Más de 7.300 ancianas y ancianos de Canarias sin esperanza de acceder a una residencia

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  En el Estado español faltan más de 70.000 plazas residenciales para los nueve millones de personas mayores de 65 años que residen en el país, 7.364 de ellas en Canarias, según denunciaba el pasado  viernes la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

  Este déficit se debe  -aclaran desde esta Asociación –  a que solo cinco comunidades autónomas cumplen con la ratio de tener cinco plazas de estas características por cada cien personas mayores.

   Entre estas comunidades –Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Aragón y Castilla y León– no se encuentra el Archipiélago canario, donde el déficit de plazas residenciales no ha dejado de crecer en los últimos años.

  Se trata de una situación que, lejos de paliarse, no ha dejado de empeorar en los últimos años. Mencionados en una simple nota de prensa los más de 7300 ancianos que engrosan las listas de espera para acceder a una residencia en Canarias  pueden quedar fácilmente reducidos a una mera estadística. Una cifra más de las muchas que arrojan los estudios sobre la dramática situación social del Archipiélago.

    La perspectiva cambia, desde luego, cuando se conocen los casos de estas mayores; que después de haber trabajado y cotizado a la seguridad social durante media vida se ven ahora aparcados por exigencias de la «austeridad» presupuestaria. Cuando se tiene la oportunidad de hablar con ellos, y con sus familiares, y constatar de primera mano las historias que se esconden detrás de cada número.

   «Nosotros preferiríamos que nuestro padre siguiera viviendo con nosotros, pero en casa no podemos darle los cuidados constantes que necesita» – asegura Soledad G. , una mujer que ronda los cincuenta años y que, como su esposo, se encuentra en el paro. Su padre es uno de los mayores que han solicitado atención en centros socio sanitarios públicos de la isla de Gran Canaria  y que tienen escasas esperanzas de conseguirla.

    Actualmente, tanto las residencias como los centros de estancia diurna se encuentran totalmente colapsados. Se trata de una situación que podría calificarse como crónica, pero que se agrava con los recortes destinados al gasto social en todo el Estado.

  «El número de plazas residenciales para personas mayores – apuntan desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales – no se ha incrementado al ritmo que exige el crecimiento de la población mayor de 65 años», que ha pasado de 8 millones de personas en 2010 a 9 millones en 2019.

    En ese periodo las plazas residenciales solo se han incrementado en 12.353, según el informe recientemente publicado por el Imserso. En consecuencia, la ratio de plazas residenciales por cada cien personas mayores se ha reducido de 4,56 a 4,21, lo que la aleja del objetivo del 5 por ciento aconsejado por los organismos internacionales.

Fuente: Canarias Semanal

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