Mapa y objetivos de la guerra irregular contra la energía en Venezuela

Por Misión Verdad

A menos de una semana del sabotaje cibernético a la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, el Presidente de la República Bolivariana denunció los ataques físicos a subestaciones eléctricas que dificultaron las tareas del personal técnico de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para restituir el servicio.

Las últimas pruebas recabadas por el gobierno venezolano, y presentadas el lunes 11 de marzo a la población venezolana sobre el ataque al sistema eléctrico nacional, permiten reconstruir el ataque multidimensional que se desató en el capítulo energético de la guerra irregular contra Venezuela.

A menos de una semana del sabotaje cibernético a la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar ubicada en el embalse Guri, que le cortó el suministro de energía eléctrica a más del 80% del territorio nacional, afectando también el suministro de agua potable, a los centros de salud, las comunicaciones y la banca electrónica, el Presidente de la República Bolivariana denunció los ataques físicos a subestaciones eléctricas que dificultaron las tareas del personal técnico de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para restituir el servicio.

Al ciberataque contra el cerebro computarizado de Corpoelec en la hidroeléctrica del Complejo Guri y contra el cerebro de conducción en Caracas, le siguieron atentados vía electromagnética y, simultáneamente, sabotajes a otras infraestructuras de respaldo que revirtieron los procesos de recuperación con el fin de elevar la apuesta por el colapso general e irreversible del suministro eléctrico.

Es indispensable precisar que estos ataques no son eventos dislocados de la hoja de ruta para la conformación de una guerra irregular en una fase abiertamente bélica en Venezuela, tal como lo han denunciado sucesivamente sus autoridades.

La agudización del conflicto no convencional en Venezuela tendría consigo la variable del sabotaje a gran escala para producir un desgaste superior en los componentes de seguridad en Venezuela, que sería extensivo a la población mediante la degradación de las condiciones de vida de la gente. Insumos indispensables a la narrativa de la “crisis humanitaria” y de la “incapacidad” de las “autoridades de la usurpación” en “proteger” a la población venezolana, bajo la cual el gobierno estadounidense persiste en actuar.

En efecto, a una semana del ataque eléctrico a Venezuela, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo aseveró que el gobierno de su país insistirá en el ingreso de “ayuda humanitaria”, ahora incorporando el insumo de la destrucción de la normalidad y cuasi-ruptura de la cohesión social en Venezuela a expensas del apagón.

MAPA OPERACIONAL DE LOS ATAQUES FÍSICOS CONTRA EL SISTEMA ELÉCTRICO

Los ataques descritos a continuación ocurrieron cuando se había logrado restablecer el suministro eléctrico en el oriente y el sur del país, mientras se trabajaba en la capital. Se registraron al menos cinco ataques al sistema eléctrico nacional, según informaciones facilitadas luego por el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez.

Por otro lado, hubo énfasis en los sabotajes directos, como el registrado mediante la explosión de la subestación Alto Prado, que se encuentra en Terrazas el Club Hípico del municipio Baruta. Al incendiarse en horas de la madrugada del lunes 11, volvió a dejar sin electricidad a parte de la ciudad de Caracas.

También fue registrado el sabotaje a la central termoeléctrica Tacoa, ubicada en Vargas. Allí cortaron el gas que provee a la estación, provocando una explosión e impidiendo su funcionamiento como elemento de contingencia al blackout dentro de la capital venezolana.

Es necesario detenernos en este punto para reseñar que un contexto de guerra irregular, como la que ya se libra en Venezuela, inhabilitar a Caracas de electricidad tiene valor estratégico, no sólo por ser el nodo más importante de la política nacional, también por ser el principal centro de operaciones financieras y de los sistemas de pagos electrónicos extensivos a todo el país. La interrupción del flujo eléctrico y consecuentemente de las telecomunicaciones y medios de pago, romperían dramáticamente con el sentido de normalidad generando un impacto directo en la población.

Otras explosiones de transformadores fueron reportadas en el interior del país, afectando sobre todo a la región occidental. Tanto en el municipio Cabimas (Zulia) como en Cabudare (Lara), son sitios donde el restablecimiento completo del sistema eléctrico tardó en concretarse debido a estallidos en subestaciones. Específicamente en Zulia, la explosión fue reportada este martes en horas de la tarde, en el sector Las Cabillas del municipio Cabimas. Este estado además ha sufrido acciones violentas irregulares que han afectado varias zonas comerciales.

Igualmente en el municipio larense de Cabudare, la explosión de la subestación ocurrió el día lunes 11, provocando mayores retrasos en la reconstitución de la energía dentro de esa zona.

EL SABOTAJE CONTRA INSTALACIONES PETROLERAS: OBJETIVOS

El miércoles 13 de marzo fue registrada en el estado Anzoátegui, concretamente en el complejo de PDVSA Petro San Félix, la explosión de dos tanques de diluyentes de 250 mil barriles. Autoridades de PDVSA dieron a conocer a solo horas del evento en su mensajería interna que la explosión tenía indicios de sabotaje. Los diluyentes son fluidos de hidrocarburos (como la Nafta) que se usan para diluir petróleo pesado y para reducir su viscosidad facilitando así el transporte del crudo.

