Madrid y Barcelona: El fiasco de los ayuntamientos «ciudadanistas»

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En Barcelona, no eran pocos los que pensaban, y todavía piensan, que habían logrado colocar en la alcaldía de la capital catalana a una abanderada de la ruptura y de la frontalidad contra los intereses del capital.

      Y la verdad es que no era para menos. Aunque la trayectoria de lucha de Ada Colau se había limitado a su exitosa portavocía  de las Plataformas de los Afectados por la Hipoteca, su biografía política anterior era más bien una evanescente nebulosa. Fue justamente el papel positivo que jugó en las Plataformas  lo que hizo que en los barrios populares y en los centros de trabajo se tuviera la convicción de que con ella se había elegido a una mujer combativa, que iba a poner siempre por delante los intereses populares. 

    Sin embargo, la ilusión ciudadana que rodeó su elección como primera edil pronto se vio aguada por sus intentos de contener el impulso popular, insistiendo en que los cambios no iban «a verse de un día para otro» y advirtiendo que  los poderes fácticos tratarían de «paralizar  nuestras ilusiones». Y la verdad es que eso nadie lo dudaba ni esperaba lo contrario, entre otras cosas porque en el corazón del movimiento popular que propulsaba las movilizaciones se tenía muy claro que la institucionalidad no era un fin en sí mismo, sino tan solo un medio, y no el principal.  Lo que de ella se requería  era que desde las instituciones reforzara la movilización popular acompañando, sin ataduras ni condicionamientos, sus reivindicaciones. 

        Hace escasas fechas, las Plataformas contra los Desahucios dirigían una dura carta abierta a Ada Colau en la que le reprochaban la inacción de la mayoría municipal que ella encabeza a la hora de impedir los desahucios, ejecutando  las herramienta legales que el Ayuntamiento tiene en sus manos. He aquí algunos párrafos de la misma que serviran al lector para calibrar el estado de las relaciones entre Colau y los movimientos sociales: 

       «El día a día nos está demostrando – decía la carta de las Plataformas –  que elAyuntamiento de Barcelona no ha hecho lo necesario para desplegar totalmente la ley 24/2015 ¿Por qué decimos eso? Pues por la realidad diaria. De momento no ha habido ninguna sanción a ningún gran tenedor que está desahuciando en nuestra ciudad. En el caso de Jorge, por ejemplo, ya hemos parado dos desahucios en su puerta, desahucio de un gran tenedor de vivienda que continua sin ninguna sanción ¿Por qué el Ayuntamiento no ha sancionado todavía? 

… le pedimos, Sra. Alcaldesa, valentía política, determinación y que garantice los derechos de las ciudadanas de Barcelona, que cumpla y haga cumplir la ley 24/2015. Como usted ya dijo: “o por las buenas o por la ley”. 

      Recordamos a la alcaldesa y al Ayuntamiento de Barcelona que la ley 24/2015 obliga a: 

    Intervención para paralizar los desahucios controlando que en el caso de los grandes tenedores de vivienda se haga una oferta obligatoria de alquiler social, dentro de los parámetros que marca la ley 24/2015, y tal como establece la norma, sancionar al gran tenedor de vivienda que incumple este punto, con multas de 90.000€. 

    Conceder ayudas al pago del alquiler a las familias en riesgo de exclusión residencial cuando el propietario es un pequeño tenedor de vivienda. 

    Cumplir con la obligación de realojar a las ciudadanas en riesgo de exclusión residencial en los casos que el propietario sea un pequeño tenedor de vivienda y en el resto de casos donde las personas están en riesgo de pérdida de vivienda (realojados, ocupaciones en precario..). 

    Hacer los informes de riesgo de exclusión residencial y hacerlos en los tempos marcados por la ley, tanto para vivienda como para pobreza energética, para cumplir con el objetivo de protección que marca la norma. 

    Controlar que las empresas suministradoras no corten los suministros sin aplicar el principio de precaución. 

