En el contexto del informe presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el pasado 27 de Diciembre del 2019, hacemos un recuento de los daños ocasionados contra el pueblo mexicano por parte del exfuncionario Eduardo Medina-Mora, quien, por paradójico que parezca, estaba encargado de la «impartir» justicia en nuestro país siendo él mismo su principal violador y beneficiario de la ausencia de ella.
EN EL NÚMERO 39 DE FRAGUA (ene-feb 2019), en el contexto de la disputa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por defender sus estratosféricos salarios, decíamos al respecto del oscuro personaje que es Medina-Mora (EMM): “No podemos permitir que […] sean parte del Poder Judicial […] sujetos tan nefastos como Eduardo Tomás Medina-Mora”.
El pasado 3 de octubre, EMM presentó su renuncia como ministro de la SCJN por medio de una carta que nada esclarecía sobre sus motivos. Pero éstos en parte fueron clarificados por Andrés Manuel López Obrador (AMLO): corre una investigación en su contra —llevada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)— por lavado de dinero.
I. Recuento de los daños: las deudas de Medina-Mora con el pueblo mexicano
Este personaje inició su servicio público en 1982, como secretario particular del subsecretario de Pesca. Apenas tres años después comenzó su trayecto como empresario en el campo de la informática. EMM se desarrolló en los dos ámbitos: conforme crecía su poder político crecían sus negocios familiares. Por dar un ejemplo, en 2004 las ventas y utilidades de su empresa CompuSoluciones crecieron 52%. En 2005-2006 creció otro 33% debido a contratos proporcionados por la Secretaría de Educación Pública (SEP). En los sexenios de Calderón y Peña recibió al menos 150 contratos con valor de más de 436 millones de pesos.
Por una parte, su aumento de capital político se explica debido a su carácter sin escrúpulos para desarrollar cuantas tareas le asignara el presidente en turno; por otra parte, su crecimiento empresarial se explica justamente debido a su pleitesía política, que se vio recompensada con licitaciones y acuerdos con el sector público.
De 2006 a 2009 se desempeñó como Procurador General de la República (PGR), cargo en el que se mostró como un activo operador político de Calderón.
Actuó en favor de Grupo México, de Germán Larrea, en el desastre de los mineros de Pasta de Conchos, Coahuila, al ignorar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que expuso el uso indebido de la función pública y violaciones a derechos de legalidad y seguridad jurídica hacia los mineros. EMM no agotó las investigaciones, por lo cual no se pudo deslindar responsabilidades conforme a la ley y no se pudieron recuperar los restos de los mineros.
También fue cómplice y protector del gobernador de Sonora, Eduardo Robinson-Bours, miembro de la familia dueña de Bachoco. Camiones con el logotipo de la empresa avícola fueron detenidos en retenes militares con pollo y huevos rellenos de cocaína. El periodista Alfredo Jiménez, quien comenzaba a vincular a los Robinson-Bours con la narcopolítica sonorense, fue asesinado. La PGR atrajo las investigaciones y jamás procedió ni esclareció nada al respecto.
Además EMM declaró que nadie iría preso por el caso de la Guardería ABC, también en Sonora, en la que murieron 49 bebés por incumplimiento de la normativa.
Asimismo fue operador de la represión contra activistas y luchadores sociales, entre ellos, los campesinos de Atenco —donde resultaron muertas dos personas y hubo 26 compañeras víctimas de tortura sexual por parte de la policía— y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en Oaxaca.
Siendo procurador, EMM fue omiso ante la certeza de tener infiltrados del Cartel de Sinaloa y del Beltrán Leyva en la PGR. En lo que se conoció como Operación Limpieza, EMM usó esa información proporcionada por la DEA para fabricar pruebas y falsear testimonios en contra de políticos adversos al régimen calderonista.
Tuvo omisiones también en el llamado “Michoacanazo”, operativo en el que fueron detenidos 11 alcaldes de Michoacán, acusados de estar relacionados con el crimen organizado, pero liberados un año después, debido a mala gestión de la PGR. Asimismo, la procuraduría detuvo y torturó a inocentes en el ataque de granadas del 15 de septiembre de 2008, en Morelia.
Después de ser Procurador General pasó por las embajadas de Reino Unido y Estados Unidos. Peña Nieto lo nombró en 2015 ministro de la SCJN, y a pesar de las diversas críticas al nombramiento por falta de conocimiento jurídico y de la animadversión hacia diversos grupos del movimiento social, el ordenamiento se impuso. Algunas de sus acciones desde ese cargo son las siguientes.
Blindaje jurídico de Enrique Peña Nieto. EMM fue quien le otorgó un amparo contra la llamada Operación Zafiro, por la triangulación de recursos del estado de Chihuahua para su campaña política.
Desbloqueo de 2 mil millones de pesos de cuentas bancarias de delincuentes, traficantes de personas y corruptos en investigación, entre ellas, las de Juan Collado, quien además es su amigo y hoy está preso. Derivado de esta medida se impidió bloqueos de cuentas de Emilio Lozoya y Alonso Ancira, acusados ambos de corrupción.
Protección a empresarios exdueños de Grupo Modelo, por medio de resoluciones jurídicas para la devolución de impuestos ya pagados, conocido popularmente como “huachicoleo de cuello blanco”.
II. ¿Qué representa Medina-Mora?
En lo individual, EMM debe ser juzgado, no sólo por las recientes acusaciones de lavado de dinero: se debe revisar su carrera política completa y juzgarlo por el uso de instituciones del Estado a favor de grupos políticos y empresariales particulares y para su enriquecimiento personal.
En lo general, es necesario comprender que el caso de EMM no es una excepción. Hay que revisar a este personaje no sólo como individuo, sino también como miembro de la clase burguesa a la que representa, pues el poder económico y político no se manifiesta en la historia por azar, sino a través de las relaciones sociales que sustentan las diferentes clases.
El abuelo de Medina Mora fue gerente del Banco Nacional de México, en Lagos de Moreno, Jalisco, al terminar la Revolución mexicana. Uno de sus hermanos, Manuel, fue presidente de Citigroup en América Latina; otro, José, es vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). La familia Medina-Mora es buen ejemplo de cómo en el neoliberalismo las relaciones empresariales de la burguesía trasnacional se entretejen con el poder político y con el crimen organizado, siempre en beneficio de su clase social y en perjuicio de los trabajadores, campesinos y pueblo.
Queda claro que el enriquecimiento de los Medina-Mora como empresarios va de la mano del aumento de su poder político. Y aunque su nefasta trayectoria hace imposible defenderlos, los intereses de clase siempre pesan más, por ello salió justamente la Coparmex en su auxilio, diciendo que EMM “encarnaba las cualidades éticas acordes a la función jurisdiccional” que realizaba, que como Procurador General “demostró un desempeño sobresaliente en favor del país”. Marko Cortés —dirigente del PAN— también salió en su defensa, preocupado porque según él la renuncia de EMM afecta la autonomía e independencia del Poder Judicial.
El caso de EMM muestra grotescamente la estructura de las relaciones de clases del México neoliberal. Hay muchos más Medina- Mora operando en el ámbito nacional. Por ello, si verdaderamente hemos de terminar con el neoliberalismo, hay que juzgar a personajes como éste, y hay que desmontar de raíz las relaciones político-económicas para construir otras, que verdaderamente beneficien al pueblo mexicano.
NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección de Análisis del No. 48 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Noviembre-Diciembre, 2019.
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