[México] Informe: Violencia generalizada en la cabecera municipal de Venustiano Carranza

 

El presente informe busca aclarar los hechos de violencia que tuvieron lugar en la cabecera municipal de  Venustiano Carranza el pasado 5 de mayo de 2013. A pesar de la serie de denuncias de amenazas y agresiones  que los antecedieron el gobierno del estado de Chiapas no fue capaz de generar condiciones que garanticen  protección a la integridad y seguridad personal de los pobladores de dicho municipio. 
 
Los hechos del 5 de mayo ocurrieron entre campesinos de la Organización Campesina Emiliano Zapata – Casa del Pueblo integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (OCEZ–CP-FNLS) y la Organización Campesina Emiliano Zapata – Chiapas (OCEZ-Chiapas). En sus raíces se encuentra la falta de interés del gobierno estatal en resolver de fondo demandas añejas de ambos grupos. Las acciones gubernamentales, incluso, antes, durante y después del 5 de mayo, generaron polarización y una escalada de violencia en el municipio.
 
Resultado de ello son: el asesinato de dos personas, Sebastián Martínez Gómez y José Luis Gómez Gómez; el desplazamiento de 49 familias –que al día de hoy viven en una situación de alta vulnerabilidad sin que el gobierno sea capaz de garantizar las condiciones necesarias para su regreso o reubicación–; daños en 42 viviendas, 22 vehículos y ocho tiendas de abarrotes; la detención arbitraria de 19 campesinos por efectivos de la Policía Estatal y Ministerios Públicos bajo las órdenes de la Secretaria General de Gobierno; nueve personas  privadas arbitrariamente de su libertad; dos personas torturadas; y 167 órdenes de aprehensión aún pendientes de ejecutar. 
 
Los hechos reflejan una constante en la región: grupos de poder, entre ellos partidos políticos y el gobierno de Chiapas, que generan conflictividad y confrontación comunitaria con el fin de movilizar las correlaciones de fuerza en el escenario político cuando están en disputa el control territorial – la población, la tierra y sus recursos–, puestos públicos del gobierno, o la posesión de tierras productivas, en detrimento de los pueblos  campesinos e indígenas que durante décadas han dado la vida para que la tierra sea de quien la trabaja.
 
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