México: La privatización de la electricidad alimenta la protesta contra el gobierno de Felipe Calderón

El Sindicato Mexicano de Electricistas, con 95 años de lucha en un país caracterizado por la cooptación desde el Estado de la mayoría de las organizaciones obreras, lleva más de tres meses en protesta por el despido de más de 44.000 trabajadores de la empresa Luz y Fuerza del Centro. La empresa, una de las dos entidades públicas en el ramo de la electricidad y que proporcionaba sus servicios a 25 millones de personas en un área de más de 20 mil kilómetros cuadrados, fue tomada la noche del sábado 10 de octubre de 2009 por la Policía Federal Preventiva (militarizada). Al día siguiente un decreto presidencial la declaraba extinta.

Las justificaciones

El gobierno justificó su cierre por el atraso tecnológico y la pérdida financiera que significaba la empresa, deficitaria, al país. Sin embargo, para el sindicato ésa no es la historia completa. Así lo cree Fernando Amezcua, secretario del Exterior del SME, en entrevista con Prensa Latina el 16 de enero al declarar que “a LFC le hicieron lo mismo que a otras entidades públicas, primero la convirtieron en una supuesta carga financiera y dejaron de invertir en su modernización tecnológica, para luego justificar el cierre y ensanchar la ola de privatizaciones iniciada aquí desde 1980”.

En ésta línea se halla la investigación del periodista Rafael Barajas para la revista ‘El Chamuco’ de noviembre de 2009, que busca desmontar las justificaciones oficiales. Argumenta no sólo que la pérdida económica no existía, pues LFC compraba la electricidad que distribuía a la otra empresa pública (quedando todo en una operación contable sin pérdida para el país), sino que los verdaderos responsables del mal estado de sus finanzas son sus administradores impuestos por el Ejecutivo (uno de ellos fue en su día el actual presidente mexicano Felipe Calderón) y las empresas que, mediante acuerdos ilegales con el gobierno, se hallaban exentas del pago de la electricidad que consumían o la recibían con un precio más reducido que el consumo doméstico.

Conflicto antiguo

El negocio de la privatización, y no el interés público, es lo que habría llevado a cerrar LFC, en palabras de los trabajadores. Pero no sólo eso. Amezcua cree que el gobierno “no sólo quiere extinguir una empresa, sino un movimiento sindical”. Y es que el conflicto del gobierno con el SME es antiguo. “La decisión de destruir al SME fue tomada desde meses atrás (…). No sólo por su férreo rechazo a la privatización del petróleo y la electricidad, sino también por su firme negativa a la contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo impulsada desde Los Pinos”, afirmaron en octubre durante una rueda de prensa representantes del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía.

Para quienes apoyan esta idea, la negativa de “toma de nota” (figura aberrante de la legislación mexicana que implica la necesidad del visto bueno del gobierno al elegir líderes sindicales) a Martín Esparza y otros miembros de la dirección del SME cercanos a Andrés Manuel López Obrador apenas cinco días antes del cierre de LFC ya fue parte de un plan para destruir a un sindicato que se ha venido manifestando desde hace más de 20 años en contra de las políticas neoliberales.

Intereses privados

Diversos investigadores apuntan a que la razón inmediata en el golpe a LFC y al SME es la lucha que hay entre ciertos empresarios por hacerse con las redes eléctricas y de fibra óptica de la empresa (más de mil kilómetros), que pueden utilizarse para transmitir luz, telefonía, televisión e internet: el llamado “triple play”. Un negocio que está estimado en 6.000 millones de dólares. Y, como escribe José Antonio Almazán en las páginas de ‘La Jornada’, por el que están compitiendo no sólo millonarios mexicanos como Carlos Slim y Emilio Azcárraga, sino al menos dos empresas españolas: Telefónica y WL Comunicaciones (en la que participan Fernando Canales y Ernesto Martens, ex ministros de Energía mexicanos). Así también lo estima Carlos Aguirre, investigador de la UNAM, que declara en ‘Contralínea’ el 18 de octubre que “pudieron más los compromisos de Felipe Calderón con (los empresarios) que lo llevaron a la Presidencia que el riesgo de generar un estallido social”.

La resistencia

Ante esto, la estrategia de los trabajadores ha sido la de presionar por diversos medios al gobierno buscando que se revierta el decreto, hasta ahora sin éxito. Su resistencia ha combinado la vía jurídica (interponiendo un recurso de amparo contra el decreto y 35.000 demandas por despido injustificado a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje), la política (acercándose a partidos políticos considerados de izquierda como el PRD y el PT), y sobre todo la social, reuniendo en torno a sí a un contingente de organizaciones y ciudadanos que han apoyado las múltiples acciones de resistencia civil efectuadas, entre las que destacan una marcha el 15 de octubre que reunió en la Ciudad de México a más de 300.000 simpatizantes, una huelga de hambre que duró 17 días, y la convocatoria a un paro nacional simbólico en el mes de noviembre pasado.

¿Hacia el estallido?

Esta capacidad de convocatoria, que ha reunido desde sectores de “La Otra Campaña” y el lopezobradorismo hasta grupos del viejo corporativismo priista, es lo que hace creer a analistas como Alejandro Vega, del CILAS, que la acción de Calderón podría estar creando el caldo de cultivo para un eventual estallido social en 2010. El cierre de LFC no ha venido solo, sino acompañado de un paquete económico que sube los impuestos, una reforma laboral que elimina el derecho de asociación de los trabajadores y el inicio de la recta final de la privatización del sector eléctrico. Si bien los electricistas “han mantenido una posición prudente, que privilegia los causes legales (…) si se empiezan a cerrar esas vías, los trabajadores no se van a quedar cruzados de brazos y se puede llegar al estallido social”, advierte Vega en la revista ‘Contralínea’.

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