5.1 Aplicar las sanciones contempladas en el código de consumo cuando se vulnera el principio de precaución 

5.2 Abrir las vías adecuadas para que las compañías apliquen las ayudas o descuentos para garantizar los suministros básicos…. 

       La verdad es que desde muy al principio, los sectores situados más a la izquierda, que habían contribuido en gran medida en la elección de Colau, ya se habían empezado a «oler» que las cosas no iban a ir por el camino de la ruptura que había servido como lema en las movilizaciones.  Muy al contrario, lo que parecía dominar en la nueva gestión municipal era la política del «pasteleo». La pista se la proporcionaron las palabras dedicadas por Ada al alcalde saliente Xavier Trías, en las que elogiaba  su labor en el consistorio y le manifestaba  su convicción de que lo que realizó durante su gestión lo había hecho convencido de que era lo mejor para la ciudad. 

       Decir eso en Barcelona es algo que estremece las entrañas de cualquiera, incluso la de aquellos que están dispuestos a tragárselo casi  todo. La gestión de Xavier Trías a lo largo de los últimos años ha sido la expresión  de lo más nefasto  que ha podido ocurrir en la capital catalana. Trias ha gobernado con exclusividad mirando con atención a los intereses de la élite de las grandes familias catalanas, de los acaudalados empresarios de la especulación inmobiliaria. Presentar bondadosamente sus brutales recortes austericidas como resultado de sus beatíficas intenciones  fue interpretado por los más avispados como un síntoma alarmante de por dónde iban a transcurrir los futuros pasos de la alcaldesa y de su mayoría municipal.

   No obstante,  el atrevimiento de la nueva alcaldesa llegó a traspasar la frontera de lo que muchos con muy buena voluntad solo habían interpretado como una «mera expresión protocolaria». Colau ofreció a Trías su “mano extendida para los grandes temas de ciudad”. En este punto ya no cabía ninguna duda. El mensaje de Colau  no se dirigía sólo a Trías y a CIU, sino que reclamaba, además, que desempeñaran el papel de  intermediarios con los grandes inversores urbanos. Pronto la plasmación de lo que afirmamos se ha visto ratificada en  el apoyo de la mayoría municipal al convenio firmado hace unas semanas con el MWC. Para muchos ya ha quedado claro que lagobernanza del bien común no atentará contra los intereses del poder fáctico urbano: los grandes negocios capitalistas. Los iniciales pronunciamientos «rupturistas»  ha terminado esfumándose, confundidos en una vaporosa  gestionitis que se diferencia muy poco de la que durante décadas hemos conocido de los partidos de la «izquierda» del sistema. 

MADRID: EN MANOS DEL PSOE BIS

       Pero si las intenciones de Ada Colau y su mayoría municipal han encontrado más dificultades a la hora de ponerse en evidencia , en el caso de su homóloga madrileña Manuela Carmena, las cosas han transcurrido con mayor rapidez. La verdad es que Carmena ya era un vieja loba en el laberinto de las instituciones del Régimen del 78. Nadie que estuviera  medianamente  avezado  en las lides políticas de la Villa y Corte esperaba que una septuagenaria, experta en los cabildeos y negociaciones de pasillo, pudiera verse afectada repentinamente por una conmocionante  catarsis que la devolviera a sus años mozos de supuesta militante revolucionaria. 

     Carmena, además, se encontró desde el primer día de su gestión abultada herencia de superpelotazos urbanísticos iniciados previamente por el Partido Popular durante su gestión municipal. Aunque durante la campaña electoral se había comprometido públicamente a truncar ese legado envenenado, pronto se puso de manifiesto que no contaba con los arrestos necesarios para darles  el frenazo. 