El crudo venezolano de exportación es mayoritariamente de tipo extrapesado, entre los 9 y 15 grados API, de alta densidad. Para su transporte, manejo y despacho los diluyentes son esenciales, en ellos también radica la capacidad de Venezuela de sostener o aumentar su producción de crudo.

La falta con intermitencia de estos diluyentes ha sido una de las causas de la caída en la producción petrolera en años recientes en Venezuela, ya que tradicionalmente habían sido suministrados por el circuito industrial petrolero estadounidense a Venezuela y desde las sanciones contra la economía venezolana el país ha tenido que recurrir a otros proveedores en medio de boicot financiero, afectando la fluidez de ese insumo en la producción venezolana.

El ataque a Petro San Félix, podría estar claramente enmarcado en una agenda para degradar las exportaciones venezolanas. También contribuye a inhabilitar parcialmente la producción de gasolina para el mercado y suministro interno, dado que los sistemas de transporte y despacho de crudo por ductos con destino a las refinerías nacionales, dependen también de estos diluyentes.

Recientemente la firma financiera Barclays realizó la estimación de que mediante el ataque al sistema eléctrico venezolano, el país podría perder unos 700 mil barriles de producción petrolera de manera súbita.

Aunque las autoridades venezolanas no han dado parte sobre este ítem, es cierto que la producción petrolera está asociada al fluido eléctrico y que el blindaje de campos petroleros mediante generación en sitio podría ser parcial y limitada. La pérdida sostenida de electricidad significa la pérdida de compresión inyectada a pozos, indispensable para el bombeo de crudo. Es sabido que una pérdida de la producción sensible, frente a los niveles actuales, tendría efectos extensivos a las exportaciones nacionales y al flujo doméstico de combustibles.

Es necesario estimar entonces que en el planteamiento operativo de desgaste contra los servicios vitales en Venezuela, tiene a PDVSA como un blanco indispensable.

INSUMOS PRECISOS Y ACTORES DE LA GUERRA IRREGULAR EN VENEZUELA

Mediante sucesivos eventos que han tenido lugar en Venezuela se desprenden una serie de recursos asimétricos para acrecentar el colapso como los ataques consecutivos a estaciones eléctricas en estados fronterizos por grupos irregulares procedentes de Colombia, robo de cables y material estratégico en subestaciones de la región centro occidental y ataques eléctricos que tienen sus picos altos en períodos electorales.

El ministro Jorge Rodríguez, ha dado a conocer cifras que ilustran las consecuencias que han dejado las operaciones de baja intensidad, que buscan desmantelar la infraestructura eléctrica, área estratégica para el funcionamiento normal de un país, con el objetivo de aportar mayores insumos a la intervención extranjera.

Estas acciones, que tienen antecedentes de larga data, ha generado más de 200 muertos electrocutados, más de 150 subestaciones eléctricas dañadas y pérdida multimillonarias en equipos especializados. Los constantes ataques terroristas al sistema eléctrico del país, deterioraron gravemente la infraestructura, lo que facilitó el trabajo de generar un efecto dominó que prolongara el colapso de los servicios.

Al momento de conseguir acceder al centro neurálgico y descontrolar su operatividad, ya el cuerpo circulatorio desplegado en todo el territorio se encontraba debilitado.

Además de medir la capacidad de respuesta de las instituciones militares venezolanas ante un posible escenario bélico, donde este tipo de recursos sería cotidiano, se aprovechó la vulneración de la seguridad en el Guri para reactivar la campaña propagandística de la “crisis humanitaria” luego del fracaso del 23F. La divulgación del The New York Times de la fabricación de un falso positivo en el espectáculo del ingreso de la “ayuda humanitaria”, dejó expuesta no solo a la administración Trump sino al gobierno de Colombia por su participación.

Entra en escena el intermediario de EEUU, Juan Guaidó (políticamente disminuido después del 23F), a cumplir con la fase mediática de la agresión no convencional, difundiendo explicaciones imprecisas de una supuesta crisis energética causada por negligencia del Estado venezolano.

En paralelo Marco Rubio difunde cifras falsas de muertos por las fallas eléctricas e informaciones incorrectas de estaciones afectadas  y John Bolton se encarga de ocultar las implicaciones de los EEUU adjudicando la razón de los apagones “a años de corrupción de Maduro, subinversión y mantenimiento descuidado”.

Además aprovecha el breve momento de tendencia que gozan las noticias falsas sobre lo que sucede en Venezuela tras el apagón, para apretar el cerco financiero y obligar a otras naciones a que también se incorporen.

Los autores intelectuales de Washington, sobredimensionan los efectos del ataque para capitalizarlos en favor de trasladar la responsabilidad al gobierno de Nicolás Maduro y aumentar las presiones económicas y diplomáticas contra Venezuela, apurando el paso al comprobar que irremediablemente va perdiendo fuerza el apoyo al “gobierno paralelo” de Guaidó y el tono agresivo contra la presidencia legítima de Maduro a nivel global, mientras que a lo interno, no logran el quiebre de la FANB para materializar el cambio de régimen.

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