[México] Hambre y muerte: los saldos de la corrupción y la impunidad gubernamental

 

Las cifras de las muertes violentas siguen colocando a Guerrero en el primer lugar; por cada 100 mil habitantes se registraron 77 homicidios dolosos durante el 2012, y en ese mismo año se consumaron 2,684 asesinatos, que nos ubican en el deshonroso tercer lugar nacional, según datos del INEGI. Por su parte el Consejo Nacional de Evaluación de la política de desarrollo social (Coneval) registró que 4 de cada 10 habitantes del estado sufre de pobreza alimentaria, es decir, que más de 1 millón 300 mil guerrerenses han sido votados al olvido por los gobiernos priistas, panistas y perredistas, para amasar fortunas personales a costa del hambre del pueblo trabajador.

Son los gobernantes de Guerrero los artífices de esta infamia. El hambre y la muerte de miles de guerrerense no son fruto de la casualidad, ni de malos presagios o por una predestinación divina, sino de los malos gobiernos que han hecho del ejercicio del poder un negocio impúdico amafiado con los oligarcas del país y la delincuencia internacional de cuello blanco. Son ellos los que se han encargado de explotar los recursos estratégicos. Son los principales saqueadores del patrimonio del pueblo, quienes con argucias jurídicas se obstinan en privatizar los bienes naturales de la colectividad, de imponer el modelo extractivista y depredador de las multinacionales y de someter a la población rural a los dictados del sistema alimentario industrial controlado por corporativos empresariales, que se han empeñado en destruir toda la sabiduría milenaria forjada por la civilización mesoamericana, que tiene como piedra angular el policultivo del maíz, el frijol y la calabaza.

Desde la firma del tratado del libre comercio por parte de México con Estados Unidos y Canadá, en noviembre de 1993, los presidentes de la república, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, se han plegado a las directrices impuestas por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esta dictadura neoliberal ha desmantelado nuestra economía y ha destruido nuestro sistema nacional alimentario. Actualmente Estados Unidos es uno de los principales exportadores mundiales de maíz, soya y trigo. Lo paradójico es que el 40% de la producción del maíz lo destina a etanol, es decir, a alimentar autos en lugar de seres humanos. Además son 4 las multinacionales, como Monsanto, Wal Mart, Cargill y Nestlé las que controlan el 80% de la distribución global de los cereales y las que lucran con el hambre de los pueblos del mundo. Tienen bajo su dominio el sistema alimentario industrial como las semillas, los agrotóxicos, toda la cadena de distribución, almacenamiento y supermercados que les permite obtener ganancias estratosféricas por encima de cualquier crisis alimentaria. El mismo sistema capitalista los blinda ante cualquier marejada de los capitales volátiles. Los que en todo caso pierden con estas burbujas financieras son los pequeños productores y los consumidores, quienes son esquilmados con los salarios de hambre y los altos precios de la canasta básica.

Actualmente México le compra más de 1 millón y medio de toneladas de maíz transgénico a Estados Unidos, en lugar de que incentive la producción de básicos a nivel nacional y de que le dé prioridad a los agricultores del país. La realidad es que los gobiernos neoliberales con el TLC entregaron el mercado interno a las multinacionales, por eso se procedió al desmantelamiento de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) que ayudaba a equilibrar el comercio interno del maíz y a garantizar la distribución de básicos en los lugares más apartados, como la Montaña.

A pesar de que nuestro país regularmente produce 22 millones de toneladas de maíz al año, los tecnócratas se han supeditado a los requerimientos comerciales de las trasnacionales, que exigen que se importe maíz transgénico, para asegurar el monopolio agrocomercial. Muchos sabemos que la producción nacional de básicos es suficiente para satisfacer el consumo humano ya que no rebasa los 11 millones de toneladas, sin embargo, los gobernantes (que parecen ser más representantes de Monsanto o Wall Mart), han decidido ponerle la charola de plata para que hagan del derecho humano a la alimentación un negocio sumamente redituable. La importación de maíz a México no es necesaria, simplemente es un negocio de las multinacionales condonado y subsidiado por el gobierno. Si las políticas públicas en verdad estuvieran orientadas a proteger la producción agrícola y pecuaria de pequeña escala, con semillas propias, a nivel nacional tendríamos una producción alimentaria suficiente, accesible, de mejor calidad y sobre todo saludable.

