México. Contra la represión por motivos políticos

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Este inicio de año nos está mostrando una parte del panorama que nos espera: la respuesta de la burguesía al descontento y la organización popular será la represión política. Tan sólo en días pasados, los profesores michoacanos de la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), perteneciente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) volvieron a demostrar su dignidad y su combatividad. Después de un largo trajinar en pláticas y acuerdos no cumplidos con el gobierno del estado, representado por Silvano Aureoles, el pasado 17 de enero el magisterio disidente decidió hacer uso del legítimo derecho a la manifestación. ¿Y qué más podían hacer?, si al igual que la gran masa de trabajadores de este país están viviendo una precarización de sus condiciones laborales, consecuencia de las reformas neoliberales, en su caso la reforma educativa. ¿Sus exigencias? La instalación de una mesa bilateral de trabajo entre el magisterio disidente y las autoridades, con el objetivo de revisar, además de los acuerdos incumplidos, la abrogación de la reforma educativa, plaza base para los compañeros egresados de las normales rurales y pago inmediato de salarios y prestaciones (retrasados desde hace 3 años). Sin embargo, ya conocemos la respuesta de las autoridades de este país ante las demandas sociales: la represión política. Las palabras de Silvano Aureoles ese fin de semana auguraban lo que se venía: «si bloquean las vías del tren habrá consecuencias y si no fuesen suficientes las cárceles de la entidad, los enviaremos a los penales federales». Tan sólo el primer día de la manifestación hubo 22 detenidos y 14 profesores heridos.

Aunque el gobierno se ha obstinado en acallar la organización magisterial y de otros sectores que se han mostrado solidarios con ellos, el pueblo michoacano nos sigue dando una valiosa lección de entereza, valentía y dignidad, nos siguen enseñando que las cárceles de la burguesía, sus cateos ilegales, sus balas de goma, sus gases lacrimógenos, sus toletes y su intimidación con armas de alto poder, no detienen la organización en defensa de los derechos laborales y de la educación pública y gratuita.

De igual manera, pero en otras latitudes, el pasado 16 de enero, el pueblo de Mexicali vivió en carne propia la represión política y el descaro de unas autoridades, que sin escrúpulos evidencian su calidad de perros guardianes del gran capital transnacional. El gobierno de Baja California, encabezado por Francisco Vega, mandó reprimir una manifestación de los habitantes mexicalenses en contra de la Empresa Constellation Brands, la cual pretende instalar una planta embotelladora de cervecera en el territorio del Rancho Mena. Aunque el gobierno se aferra a su discurso neoliberal según el cual los megaproyectos de la iniciativa privada significan fuentes de empleo (aunque no dicen en qué condiciones laborales), los pobladores han advertido que de ser construida la cervecera, utilizará 20 mil millones de litros de agua al año, es decir, lo que consumen 750 mil personas en el mismo lapso de tiempo, por lo que cientos de miles de ellas se quedarían sin el líquido vital. En respuesta a esta situación y armados con la justeza de sus demandas y convicciones, salieron a defender su derecho humano al agua, encontrándose con la conocida manera de atender las demandas sociales y políticas del pueblo: la represión política mediante el encarcelamiento de compañeros, golpes y gases lacrimógenos.

Por su parte, la resistencia y la organización de las comunidades agrupadas en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), pertenecientes a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), también han recibido un golpe por parte de la oligarquía, que cuida furiosamente sus propios intereses. La pasada madrugada del 7 de enero, policías estatales y federales, junto con elementos del ejército y la marina entraron a la población de La Concepción, en Guerrero, para detener principalmente a Marco Antonio Suástegui, vocero actual de la Cecop, lo que dejó como resultado la ejecución de cinco policías comunitarios y el encarcelamiento de otros 25, entre ellos el citado vocero.

Asimismo, hace pocos días amanecimos con la noticia de la ejecución de Quintín Salgado Salgado, líder del movimiento obrero de la mina canadiense Media Luna, perteneciente a la empresa Torex Gold, en Cocula, Guerrero. Los mineros llevaban en paro de labores desde el 3 de noviembre del año pasado en demanda para cambiar su afiliación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) al sindicato de Napoleón Gómez Urrutia. Sin embargo, después de la ejecución de Quintín afuera de su domicilio, agentes estatales y federales, junto con el ejército han tomado las instalaciones de la mina, bajo pretexto de restaurar la seguridad, con el evidente objetivo de reventar el paro laboral que se mantenía desde hace más de tres meses.

Todos estos hechos muestran una cosa, que la burguesía y su gobierno pretende socavar uno de los derechos fundamentales del proletariado: el derecho a la organización política. Por esta razón, a quienes se organizan por defender su territorio y los recursos naturales, por mejorar las condiciones de trabajo y por una vida digna; a quienes han aprendido que la organización política del pueblo trabajador es el arma más poderosa contra la avaricia insaciable de la burguesía, contra el odio y desprecio de la oligarquía, los invitamos a luchar contra la criminalización de la lucha popular y a enarbolar el último punto de nuestro Programa Mínimo de Lucha: ¡No a la represión por motivos políticos!

NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la sección NUESTRO PROGRAMA del No. 32 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Febrero-Marzo 2018.

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