México: Denuncian acoso familiares de Joaquín Figueroa y Tito Landa

Denuncian acoso familiares de Joaquín Figueroa y Tito Landa
Han denunciado penalmente y ante derechos humanos ejecución extrajudicial de sus padres
No eran delincuentes sino personas honradas
Intimidaciones telefónicas y vigilancia militar y policiaca
Han puesto quejas ante CNDH y piden medidas cautelares
Además están denunciando el caso ante organismos internacionales de DDHH
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Zapateando.– Janet Figueroa Sánchez y Julio Landa Torralba, familiares de Joaquín Figueroa Vázquez y de Tito Landa Argüelles, defendieron la inocencia de sus padres a quienes Seguridad Pública del estado de Veracruz presentó como sicarios, después de ser presentados como muertos en un operativo del ejército y la policía estatal en El Lencero, el pasado 17 de junio.
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Ya habían dado a conocer el caso con denuncias penales contra los responsables ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, ante la Procuraduría General de la República y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, después de lo cual, denunciaron públicamente ante los medios locales de Xalapa, han sido objeto de intimidaciones mediante llamadas telefónicas a personas cercanas a ellos que les piden abandonar la difusión y sobre todo que no salga del estado de Veracruz, asimismo han sido vigilados en el lugar donde viven, por elementos del ejército, de la policía del estado y por personas de civil sin identificar. Denunciaron que algunos de ellos han sido seguidos en la calle y han tenido que encarar a sus seguidores para preguntarles qué es lo que quieren.
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Por todos estos hechos que denunciaron pidieron al gobierno del estado mediante un recurso ante la CNDH y la secretaria de gobernación que el gobierno de Veracruz se haga responsable de su seguridad con medidas cautelares.
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Acompañados por la Comisión para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC, organización con sede en la ciudad de México, representada por la licenciada Silvia Velázquez Camacho, anunciaron que será esta asociación civil la encargada de llevar la defensa jurídica de su caso y su defensa como ciudadanos cuyos derechos humanos fueron violados.
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Mediante los recursos interpuestos a nivel federal lograron una audiencia en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, en la cual expusieron las denuncias del acoso a los familiares de Joaquín Figueroa y Tito Landa y pidieron medidas cautelares, haciendo responsable al gobierno del estado de la seguridad de los familiares de los difuntos, quienes han denunciado que sus padres fueron torturados, ejecutados extrajudicialmente con tiro de gracia y luego presentados sin serlo como sicarios. Por lo cual piden la investigación de la verdad sobre sus muertes y el esclarecimiento de quienes los mataron.
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Janet Figueroa expresó en entrevista que “mi papá (Joaquín Figueroa) fue asesinado el 17 de junio junto a dos compañeros de trabajo, el señor Tito Landa y el señor Raúl Técatl. Ellos venían de su trabajo del poblado de Chichicastle y a nosotros nos&nbsp &nbsp enteramos de que habían muerto porque al intentar comunicarnos con él nos responde un desconocido que nos manda a la morgue a buscarlo. Después, personal de la empresa donde trabajaban nos encuentra y nos dice que tenemos que ir a Servicios Periciales a reconocer el cuerpo. Cuando llegamos nos manejan once fotografías, supuestamente de delincuentes que murieron el 17 de junio en el operativo, un día antes a la altura de El Lencero.”
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Los familiares denunciaron “todas las irregularidades que hay alrededor del caso: Primero nos preguntamos cómo es que si se trata de delincuentes se tardaron no más de 40 minutos en entregarnos a mi papá. Luego tenemos un acercamiento con la familia del señor Tito Landa y vemos que los documentos que nos dan como el acta de defunción nos dicen que el señor Tito Landa muere a las cinco y media de la tarde y mi papá muere a las siete y media de la tarde.
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Sabemos, dijo “por los compañeros de trabajo que ellos salieron el viernes a las seis y cuarto aproximadamente del poblado de Chichicastle. Los tres vivían en Xalapa. Ahí vemos la primera incongruencia.”
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Luego, ven que los documentos oficiales manejan “como el lugar donde cayeron nuestros familiares, La Tinaja, donde encontramos restos de sangre y el pasto chapeado y volteado junto a la barda perimetral del 63 batallón de Infantería. Sabemos que en el operativo de la Conago 1 participaron tanto elementos del ejército mexicano del 63 batallón como elementos de la policía federal y de la policía de Seguridad Pública, Pero hasta ahora desconocemos quiénes son los responsables en los homicidios de nuestros papás”.
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Al preguntarles por lo que les han informado de las investigaciones, contestó: “Desde el principio, cuando reclamamos pertenencias, cuando reclamamos que esclarecieran los hechos, cuando reclamamos nuestro derecho a tener acceso a la averiguación previa, nos fueron negados. Se aventaron la bolita de un lado para otro, diciendo que ellos se habían declarado incompetentes, que ellos no tenían el caso, que ellos eran responsables de tal o cual cosa, pero que no sabían más. Y continua así hasta hoy. El hermetismo de las autoridades del estado de Veracruz es evidente.”
