Menem podría cobrarle patente a Uribe por las «relaciones carnales» con Washington


El presidente colombiano está de gira por la región para explicar la concesión de bases militares estadounidenses en su territorio. No hacía falta la explicación pues el hecho está a la vista y no hay dobles interpretaciones.

Que Álvaro Uribe expresa a la ultraderecha latinoamericana, y al gobierno más férreamente alineado con Estados Unidos, eso estaba certificado desde 2002, cuando comenzó su primer mandato. Esos pergaminos se actualizaron a partir de 2006, cuando logró imponer un segundo mandato vedado por la Constitución. Y ahora, promediando ocho años en la Casa de Nariño, cuando el Congreso trata de armonizar otra reforma para posibilitarle un tercer tramo (la famosa «re-reelección» frustrada del menemismo), esa fama llegó al apogeo.

Hay que decirlo con todas las letras: no hay otro mandatario tan de derecha y pronorteamericano en la región. Esa bien ganada fama se reiteró cuando el jefe de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, informó que se analizaba la posibilidad de conceder el uso de tres bases militares a EE.UU.

La lista se estiró primero a seis y finalmente Padilla habló de siete, aunque pueden ser más. El general, que también funge como ministro de Defensa ante la renuncia de Juan Manuel Santos, admitió que si es necesario se habilitarán otros puntos donde los aviones o naves norteamericanas puedan recalar en caso de necesidad ante procedimientos «contra el narcotráfico y el terrorismo».

En suma, que toda Colombia puede acoger a fuerzas estadounidenses del Comando Sur, la IV Flota o de la unidad que fuere. Esto implica un salto cualitativo de la ligazón castrense entre los dos países, donde uno manda y el otro obedece, desde 1999, cuando comenzó a ejecutare el «plan Colombia». En ese momento los presidentes eran Andrés Pastrana en Bogotá y Bill Clinton en la Casa Blanca, y no era difícil adivinar quién daba las órdenes. Sobre todo luego de aportar 1.000 millones de dólares anuales en equipos y pertrechos, que hasta hoy han superado los 5.000 millones de aquellos billetes.

Según confirmó el general Padilla, se ponen a disposición del Pentágono por diez años las bases aéreas de Malambo, en Barranquilla; Palanquero, en Cundinamarca, y Apiay, en el Meta; las bases navales de Puerto de Cartagena y la de Bahía Málaga, en la costa del Pacífico; y las bases de Ejército en Tolemaida, Cundinamarca, y Larandia, en Caquetá.

El acuerdo prevé que en esas instalaciones habrá 1.400 efectivos norteamericanos; 800 militares propiamente dichos y 600 contratistas (léase mercenarios) como los empleados en Irak y Afganistán a la par de los ejércitos de ocupación.

No vaya a creerse que hoy no hay efectivos norteamericanos en Colombia. Los hubo y los hay en las bases de Tolemaida, Larandia, Apiay, San José del Guaviare y Tumaco. Otro tanto con los contratistas, que son parte de la contienda armada contra las FARC y el ELN, como se comprobó en el caso de los tres agentes capturados por la guerrilla tras ser abatida la avioneta donde viajaban. Luego de estar varios años preso, el terceto fue liberado junto a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.

Buscando nuevas bases

Las necesidades políticas y militares del imperio siempre tienen a mano algún obsecuente que las complazca. Hasta 1999 la superpotencia tuvo en la zona del Canal de Panamá operable la base Howard, que debió cesar luego de los acuerdos Torrijos-Carter.

Entonces echó mano de la base área de Manta, en Ecuador, aprovechando las concesiones que estaba dispuesto a hacer el ex populista Lucio Gutiérrez, en tránsito furioso hacia el neoliberalismo.

El nuevo triángulo militar estadounidense formó sus vértices con las bases de Manta, Aruba y Curazao, y Comalapa en El Salvador.

Pero la victoria de Rafael Correa en 2005 y la reciente de Mauricio Funes en El Salvador, pusieron en jaque aquel esquema. Correa dijo que al vencer el contrato de diez años, Manta debía dejar de operar. Los efectivos norteamericanos están haciendo las valijas porque el 15 de septiembre tendrán que devolver todo en condiciones. Funes estará cavilando cuándo intima al desalojo. Otra pieza del dispositivo, la base de Palmerola, en Honduras, ya estaba notificada por el presidente Manuel Zelaya de que iba a reconvertirse en aeropuerto civil internacional.

