar el acceso regular a una atención integral de la salud de las poblaciones más pobres, en particular de las comunidades indígenas.

¿Cómo se pretende extender estos servicios si las instituciones encargadas se ven sobresaturadas a la hora de dar la atención médica y siguen recortando sus presupuestos? Las camillas no alcanzan al grado de que los pacientes tienen que esperar horas a ser atendidos si llegan por urgencias. Si sólo asisten a su clínica por un malestar menor, entonces la espera puede ser hasta de meses para un análisis clínico; o qué decir de la falta de medicamentos. Y quienes no tenemos la fortuna de estar afiliados a alguna institución médica, o que simplemente la urgencia es tal que no podemos darnos el lujo de esperar, tenemos que recurrir a la atención privada, que en muchos de los casos es totalmente inaccesible para los salarios que la mayoría de nosotros recibimos. Entonces acudimos a las consultas populares de $20 que nos ofrecen farmacias privadas, para las cuales sí nos alcanza.

Seguiremos abordando esta problemática en números posteriores, ya que como Organización de Lucha por la Emancipación Popular reivindicamos el derecho a la salud digna para todo el pueblo, así como el derecho a las buenas condiciones laborales para los médicos, enfermeras y demás personal que trabajan y que intentan dar un servicio eficaz y humano a sus hermanos de clase. El mayor reto del actual sistema mexicano de salud es buscar alternativas para fortalecer su integración, de tal manera que se garantice un paquete común de beneficios a todas las personas y se logre finalmente el ejercicio universal e igualitario del derecho a la protección de la salud.

NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección SALUD del No. 33 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Marzo-Abril 2018.

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