¿Mejora realmente el acuerdo del ‘Pacto de Toledo’ las pensiones públicas y el derecho a la jubilación?

El viernes La Comisión Parlamentaria denominada ‘Pacto de Toledo’ aprobó por consenso un conjunto de recomendaciones sobre el Sistema de Pensiones en el Estado Español que, más que probablemente, acabarán convirtiéndose en una una nueva ley de reforma de las Pensiones, tras el correspondiente trámite parlamentario y su aval por la llamada Mesa de Diálogo Social.

En un primer análisis crítico de su contenido, al contrario de lo que hacen los medios convencionales de prensa, conviene resaltar:

 

-El acuerdo no deroga la ley de 2011 (la del PSOE de Zapatero y apoyada por CCOO y UGT) ni la de 2013 (la del PP), aunque algunos aspectos sustanciales de esta última sí se modificarían (la actualización anual de las pensiones volvería a ser según el IPC y desaparecería el factor de sostenibilidad). Es decir, la edad de jubilación ordinaria seguirá en los 67 años y el cálculo de la pensión se hará en base a 25 años cotizados. Esto último supone que, en 2022, cuando concluya su aplicación, la bajada estimada de la pensión inicial habrá sido de un 30%.

Se penalizará todavía más la jubilación anticipada, con el objetivo de forzar el retraso de la edad efectiva de jubilación, aproximándola a la legal.

-¿Pensiones dignas? La mayoría de las pensiones, en torno al 60%, seguirán sin alcanzar el SMI y menos todavía los 1084 euros que establece la Carta Social Europea, ni se reducirá la brecha de género. 

-El texto contiene un elemento fundamental que profundizará en la privatización del Sistema Público de Pensiones ante la perspectiva de pensiones públicas claramente insuficientes. Se trata de los planes de pensiones complementarios o colectivos, es decir, la desviación de una parte del salario directo del trabajador a salario diferido mediante fondos de pensiones negociados en los convenios de empresa o sector que, siguiendo el modelo vasco (en realidad británico) que se toma como referencia, servirá para que los gestores de esos fondos (banca, aseguradoras y, atención, los ‘sindicatos representativos‘) hagan negocio o se financien a través de ellos.

Su contenido queda lejos de las reivindicaciones principales del movimiento de pensionistas agrupado en torno a la COESPE que no reconocía como legítimo el ‘Pacto de Toledo’ y que, con su movilización sostenida, es la que verdaderamente obligó al PP a hacer marcha atrás en sus planes, cediendo en su pretensión de recortar las pensiones sin aplicar el IPC.  Y lejos también de la posición de IU y Podemos que, cuando estaban fuera del gobierno, decían defender.

Finalmente, conviene no olvidar que el Pacto de Toledo nació para el «análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las principales reformas que deberán acometerse» según constaba en el documento aprobado en el Congreso de los Diputados el 6 de abril de 1995.  Después, ya en 1999, se transformó en una Comisión permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos de ese documento inicial. Es decir, se creó para justificar el mantra tantas veces repetido de que las pensiones públicas son insostenibles y, por lo tanto, hay que recortar el derecho de jubilación para garantizar su futuro. Un discurso neoliberal hecho a la medida de los empresarios y muy particularmente del capital financiero, interesado en la privatización del jugoso negocio multimillonario que supone su gestión (como la educación o la sanidad, por ejemplo). Y el acuerdo del pasado viernes es una etapa más en esa trayectoria de largo recorrido (que tuvo un primer momento en 1985 con la reforma que realizó el gobierno de Felipe González), a la que se prestan tanto la izquierda institucional como los dirigentes de los sindicatos burocratizados.

Kaos. Laboral y Economía

 

 

 

 

Acuerdo en el Pacto de Toledo

Tras más de cinco años de debates, el Pacto de Toledo, en el que están presentes los partidos del arco parlamentario, ha acordado sus recomendaciones para la reforma de las pensiones. Propuestas como subir las prestaciones con el IPC, garantizar su solidaridad, suficiencia o equidad o un plan de saneamiento de las cuentas deberán ser ratificadas el próximo martes.

Con el acuerdo, se pone fin a un camino iniciado en otoño de 2016, hace dos legislaturas, cuando bajo la presidencia de la ‘popular’ Celia Villalobos en la Comisión el Congreso inició el proceso para renovar las recomendaciones hacia una nueva reforma de pensiones que garantizara la sostenibilidad del sistema.

Aumento de las pensiones con la inflación

Entre las principales aportaciones del nuevo Pacto está la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, ya logrado en la última legislatura hábil.

Respecto al cálculo de la pensión, el Pacto asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo en 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión –hasta 25 años en 2022–, pero apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión.

Finalmente, además respalda medidas para hacer la edad efectiva de jubilación a la edad legal, el Pacto también recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización. El Pacto de Toledo emplazará al Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones.

Respecto a los planes complementarios de pensiones, el Pacto de Toledo hace una apuesta por los planes de empresas, llamando a favorecer este tipo de mecanismos en el ámbito de la negociación colectiva, y proponiendo mejoras fiscales y legales para este tipo de sistemas.

Sobre el plan de saneamiento, consiste en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios –como bonificaciones, prestaciones de desempleo o maternidad, entre otras– para empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social. Para el 2023 se contempla acabar con el déficit.

Asimismo, las recomendaciones aluden a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración central y sustituirlo por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema.

De igual forma, el Pacto, en una recomendación sobre la digitalización de la economía, la necesidad de afrontar los efectos de los cambios tecnológicos y su impacto en el empleo y en los ingresos del sistema público de pensiones, planteando la necesidad de “encontrar mecanismos innovadores que contemplen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales”.

 

Fuente: Agencias

 

 

 

 

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