Madrid: Vender el Canal por lo civil o por lo penal

Quien mucho abarca

El informe que esgrime el concejal de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, es éste [pincha aquí para descargar]. Es un informe de la Junta Consultiva de la Contratación Pública a petición del propio Ayuntamiento que planteaba que quizás no fuera legal la forma en que se está privatizando el Canal de Isabel II y el vínculo que se pretende establecer con los Ayuntamientos afectados. La Junta contesta al Ayuntamiento que efectivamente el aparato jurídico utilizado es ilegal:

No es admisible legalmente la atribución de la gestión del servicio de abastecimiento de aguas a una entidad de derecho privado de forma unilateral por parte de la Entidad que actualmente tiene encomendada la gestión ni tampoco con la autorización del Ayuntamiento que otorgó la encomienda, pues la Ley exige, para tales casos, la aplicación de la legislación de contratos del sector público.

En resumen: el Ayuntamiento cree que lo que se está haciendo es ilegal; lo pregunta al órgano consultivo y éste le dice que efectivamente es ilegal; el Ayuntamiento guarda en un cajón el informe, firma y tira hacia delante.

Ante la evidencia, Concepción Dancausa, Delegada de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid, responde con un argumento: que “toda la justificación del planteamiento que hace Izquierda Unida, permítame el adjetivo [¿?], destila un rancio planteamiento ideológica que contrapone con bastante ligereza la gestión privada de los servicios al interés público. Este pensamiento tengo que decirle que hoy está fuera de la realidad y además es contrario a la experiencia“.

El mantra del rancio planteamiento ideológico es la respuesta universal para quien quiera montar un tingladete difícilmente defendible con argumentos: siempre hay que defender que se trata de lo moderno frente a lo rancio o incluso lo decimonónico. Eso es difícilmente rebatible: que a uno le parezca complicado que el grupo comandado por Ana Botella llame rancio a cualquier otro ser humano o grupo es una cuestión de percepción subjetiva.

Lo que no es subjetivo es que la oposición a la privatización del agua no es precisamente contraria a la experiencia. No hace falta cruzar el Atlántico para ver a qué condujo la privatización del agua en América Latina también en plena aplicación de shocks neoliberales. Quedémonos más cerca, en Francia. París hizo hace años lo mismo que pretende hacernos Esperanza Aguirre a los madrileños: privatizó Eau de Paris (Aguas de París). Como ha sucedido en todas las privatizaciones que ha habido del agua o de lo que sea, también en España, además de un deterioro y alejamiento de la gestión de un servicio tan prioritario como el agua hubo subidas del precio cada año.

Finalmente París remunicipalizó la gestión del agua. “Era una cuestión de principios, pero también de gestión; sustituyendo los tres operadores que había por uno público se mejorará la calidad del servicio y se ahorrará dinero” contaba la presidenta de Eau de Paris en un acto en Madrid organizado por la Mesa del Agua. ¿La experiencia? Ahí la tienen: donde se ha privatizado el agua el fracaso ha sido generalizado y la experiencia remunicipalizadora de París es sólo la más cercana.

También se dice, lo dice la propia Dancausa, que la privatización no es tal pues sólo se privatiza el 49%. De nuevo la reclamada experiencia hace recordar que en los 90 Felipe González también comenzó privatizando un poquito menos de la mitad de todas las empresas públicas hasta que Aznar culminó su completa privatización y colocación de compañeros de pupitre. ¿La experiencia? La experiencia nos enseña que todo lo que empezó con una privatización parcial acabó completamente privatizado. Sin rancios principios ideológicos, pero privatizado y en manos de amiguetes.

La colección de irregularidades que rodea a la privatización del Canal ha dado lugar no sólo a la intervención de Jorge García Castaño en el pleno del Ayuntamiento y al informe que cita sino también a varios recursos judiciales y seguro que a muchos más que quedan por presentarse. El PP suele quejarse (cuando afecta a sus tropelías) de que eso es judicializar la política: algún día cuando un peatón sea atropellado en un paso de cebra alguien le pedirá que no lo denuncie porque eso sería judicializar la ciudadanía. ¿Judicializar? No, sólo utilizar los propios recursos del sistema para detener una tropelía a la que hay que oponerse en la calle, en las instituciones, en los tribunales y donde sea menester dada su gravedad.

Este domingo habrá repartidas por Madrid cientos de mesas en una consulta social sobre la privatización del Canal de Isabel II. Forma parte de la respuesta ciudadana y política que está habiendo desde hace muchos meses al robo de un servicio de primera necesidad que quiere entregarse a unos pocos. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de detenerlos, de mantener la estupenda agua madrileña, de preservarla con criterios públicos, no sólo de rentabilidad dineraria (el Canal de Isabel II es una empresa que tiene muchos beneficios: precisamente por eso se privatiza). Es nuestra obligación y no podemos mirar para otro lado.

Este domingo a votar. Y el lunes a seguir peleando para que no nos roben el agua. Es injusto e ilegal y se puede parar.

http://blogs.tercerainformacion.es/iiirepublica/2012/03/02/vender-el-canal-por-lo-civil-o-por-lo-penal/


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