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Asimismo, denunció que “a través de terceras personas hemos recibido hostigamiento por parte de autoridades del estado exigiendo que se haga lo que se tenga que hacer para evitar que este caso saliera del estado, para que se quedará acá y ellos pudieran manejarlo como mejor les conviniera.
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El 27 de junio hicimos una denuncia ante la Procuraduría y después fuimos al Distrito Federal a interponer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En esto encontramos a los integrantes de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y ellos ofrecieron ayudarnos, así con ellos hemos continuado denunciado este suceso.”
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La CMDPDH ha mandado notificaciones al Alto Comisionado de Naciones Unidas en México en cuestión de derechos humanos, han mandado comunicaciones al relator de ejecuciones extrajudiciales de la ONU, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también a Amnistía Internacional y Human RigthsWatch.
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Incluso, informó la hija de Joaquín Figueroa, “tuvimos una reunión con la embajada de los Estados Unidos para comentarle del caso, pues todos sabemos aquí que el dinero que entra de Estados Unidos es para combatir la delincuencia, que el Estado mexicano pide estos apoyos y que se los otorgan con la condición de que se respeten los derechos humanos de las personas. Y aquí ya hubo una violación de derechos humanos: El estado de Veracruz se ha encargado de difundir, porque para eso sí hay cámaras, que el operativo de la Conago ha sido un éxito y en Veracruz no hay espacio para delincuentes , que no ha habido un solo civil caído en ellos. Y nosotros somos prueba de que sí, que ha habido civiles que han muerto, nuestros padres eran gente honesta.”
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Un día antes de que pudieran una denuncia ante la procuraduría, explicó, “ya había un comunicado del gobierno del estado de Veracruz diciendo que nuestros papás eran delincuentes. Porque salían positivos en la prueba de rodizonato de sodio y esa prueba era irrefutable. Por tanto iban a investigar a la empresa para la que trabajaban para ver si existía un nexo con la delincuencia organizada. Hasta hoy, cuando han intentado tener contacto con nosotros a través de terceras personas, ha sido para tratar de tener un convenio. Esto después de que nos amedrentan y nos dicen que para qué le rascamos, que para que le buscamos, que la cosa está muy fea y que mejor le dejemos ahí, que son cosas que nosotros no queremos saber. Nosotros le decimos al gobierno del estado de Veracruz, a quien resulte responsable, que recuerde que en este país cuando se hace una acusación se tiene que demostrar. Dicen que mi papá y el señor Tito y el señor Raúl eran delincuentes, eran sicarios, que lo demuestren. Dicen que nos van a investigar, que a la familia la van a investigar, que lo hagan, que prueben lo que ellos dicen que mi papá era. Mi papá era una persona honesta y nosotros tenemos pruebas, es toda una vida trabajando, toda una vida conociendo gente, entonces si ellos dicen que son delincuentes, y sicarios, que nos lo demuestren, porque así funcionan las leyes.”
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A pregunta de los reporteros de si tiene temor contestó Janet Figueroa: “Claro, imagínate, primero enterarnos que anduvieron indagando los teléfonos de nuestra familia para llamarles y decirles que ya no le rasquen, que ya no le busquen, para gritonearles, y decirles que le paren, que ahí le dejen. Y después, en la casa en la que vivimos, pues jamás de había presentado una patrulla, jamás había entrado un convoy militar diciendo que esta haciendo rondines de rutina. Es un fraccionamiento, ¿qué hacen tres camionetas repletas de militares dando vueltas por la calle donde vivimos? ¿Qué hace un auto frente a nuestra casa dos o tres horas? ¿Qué hace una camioneta de Seguridad Pública enfrente de nuestro hogar? La pregunta para el estado es ¿nos están cuidando? Porque nos hubiesen avisado. Si nos están cuidando sabemos que tenemos que estar informados de quién es quien nos está cuidando, que nos lo tiene que presentar y no lo han hecho. ¿Qué nos quieren decir con eso?”
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos se comunicó con ellos para decirles que de oficio habían tomado el caso y que pudieran una queja, “pusimos una queja, y de su trabajo no sabemos nada. Por eso fuimos a la CNDH porque intervinieron tanto policías estatales, federales y el ejército, sabemos que esa algo del fuero federal.”
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“Temor sí tenemos, somos humanos, pero también al irnos enterando de que hay otras familias en nuestra situación”, han pedido que ellas se unan y que reclamen también justicia para sus muertos.
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En las oficinas de la PGJE se reunieron con Carlos Garduño, secretario adjunto de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal; Marco Antonio Lozano, subprocurador en la zona de Xalapa de la Visitaduría de la CNDH; Oscar Sánchez secretario de Seguridad Pública; Isidro Pérez; Guillermo Vargas de combate a secuestro de la Agencia Veracruzana de Investigación; José Severino, de la agencia tercera del Ministerio Público; Daniel Rivas Castán y Martín Espinoza, representantes de la secretaría de Gobierno del estado y Remigio Ortiz Olivares de la Agencia Veracruzana de Investigación.
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