Era lógico. Estas candidaturas «ciudadanistas» solo cuentan por ahora con el apoyo del voto. Pero para atreverse a poner en marcha ambiciosos planes de reformas hace falta también una potente movilización popular. Y esa no la tienen. En cambio, lo que sí tienen frente a ellos son unas pertrechadas trincheras de  los «poderes facticos» de la prensa, la radio y la TV, tras la cuales se   parapetan escondidos los grandes bancos y las inmobiliarias. Los «ciudadanistas» son conscientes que si se atrevieran a tocar sus intereses, a golpe de botón podrían ser convertidos virtualmente, de la noche a la mañana,  en los peores enemigos públicos de la ciudad de Madrid.   

    Esa ha sido  una de las razones por la  que  prematuramente su auténtica personalidad política ha quedado al descubierto.  Para desventura de Ahora Madrid el paquete de la herencia corrupta del PP los ha  puesto ante la tesitura de verse «obligados» a apoyar, sin por ello sintieran el menor rubor, los pelotazos urbanísticos que el PP les entregó  junto al bastón de mando. Resulta patético contemplar la figura de la alcaldesa de Madrid  consagrando con su voto en los plenos justamente aquello que durante su campaña electoral repitió una y otra vez que iba a combatir. 

      La historia que ilustra lo que decimos se remonta  a hace tan solo unos dias. El edificio del siglo XIX que sirvió de sede al Taller de Precisión de Artillería está situado en el distrito de Chamberí.En una fecha todavía por determinar será derribado para facilitar la construcción de  una de esas macrourbanizaciones que han convertido a nuestras ciudades en lugares insufribles. El edificio que sucumbirá a la fiebre especulativa, de gran interés cultural, es el segundo inmueble de hormigón armado más antiguo de España y no se encontraba protegido por su valor histórico-artístico. 

      Atónitos se quedaron los vecinos y las Asociaciones de Defensa del Patrimonio  cuando en una convocatoria realizada por «Ahora Madrid» se les comunicó la decisión pro urbanizadora de su alcaldesa, que encontraría su ratificación en un pleno extraordinario que se iba a celebrar al día siguiente. 

       En el curso del pleno del viernes 27 de noviembre se aprobó el plan urbanístico sobre la parcela en la que está asentado el edificio de 15.500 metros cuadrados de superficie y con una edificabilidad de 54.225 metros cuadrados. Éste edificio perteneció en su día  al Ministerio de Defensa. En noviembre de  2014 se realizó una subasta en la que se adjudicó a la empresa Domo Gestora por 111,5 millones de euros. La empresa, una “cooperativa fantasma”, pretende levantar 355 viviendas con un precio por metro cuadrado de 3.300 euros

   ‘Ecologistas en Acción’ ya ha anunciado que recurrirá la decisión porque “concurren múltiples irregularidades y el edificio tiene suficientes valores arquitectónicos e históricos para ser protegido”. 

      Por su parte, la única modificación lograda por el Ayuntamiento sobre el proyecto inicial ha sido la de  reducir las plazas de aparcamiento previstas en la planta baja. Con el gobierno de Carmenalas operaciones urbanísticas- Manzanares, Operación Canalejas y Chamartín  – continúan invariables hacia adelante, con meros retoques insignificantes. Asimismo, se negocia con la Banca la cesión voluntaria de determinadas viviendas,  sin tener siquiera en cuenta la opinión – y mucho menos los intereses-  de  los afectados y sus organizaciones sociales.
La justificación proporcionada por «Ahora Madrid», a través de su inefable concejala Rita Maestre, merece figurar  en el Libro Antológico  de las frases del reformismo institucionalizado: “Es una operación heredada del PP que tiene como origen el pelotazo urbanístico. No nos gustaba, pero somos un gobierno responsable». 

    Simultáneamente a estas decisiones «responsables», la ola de  desahucios  continúa   implacable,  sin que el Ayuntamiento ponga un dedo para impedir el expolio de las viviendas familiares. 

     ¿De verdad cree el lector que para este viaje político se necesitaban tan  desfondadas alforjas?

http://canarias-semanal.org/not/17405/madrid-y-barcelona-el-fiasco-de-los-ayuntamientos-ciudadanistas-/

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