México: Acerca de la ilegalidad del arraigo en el caso Tzompaxtle

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La Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC), manifiesta en relación con el caso de  los indígenas nahuas de Zongolica, Veracruz, Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y el mestizo Gustavo Robles López,, que ha venido acompañado en su litigio desde 2006, caso que tiene que ver con la ilegalidad de la figura del arraigo en México y cuyo acompañamiento se encuentra encabezado por el Lic. Ernesto  Rodríguez Cabrera, Abogada Deeni Rodríguez López, Fray Julián Cruzalta Aguirre, Obispo Vetero Católico Oscar Pérez Solano y Lic Armando Vanegas.

Jorge y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, viven en Astacinga, Veracruz y son hermanos de un integrante del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Andrés Tzompaxtle Tecpile, “comandante Rafael”, quién fue detenido el 25 de octubre de 1996 en Zumpango del Río, un municipio cercano a Chilpancingo, Guerrero, quién estuvo detenido en la base militar de Cumbres de Llano Largo, sede de la comandancia de la novena región militar en Acapulco,

Campo Militar de San Juan Teotihuacán, en el Estado de México, donde escapó el 22 de febrero de 1997.

El  día 12 de enero de 2006, alrededor de las 10:30 a.m., los indígenas nahuas Jorge, Gerardo y el mestizo Gustavo, son víctimas de una detención arbitraria, por elementos de la Policía Federal cuando se encontraban a la orilla de la autopista Orizaba-Fortín de las Flores, en el estado de Veracruz, donde su automóvil había sufrido fallas mecánicas.

Los Policías Federales, no les muestran a las víctimas ninguna orden de aprehensión, ni les informan porque delitos los están deteniendo. Y a pesar de que el Ministerio Público se encuentra a solo 13 kilómetros (a menos de media hora) del lugar, los presentan hasta las 7 de la noche, es decir 8 horas y media después de su detención, inician su Averiguación Previa, pero no les informan a los detenidos, que estas siendo investigados por el probable delito de cohecho.

El 14 de enero de 2006 fueron trasladados sin que medie orden alguna a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (en adelante, “SEIDO”) de la Procuraduría General de la República (en adelante, “PGR”) en el Distrito Federal, donde rindieron Declaración ante la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, sin la asistencia de un abogado, aquí se les vincula con el secuestro del ex diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia. El 15 de enero por la noche, un agente de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (en adelante, “UEITA”) se presentó a las instalaciones de la SEIDO e imprimió varios artículos de Internet que relacionaban a las víctimas con los grupos guerrilleros; “Ejército Popular Revolucionario” (“EPR”) y Comando Popular Revolucionario “La Patria es Primero”.

El 16 de enero, el titular de la SEIDO ordenó su libertad, por no existir elementos que los vincularan al supuesto secuestro, salen en libertad bajo reservas. Pero antes de que pudieran salir de las instalaciones de la SEIDO, agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (en adelante, “AFI”) los condujeron a la UEITA, diciéndoles que tenían que firmar documentos adicionales. Una vez en el lugar, informaron a los señores Jorge, Gerardo y Gustavo, que estaban acusados de violar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de cometer terrorismo. El titular de la UEITA ordenó su detención y los hicieron firmar un documento en el que les informaban que estaban arraigados por noventa días por el delito de “Terrorismo”.

En el año 2007, el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, otorga su Recomendación 20/2007, a favor de los señores Jorge, Gerardo y Gustavo, subrayando que a todas luces es una Detención Arbitraria, pero el Gobierno Mexicano, es omiso a esta Recomendación.

El 16 de octubre de 2008 el Juez del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Séptimo Circuito resolvió el recurso de apelación, dictando la absolución de las presuntas víctimas.

El 27 de octubre de 2015, la CIDH, otorga el Informe de Admisibilidad de este caso, lo declara admisible ya que a las víctimas, se les violaron los artículos 5, 7, 8, y 25 de la Convención Americana en conexión con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.

En diciembre de 2018, la CIDH, otorga el Informe de Fondo de este caso. El 8 de julio del 2020, se tendrá una Mesa de Trabajo, en el 176 Período de Sesiones, donde estará la CIDH, representantes del Gobierno Mexicano y Red Solidaria Década Contra la Impunidad, quienes representan legalmente a las víctimas.

Los Sres. Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles  López, fueron arraigados durante 90 días, los agentes de la Procuraduría General de la República obstaculizaron en diversas formas la actividad de la defensa. Las víctimas fueron detenidas arbitrariamente (Opinión 20/2007 del Equipo de Detenciones Arbitrarias de la ONU) y arraigadas en una casa particular durante 90 días.

El arraigo es utilizado como un medio para investigar a presuntos responsables de delitos, pero en la práctica es utilizado para poder obtener pruebas en contra del presunto responsable, es una figura contraria los derechos humanos y viola el Principio de Inocencia.

Durante el arraigo se amplían las posibilidades de que una persona sea torturada debido a que no existen controles legales y no hay revisión judicial de su aplicación. Durante el  arraigo, la persona es detenida arbitrariamente para ser investigada y en la gran mayoría de los casos obtener una confesión inculpatoria, ya que queda sin garantías ni situación jurídica clara y amplía las posibilidades de la persona arraigada de ser sometida a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, con el arraigo se viola el Principio de Inocencia.

Instancias como el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, han recomendado la eliminación de la figura del arraigo.

El caso 13.016 es un claro ejemplo de la impunidad de la figura del arraigo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifestó su preocupación por la  persistencia de la figura del arraigo así como por la opacidad y falta de acceso a instancias de observación internacional a lugares como el Centro Nacional de Investigaciones (antes llamado Centro Nacional de Arraigos), durante su visita a México del 26 al 30 de septiembre de 2011.

HRW afirma que  se trata de “ejemplos de prácticas abusivas que son endémicas en la actual estrategia de seguridad pública”[1] entre las que destacan la implementación del arraigo y el uso de leyes ambiguas para justificar detenciones y medidas de prisión preventivas arbitrarias.

En conclusión en ARRAIGO ES UNA FORMA DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DE LAS PERSONA y debe de ser eliminado de nuestra legislación nacional.

Por lo anterior creemos firmemente que el Informe de Fondo caso  ante la CIDH 13.016, es fundamental para que sea eliminada esta figura de la legislación nacional.

RED SOLIDARIA DÉCADA CONTRA LA IMPUNIDAD

Responsable: Ericka Zamora Pardo, María Magdalena López Paulino

rddhorg@gmail.com

Whatsapp: 5512984474

Ciudad de México, a 30 de junio 2019

[1] Resumen del informe de Human Rights Watch, ni seguridad ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México, Estados Unidos, hrw, 2011. Véase la versión completa de este informe, disponible en http://www.hrw. org/sites/default/files/reports/mexico1111spwebwcover.pdf.

 

 

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