Publicado en: 18 abril, 2019

México. Consolidación del Estado policíaco militar a través de la Guardia Nacional

Por Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

El Estado policíaco militar en México se mantiene a través de la creación de la Guardia Nacional (GN), la política de terrorismo de Estado y violencia desenfrenada persiste en la actualidad con muy pocas variaciones.

Ciudad de México a 17 de abril de 2019

El Estado policíaco militar en México se mantiene a través de la creación de la Guardia Nacional (GN), la política de terrorismo de Estado y violencia desenfrenada persiste en la actualidad con muy pocas variaciones; las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y el hallazgo de fosas clandestinas son la expresión de esta política descomunal.

Fuentes oficiales señalan que la actual administración es la más violenta en la historia contemporánea de nuestro país, con un incremento del índice de 180 por ciento respecto a sus antecesores Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, lo que señala que la espiral de violencia expresa un ascenso considerable independientemente de la sigla partidista que ocupe la silla presidencial.

Violencia desenfrenada cuyo fin que no depende de los “bueno deseos o voluntad” de políticos de oficio, ésta existe en correspondencia a la política económica en el mundo impuesta por el capital monopolista transnacional y organismos internacionales, que en México por el lugar que ocupa en la división internacional del trabajo está condenado a ser la servidumbre del imperialismo, principalmente del norteamericano.

México no está aislado de esas políticas neoliberales, se encuentra sujeto a cada uno de los designios de éstas, por tanto, lo que se implemente o confeccione desde el Ejecutivo Federal adquiere la concreción al mandato del capital monopolista transnacional, uno de ellos es la conformación de un cuerpo represivo que garantice la permanencia y continuidad de éste.

La Guardia Nacional (GN) es el nuevo instrumento represivo del Estado mexicano, conformado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y Policía Federal (PF).  Su aprobación en el Congreso de la Unión es con la intención de consolidar y legalizar el Estado policíaco militar, que desde hace 18 años se impuso paulatinamente a sangre y fuego contra el pueblo trabajador.

Diversos políticos de oficio de manera unánime aprobaron la creación de esta corporación policíaco militar, con pleno conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos que anteceden a quienes la conformarán, diputados y senadores dieron su aval, pese a que los testimonios de las víctimas directas y familiares los señalan como los perpetradores de miles de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, vejaciones o violaciones sexuales. Crímenes de lesa humanidad que a la fecha permanecen  impunes.

Al otorgarle fuero constitucional a este cuerpo policíaco y militar en los hechos legalizan el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad, le otorgan más poder político a elementos señalados por el pueblo trabajador como los responsables del baño de sangre en el que está inmerso todo el territorio nacional.

¿Qué diferencia existe entre esta administración y las anteriores? Muy pocas, en esencia ninguna porque se guían por los mismos lineamientos políticos del régimen. En el actual gabinete de gobierno están sujetos formados en sus instituciones, quienes se guían por las formas de la burguesía en política, por ende, su objetivo es proteger y defender los intereses de la clase en el poder político y económico.

Los argumentos esgrimidos desde el Ejecutivo Federal de que la GN es pueblo armado son quiméricos, es un cuerpo represivo que no representa los intereses de las masas trabajadoras, su condición en esencialmente represiva, sirven al régimen, están inmersos en las estructuras e instituciones del gobierno mexicano, por tanto, obedecen las políticas económicas del Estado. De lo contrario no cometerían asesinatos, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, vejaciones o violaciones sociales contra las masas trabajadoras.

Los cuerpos represivos reclutan  a sus integrantes en los estamentos más bajos del pueblo, dada la formación profascista que reciben son convertidos en sujetos desclasados que sólo obedecen órdenes, por unas cuantas monedas se convierten en mercenarios, atentan contra la vida y la dignidad de sus hermanos de clase. La disciplina es entendida como obediencia a ciegas, en cadena de mando tienen que someterse sin cuestionar sólo deben ejecutar órdenes de sus mandos militares.

La condición de desclasados se observa en el momento que pierden la dignidad y su origen de clase, por sentido común aunque reciban órdenes de sus superiores no es normal gozar el tormento al que es sometido el pueblo organizado ni ético disparar contra el pueblo inerme, mucho menos moral detener y desaparecer a luchadores sociales, activistas políticos, defensores de derechos humanos o revolucionarios.

La conformación legal de esta corporación militar se planeó desde la administración de Felipe Calderón Hinojosa (FCH), quien en su gobierno (2006-2012) intentó entregar la seguridad pública a las Fuerzas Armadas; Enrique Peña Nieto (2012-2018) le dio continuidad a su política represiva e intentó imponer la Ley de Seguridad Interior (LSI), la cual tenía como objetivo principal elevar a rango constitucional su participación en tareas de seguridad interior para garantizar la continuidad del régimen neoliberal.

Política de gobierno transexenal que no cesó, al contrario, en la administración actual la reforzó y consolidó con la creación de la Guardia Nacional; cuerpo policíaco y militar encargada de la seguridad pública en toda la geografía mexicana. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó la LSI, pero reformó la Constitución y entregó a mandos militares la seguridad nacional.

Hombres entrenados para defender los intereses políticos y económicos de los grupos oligárquicos. Quienes en el gobierno de FCH fueron los responsables de los planes del ejército en la supuesta guerra antinarco en el norte del país, algunos formados en labores de inteligencia en Guatemala y tuvieron participación activa en tareas de contrainsurgencia, con ese historial se agrega su responsabilidad intelectual y material en el cometido de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, crímenes de lesa humanidad que se intensificaron en ese sexenio.

No hay garantía alguna de que respetarán los derechos y libertades políticas del pueblo organizado y no organizado, las atribuciones de este cuerpo represivo son para contener el descontento popular y acallar las voces críticas al régimen. Con ello, la violencia institucional y el terrorismo de Estado continuarán, lejos de disminuir se exacerban.

Desde la oficialidad con artilugios leguleyos intentan confundir al pueblo, al fundamentar que con la creación de este cuerpo policíaco y militar “terminará con la violencia y la corrupción en el país”, a través de los medios de comunicación intentan limpiar la imagen asesina de las Fuerzas Armadas. Se les olvida que estos sujetos son los que sostienen la base económica que le da sustento al modo de producción capitalista y a las relaciones sociales de explotación.

Por más que quieran ocultar los índices de la violencia, a pesar del empeño de la palabra y gasten sumas millonarias en publicidad para limpiar la imagen de la policía militar, la verdad siempre sale a flote, lo comprueban cientos de miles de testimonios de las víctimas del terrorismo de Estado. El pueblo no se puede permitir el beneficio de la duda.

El saldo deleznable que significó dejar la seguridad a militares, marinos y policía federal es real, los miles de víctimas lo atestiguan. Tales crímenes no se olvidan, mucho menos los rostros de los perpetradores materiales y grupos paramilitares que cometen a diestra y siniestra estos aberrantes crímenes.

La Guardia Nacional viene a consolidar y legalizar el Estado policíaco militar, hecho que manifiesta la continuidad de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en mayor magnitud; política que nos conmina a no callar ni mantenernos indiferentes ante la creación de este instrumento represivo.

Por muy adversas que sean las circunstancias no debemos perder de vista la lucha que enarbolamos, la organización independiente es la garantía para proteger los derechos y libertades políticas del pueblo. Ahora más que nunca la denuncia y acciones políticas de masas deben continuar.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

(FNLS)

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