Publicado en: 15 mayo, 2019

México. ¡Detenidos-desaparecidos presentación!

Por OLEP

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

La desaparición forzada, es decir, la que es cometida por agentes del Estado, es una grave violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad. ¿Cuántos casos existen en México donde los hijos e hijas salieron de casa y no volvieron más? ¿En cuántos casos se denuncia la participación de policías y militares?

No cabe duda de que el Estado tiene una gran deuda pendiente con el pueblo. Está documentado que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto la política de combate al crimen organizado o “guerra contra el narcotráfico” trajo desastrosas consecuencias. ¿Cuántos casos hay en los que los paramilitares actuaron en complicidad con la policía, los militares y los gobiernos locales? ¿Cuántos más donde las autoridades no investigan, dan carpetazos o pierden expedientes para proteger a los criminales? Más de 300 mil ejecutados y más de 40 mil desaparecidos, según las cifras oficiales, dan una idea de la magnitud de la violencia que ha vivido nuestro pueblo.

El terrorismo de Estado fue el sello característico de los pasados gobiernos, pero la pesadilla aún no termina… las fosas clandestinas siguen apareciendo por doquier; existen camiones y bodegas utilizadas como depósitos de cadáveres sin identificar; los crímenes del pasado siguen sin recibir justicia, y miles de desaparecidos no han regresado a casa con sus familias.

Dentro de este cúmulo de crímenes tortuosos, saltan los de quienes por su labor política fueron víctimas de la violencia del Estado. Nos referimos a los defensores de derechos humanos, a los luchadores sociales y los revolucionarios, contra quienes el Estado se ensañó para acallar las voces de justicia y organización consciente del pueblo.

El uso del terror sistemático fue orquestado desde las altas esferas del poder y ejecutado a través de la columna vertebral del Estado (el ejército y las fuerzas arma- das). Éste ha sido el rostro del Estado mexicano, que ante los ojos del mundo dice ser democrático, que defiende el Estado de derecho, pero internamente reprime, asesina y desaparece a los hijos del pueblo. Éste es el Estado que heredó Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con el que ha de demostrarnos si es posible poner fin a la violencia y garantizar una justicia plena para las víctimas, así como evitar que nunca más se repitan estos crímenes tan atroces.

Una de las primeras medidas que tomó el nuevo gobierno fue la creación de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa. Al cierre de esta edición, la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en su visita a México, firmó un acuerdo de asesoría y asistencia técnica para colaborar con el caso.

La demanda de presentación con vida de los detenidos-desaparecidos sigue más vigente que nunca, no sólo para los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino para todas las víctimas y las familias que los reivindican. Por esto es importante darles rostro y nombres a todos los detenidos-desaparecidos; es importante que se alcen las voces de justicia por ellos, nuestros desaparecidos. Exigimos que se creen comisiones de la verdad y justicia para todos ellos.

Como Organización de Lucha por la Emancipación Popular reivindicamos la presentación con vida de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez; las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez; el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz; el indígena chatino Lauro Juárez; el profesor Carlos René Román Salazar; los activistas Teódulfo Torres So- riano, Gabriel Gómez Caña, Fidencio Gómez Sántiz; el antropólogo popular Héctor Jaimes Abarca, los 43 normalistas de Ayotzinapa y las más de 40 mil víctimas de desaparición forzada en México.

La Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, conformada por más de 18 organizaciones de víctimas, populares, indígenas y de derechos humanos, cuyo trabajo tiene una trayectoria de más de 10 años, presentó ante el Senado de la República, el 3 de septiembre de 2015, la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada y la desaparición de personas cometidas por particulares; sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto aprobó una ley que no incluyó la participación de las familias ni retomó las críticas que se hicieron en su momento sobre la simulación que representaba el contenido de dicha ley.

Después de más de un año de que la ley de Peña Nieto fue aprobada, no se observó ningún avance en la resolución de los miles de casos. Sobre esta misma ley es que trabaja el nuevo gobierno de AMLO y recientemente aprobó un plan para su implementación. Sin embargo, comete el mismo error que los sexenios anteriores, pues no reconoce o minimiza la participación del Estado (del que ahora son parte) en los casos de desaparición forzada. Además, se enfatiza que la mayoría de las desapariciones son cometidas por particulares, aun cuando las familias y organizaciones han proporcionado evidencias que demuestran lo contrario. La Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada tiene 165 casos documentados de desaparición forzada, los cuales se han dado a conocer al nuevo gobierno. Sin embargo, de esto no se dice nada, no se retoma la demanda de las organizaciones, no hay agendadas reuniones ni comisiones para abordar estos casos. En muchos estados del país se vive una simulación, con la que tratan de actualizar el marco jurídico excluyendo a las familias.

En conclusión, el pueblo y sus organizaciones deben continuar con la denuncia, la organización y la movilización combativa hasta que nuestra voz llegue a los oídos del gobierno, hasta que se retomen todos los casos de los detenidos-desaparecidos, hasta que el Estado cumpla con las sanciones que ya han hecho organismos internacionales de investigar en los cuarteles militares y llamar a comparecer a las fuerzas armadas. Porque no se puede hablar de transformación sin justicia para las víctimas y sin castigo a los culpables intelectuales y materiales!

¡Memoria, verdad y justicia para las víctimas de desaparición forzada!

NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección LUCHA POPULAR del No. 42 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Abril-Mayo 2019.

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