[Madrid Arena] A dos años de la tragedia tres altos cargos implicados han sido «recolocados» y no hay detenidos

Los abogados de las víctimas están en desacuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal por considerar que las penas solicitadas no responden a la gravedad de los hechos. Las acusaciones populares, que ejercen el PSOE y Manos Limpias, elevan a 10 y 20 años, respectivamente, su petición de pena de prisión para el promotor de la fiesta. Miguel Ángel Flores tendrá la oportunidad de declarar de nuevo ante el instructor del caso, tras admitir la Audiencia Provincial de Madrid la solicitud del empresario.

Pero más allá de estos hechos, hay algunos que no se conocen y que han sido investigados y revelados por la periodista Ana Gracia. Por otra parte Alfonso Ojea informa como Miguel Angel Flores y su hermano se deshicieron de una parte de la empresa que organizó la fiesta. Se sospecha que para no tener que pagar las indemnizaciones.

A seguir ambas notas.


 

Madrid ya ha recolocado a tres de sus altos cargos ‘apartados’ por el Madrid Arena

Ana I. Gracia

Dos años después de que cinco jóvenes murieran tras una avalancha humana en el Madrid Arena, todavía no hay ni un solo acusado en prisión. Las familias de las fallecidas solicitan 20 años de cárcel para Miguel Ángel Flores, el promotor de la fatídica fiesta, y entre 3 y 4 años para el resto de los acusados. El Fiscal rebaja la pena para todos, y pide cuatro años de prisión para el empresario; tres para los once procesados responsables de la organización y la seguridad del evento, y dos años y medio para los doctores Simón y Carlos Viñals, el equipo médico encargado de la enfermería del Madrid Arena y cuya mala praxis quedó más que en evidencia. Aunque el coste político tras el terremoto que provocó aquel accidente fue elevado, el Ayuntamiento de Madrid, propietario del recinto donde se produjo la avalancha, sigue manteniendo en nómina a algunos de los máximos implicados en aquella tragedia.

El suceso puso en el punto desde el primer día a Emilio Monteagudo, inspector jefe de la Policía Municipal, que se resistió a dejar el cargo cuando se puso en duda el endeble dispositivo policial que se montó y por qué no se evitó el botellón que se celebró a las afueras del pabellón, que, según el juez, tiene relación directa con la muerte de las cinco chicas. Tras las presiones que durante meses pedían la cabeza del máximo responsable de la policía municipal, Monteagudo no dimitió hasta que el juez no lo imputó en el caso este verano.

Sobre Monteagudo tendrán que dirimirse también responsabilidades acerca de la pieza separada que le investiga por un supuesto delito de falsedad documental en relación con este caso, por si pudieron haber falsificado un documento que elevara el nivel de seguridad establecido con motivo de la fiesta. Pese a esta doble imputación, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido seguir contando con los servicios de su exinspector jefe, para quien han creado el puesto de director de Relaciones Internacionales en el mismo cuerpo del que fue apartado.

El consistorio tampoco ha prescindido todavía de Carlos Viñals, un funcionario del Ayuntamiento de Madrid que formó, junto con su septuagenario padre, la plantilla médica contratada por Flores. Él fue quien atendió en un primer momento a las víctimas que fallecían minutos después. Ante la comisión de investigación, su padre reconoció que ninguna maniobra sirvió para reanimar a las jóvenes. El Samur, por el contrario, aseguró que no había. El auto de 25 años que el juez Eduardo López Palop entregó a las partes fue demoledor contra su figura: ninguno de los dos doctores hicieron nada por reanimar a las víctimas. “Los doctores son incapaces de detectar que las tres chicas que llegaron a la enfermería están en parada cardiorrespiratoria y diagnostican que han fallecido”, sentenció el juez.

Viñals hijo, funcionario de carrera, es director de programa del Departamento de Salud Laboral de la Dirección General de Seguridad, un puesto de libre designación que se pone y se quita voluntariamente. Tras su incierta actuación aquella noche de Halloween, el Ayuntamiento que dirige Ana Botella le aplicó el artículo 95.2 del Estatuto Básico del Empleado Público y le suspendió de empleo y sueldo seis meses, una sanción razonable teniendo en cuenta que el consistorio pudo haberle apartado de sus funciones durante seis años. La multa, de momento, no se ha aplicado, ya que el funcionario puso un recurso contencioso-administrativo y los tribunales lo han admitido a trámite.