La victoria del dueño de cadenas de supermercados en Panamá, Ricardo Martinelli, de todos modos no implicará una vuelta a los tiempos en que el imperio era el dueño de una zona de ese estratégico paso interoceánico.

De a poco, algunos contrastes políticos en su «patio trasero», más el desprestigio que le acarrearon sus campañas bélicas en Irak y el propio continente (invasión a Grenada en 1983 y a Panamá en 1989), llevaron al Pentágono a buscar nuevas instalaciones.

Pero el uso que les dieron, por ejemplo a su enclave de Manta, aceleraron el pedido de mudanza. Es que en marzo de 2008 habría sido empleada para que aviones norteamericanos colaboraran con el bombardeo ordenado por Uribe contra un campamento de las FARC en Sucumbios, Ecuador, con una veintena de muertos, entre ellos Rafael Reyes. Que aviones extranjeros bombardearan su país y luego tropas lo invadieran por tierra para llevarse los muertos, dio lugar a la ruptura de relaciones entre Quito y Bogotá, que aún perdura.

Lo que guste mandar

Esa estrechez de lugares donde asentar bases norteamericanas va a ser resuelta por las autoridades colombianas.

El fin de semana llegó al país sudamericano el general de aire Douglas Fraser, que desde junio último ocupa la jefatura del Comando Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas en reemplazo del almirante James Stavridis. Fraser junto a su anfitrión Padilla encabeza una Conferencia de Seguridad que deliberó entre martes y miércoles en la paradisíaca Cartagena de Indias. Según Radio Caracol, ambos militares explicaron a delegados de México, Panamá, República Dominicana, Chile, Uruguay y Paraguay los alcances del pacto referido al uso de bases militares en Colombia.

Sin embargo cables de las agencias AP y EFE consignaron que entre los concurrentes había «representantes militares y civiles de otros siete países: Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay». Como en la página del Ministerio de Defensa que conduce Nilda Garré no había hasta ayer ninguna información, sería importante que el gobierno nacional aclarara si le pareció importante enviar a algún representante a esa reunión organizada por el Comando Sur para justificar el armamentismo en la región. Sería lamentable.

Y lo sería porque de los datos surge con meridiana claridad el objetivo hegemonista que EE.UU. persigue con la radicación de militares y equipos. Y el uso que han tenido en injerencia en guerras civiles, atizando el conflicto y evitando soluciones negociadas, como en Colombia, o sirviendo para invasiones o agresiones a otros países.

Esta fue la crítica unánime de los presidentes Hugo Chávez, Daniel Ortega, Rafael Correa y Evo Morales, incluso luego que Uribe lo visitara en La Paz. El mandatario venezolano teme que esas instalaciones sean empleadas para la desestabilización de su gobierno y aún para su derrocamiento, como parte de una estrategia del imperio para controlar las reservas petroleras de Venezuela. Estas son las mayores del planeta con 316.000 millones de barriles de crudo extraíble.

Sin llegar a ese nivel de oposición, el presidente Lula da Silva expresó la «preocupación» de Brasil por tener ese dispositivo armado por una gran potencia tan cerca de sus fronteras y la Amazonia.

Al interior de Colombia, la oposición ha denunciado la jugada como violatoria de la soberanía. El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, afirmó en una sesión que «lo de las bases constituye una violación flagrante de la soberanía nacional. Tengo que lamentar mucho que precisamente cuando estamos hablando del bicentenario del Grito de Independencia frente a España, el regalo que les da el gobierno a los colombianos sea el establecimiento de tres bases».

La presidenta argentina recibió ayer a Uribe, de gira por Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil. Aunque aún no hubo comunicado oficial, es de suponer que, en línea con lo expresado por su colega brasileño, Cristina Fernández habrá cuestionado el dispositivo militar en cuestión. En realidad no tendría que haberlo recibido porque el lunes 10 hay en Quito una reunión de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas). Allí debió ir el huidizo colombiano a explicar sus «relaciones carnales» y militares con el Norte pero su silla quedará vacía por miedo a las críticas de o­nce de los doce socios: sólo Alan García está de su lado.


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