En Guerrero, los gobiernos pre revolucionarios y pos revolucionarios fueron cortados con la misma tijera, hasta la fecha siguen siendo voraces y pendencieros, traicioneros y apátridas. Desde hace décadas se transformaron en los emisarios de las multinacionales que se han especializado en saquear nuestras riquezas naturales. Su malinchismo los ha obligado a ser violentos. Usan la fuerza para someter, reprimir y asesinar a quienes se oponen al atraco y a la explotación de los patrones. Los gobiernos caciquiles acostumbrados a gobernar con la pistola en el cincho y a tener bajo su mando a gavilleros que a punta de balazos sometían a las poblaciones rurales, lograron imponer sus formas rudimentarias para ejercer el poder.

Las matanzas y masacres son expresiones de los gobiernos bárbaros que nadie se ha osado en llamarlos a cuentas ni a castigarlos, por el contrario, forman parte de las castas intocables y poderosas que siguen existiendo en este México porfiriano. Cuentan con muchos privilegios y fueros, tienen cuotas de poder y su influencia política puede inclinar la balanza para que ganen o pierdan ciertos candidatos que no garantizan la protección de sus intereses. Esta clase política arrabalera es la que sigue sojuzgando al pueblo de Guerrero, que a pesar de que en varias coyunturas políticas, la población se ha rebelado para derrocar a sus gobernantes, sigue intocada la estructura caciquil que impera en el estado.

El rezago histórico en que sigue sumido el estado es por la voracidad de sus gobernantes que se siguen enriqueciendo a costa del hambre y la muerte de la gente del campo y de quienes sobreviven en las periferias urbanas. El uso patrimonialista de los recursos financieros, la red de empresas que fungen como prestanombres de los jefes políticos y la cuota obligada que imponen a sus súbditos para tener derecho a pellizcar del presupuesto que manejan son los usos y costumbres que promueven y practican todos los políticos de cualquier pelaje. Es un sistema dinamizado por la corrupción. Para poder escalar políticamente se tiene que contar con padrinos de colmillo retorcido que le enseñarán todas las artimañas del poder. Están perdidos quienes sueñan con servir a la sociedad, con representar los intereses de las y los trabajadores o de luchar y defender los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Está prohibido desenmascarar a los políticos corruptos. Una de las reglas de oro no escritas es que nunca se debe evidenciar ni denunciar a las autoridades que cometan atrocidades o que violenten los derechos humanos, en estos casos las instituciones y sus mismos jefes deben protegerlos para demostrar su poder impune y la fortaleza del régimen. Lo que más importa es poner a salvo un sistema económico que garantice el enriquecimiento de las cúpulas partidistas y de la clase empresarial que trabaja en sincronía con las multinacionales, cuyo máximo objetivo es obtener ganancias estratosféricas amparados en las prerrogativas que ofrece el libre mercado y los gobiernos neoliberales. La misión de estos gobernantes es aplicar políticas de contención social con modelos asistencialistas, para paliar el malestar y desmovilizar a los sectores más depauperados. Los programas de combate a la pobreza están diseñados para hacer más dependiente de los subsidios precarios a una población que cuenta con un potencial social capaz de revertir esta espiral violenta del hambre y de transformar estas estructuras de opresión. Sin embargo, los millones de pesos que se destinan a la caridad social es el mejor sedante para que impere la rebatinga y la división entre las comunidades y las mismas organizaciones sociales. El gobierno promueve nuevas formas de corporativismo político y nuevos modelos de gestión interinstitucional para apaciguar a los sectores más críticos y para ofrecerles dádivas a cambio de su sumisión y su silencio. Para el gobierno neoliberal y caciquil se trata de administrar la pobreza, de contenerla, con el fin perverso de no cuestionar el sistema, ni de poner en jaque los acuerdos comerciales, mucho menos de cerrarle las fronteras a las multinacionales. Para ellos el sistema económico funciona, porque su mejor indicador es que siguen disfrutando de grandes privilegios y de sueldos millonarios, y mientras esto se pueda sostener, la pobreza alimentaria la tendrán que resolver los programas asistencialistas de corte neoliberal, como la nueva cruzada contra el hambre que sigue tratando a los pobres como seres que no tienen dignidad, historia, cultura, sabiduría y fuerza para transformar el oprobio en una causa para luchar por su liberación. Esta nueva cruzada nos rememora la lucha de los conquistadores españoles empeñados en imponer su sistema de dominación a través de dádivas, de espejitos y buscando nuevas malinches, para que al interior de las mismas comunidades, se encarguen de traicionar a su propia gente y de venderla como esclava al extranjero.

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