Otros cargos que sí fueron destituidos

El alcalde del minúsculo pueblo madrileño de Garganta de los Montes, Rafael Pastor, era el máximo responsable de la seguridad de Madridec, la empresa a la que pertenecía el recinto donde se consumó la tragedia. En su declaración ante el juez, el popular declaró cosas tan desconcertantes como que desconocía que tuviera que haber un espacio habilitado para la enfermería; tampoco sabía que algunas de las puertas estuvieran precintadas; ignoraba si había coordinación entre todos los elementos de seguridad; no comprobó el contrato de una de las empresas de seguridad –Kontrol 34- con Diviertt –la promotora de la fiesta–; no conocía la normativa de incendios y, de haberse creído que la evacuación era insegura, “no hubiera permitido la celebración del evento”.

Aun así, el director de Seguridad de Madridec permaneció en su puesto hasta el pasado mes de septiembre, cuando el juez mantuvo su imputación. Pero fue cesado para ser reubicado en otro puesto de la estructura municipal. No corrieron la misma suerte sus jefes, los máximos representantes de Madridec, José Ángel Rivero Jorge Rodrigo, que fueron destituidos por Botella fulminantemente cuando se descubrió que Flores mantenía un contrato de fidelización con el Ayuntamiento de Madrid, aunque ya habían detallado anteriormente punto por punto la relación entre el empresario y el consistorio. Tampoco corrieron la misma suerte que Pastor los responsables de Operaciones (María Cabeza Quirós), Nuevas Tecnologías (Víctor Iriberri), la responsable del Departamento Jurídico (Paula Cisneros) y la de Infraestructuras (Elena Rodríguez). A todos se los llevó por delante el tsunami Madrid Arena.

El portavoz de UPyD en el ayuntamiento, David Ortega, mantiene que, “dos años después de lo sucedido en el Madrid Arena, es muy grave y frustrante constatar el destino de estos tres altos mandos del Ayuntamiento involucrados en la tragedia. Hay que preguntarse si esto es lo que entiende el Ayuntamiento por asumir responsabilidades: quitar del primer plano a los que se equivocaron gravemente pero mantenerlos en buenos puestos a costa del dinero público. Es una vergüenza que personas señaladas tan claramente por el juez por su ineptitud profesional sigan en puestos importantes del Ayuntamiento”.

http://www.elconfidencial.com/espana/2014-11-06/madrid-ya-ha-recolocado-a-tres-de-sus-altos-cargos-apartados-por-el-madrid-arena_434778/#lpu6RXNWYYTZROZQ


 

Caso Madrid-Arena: la policía destapa los negocios de Flores en el extranjero
Se deshizo de una parte de la empresa que organizó la fiesta.Se sospecha que para no tener que pagar las indemnizaciones

Alfonso Ojea

La investigación de la UDEF describe como se ejecutó una venta de acciones de ‘DivierTT’, la empresa de eventos que organizo la fiesta mortal, a otra compañía del entramado conocida como ‘Canacur S. A.’ con el objetivo de descapitalizar a la primera para no tener que asumir la responsabilidad civil que sea fijada en la sentencia. La operación se cerró en la primavera de 2013,5 meses después de la tragedia. No obstante, una póliza de seguro obligatoria cubre las posibles consecuencias penales del caso Madrid-Arena.

La UDEF subraya en este informe que durante el año 2013 los dos hermanos Flores han estado realizando eventos a través de sus testaferros o familiares directos como también constata que los ingresos que se realizan en las distintas cuentas de otras entidades siempre registran una cantidad inferior a los 3.000 euros para no hacer saltar las alarmas.

El informe al que ha tenido acceso la Cadena Ser aclara, por la vía de la investigación pericial, que el principal imputado en el caso Madrid-Arena tiene muchas más propiedades y efectivo de lo que ha señalado ante la justicia.

Miguel Ángel Flores y su hermano son las personas que controlan mediante 8 testaferros, alguno familiar directo, un entramado financiero en el que destacan tres sociedades de capital. Tres sociedades en la que ellos no figuran al frente, pero si están autorizados ante las entidades bancarias para operar las cuentas de esas compañías.

Es más, el documento refleja que ese entramado societario de los Flores maneja 53 cuentas corrientes en diversas entidades. Una de ellas, el Banco de Madrid, es el que más interés ha despertado entre los agentes que luchan contra el blanqueo de capitales.

En esa cuenta bancaria, a nombre de uno de los testaferros, se reciben entre junio y septiembre de 2012 casi 850.000 dólares estadounidenses. Se trata de dos ingresos que proceden del Banco Thales Security de Panamá, una entidad que es investigada por las autoridades fiscales del país centroamericano.

http://cadenaser.com/ser/2014/11/03/tribunales/1415000112_380539.html

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