Mercasevilla pagó nóminas a cargos del PSOE que nunca trabajaron en la empresa

Mercasevilla pagó las nóminas a cargos del PSOE que jamás han trabajado en esta empresa pública, según denuncia la oposición. Antonio Garrido Santoyo, miembro de la Ejecutiva socialista de Baeza (Jaén), aparecía en uno de los EREs de Mercasevilla. Supuestamente recibió 112.000 euros. Garrido ya ha dimitido tras la revelación de su nombre y al comprobarse que no perteneció a la plantilla de la compañía.

Entre 2003 y 2007 la empresa contrató a 66 personas, “ocultando trabajadores que desaparecen de las memorias anuales de Mercasevilla cedidos a la Fundación Mercasevilla”, según explica Juan Ignacio Zoido, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla y parlamentario andaluz. El PP sevillano critica el “carácter fraudulento” de los EREs de la firma al haber procedido a la extinción de 67 contratos por prejubilación y tener en plantilla más trabajadores que antes de la implantación de los EREs: 200 empleados.

Garrido no es el único “trabajador fantasma” de Mercasevilla. María del Carmen Fontela González recibió 154.000 euros de la empresa y no figura ni en las listas de prejubilados ni en el expediente de la empresa. El presidente del Comité de Empresa de Mercasevilla, Rafael Jiménez, tiene claro que la opinión mayoritaria es que se trata de “una trama de financiación ilegal del PSOE”. “Pero será un juez quien tenga que demostrarlo”, señala a este diario.

La Junta de Andalucía negó compromiso financiero alguno con el ERE de 2007. Sin embargo, han aparecido tres documentos firmados por un alto cargo del Gobierno andaluz señalado por un testigo “por ofrecer ITV de forma ilegal, comprometiendo y autorizando el copago de las prejubilaciones”.

El expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por la sociedad mixta, cuyo coste se eleva a 9 millones de euros y de cuya financiación se desliga la Administración autonómica, está incluido en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en cuanto a la posible comisión de un delito societario por parte de la anterior directiva del mercado central de abastos, encabezada por Fernando Mellet y Daniel Ponce.

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