[México] Con proyectos eólicos y mineros, en Oaxaca repuntan agresiones a defensores; suman 41


Oaxaca | pagina3.mx |

Con los proyectos eólicos, mineros, turísticos y de infraestructura, las agresiones y las violaciones a los derechos humanos de personas defensoras ha repuntado en Oaxaca al ser documentados 41 casos del 2011 a la fecha, concluyó la misión de la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RTDT) y Brigadas de Paz Internacional (PBI).

Esto sin contar que en el estado de Oaxaca hay mil 800 beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), situación que refleja la preocupante violación a los derechos humanos en la entidad.

La secretaria ejecutiva de la Red, Agnieszka Raczynska, destacó que el diagnóstico que tenían “se queda corto ante la situación que pudimos verificar y recopilar al documentar 29 agresiones a personas en lo individual y más de 12 a organizaciones que dan un total de 41 agresiones a personas o grupos defensores de derechos humanos y comunitarios”.

A su vez, el representante de Brigadas Internacionales de Paz, Ben Leather, externó la preocupación nacional e internacional por la situación de riesgo que viven las personas defensoras en Oaxaca, a tal grado que PBI tiene una representación en la entidad.

Hizo hincapié en que las personas defensoras de derechos humanos como los periodistas son actores fundamentales en la democracia.

Por su parte, Ángeles López, del Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”, manifestó que han comprobado que se violan derechos de las personas defensoras no solo en contextos de represión y gobiernos antidemocráticos sino también en gobiernos que se llaman o denominan democráticos.

Y agregó: “Lo que constatamos es que las personas defensoras están en grave riesgo por la descalificación, las amenazas, la difamación, los allanamientos e incluso de perder la vida por diferentes agentes y de manera muy preocupante por la injerencia de agentes no estatales y que están vinculados a megaproyectos con la explotación de la tierra y el territorio”.

Luego de destacar el valor, el compromiso y el coraje de los activistas por defender los derechos humanos, consideró que “en Oaxaca se da en un contexto preocupante y grave porque el riesgo es real, inminente y cotidiano”.

“Preocupa de manera especial el asesinato de personas que aún con medidas cautelares han sido privadas de la vida y eso demuestra la total ineficacia de las autoridades porque cuando hay asesinatos es que todo ha fallado, desde la prevención, el seguimiento, la atención y el Estado tiene el deber de respetar y proteger que los defensores, quienes deben hacer su trabajo en un contexto de seguridad y de garantías”, puntualizó.

A ello, dijo, hay que sumarle la impunidad que persiste y el mensaje que mandan las autoridades a la sociedad “es que agredir a defensores y defensoras es gratis, que no cuesta nada, que cualquiera puede agredir, descalificar, amenazar e incluso asesinar porque no va a pasar nada y que el Estado o no quiere o no puede defender a los activistas”.

Mientras que Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, detalló que sostuvieron cuatro reuniones con funcionarios del gobierno estatal, excepto con el gobernador que en estos tres días argumento estar fuera, con legisladores, representante del alto comisionado de la ONU en Oaxaca y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Dijo que todas las autoridades manifestaron plena voluntad de cumplir y respetar los derechos humanos y fueron insistentes en hacer recuento de cambios legislativos, lo cual reconocen, pero no es suficiente porque “una buena ley no necesariamente por sí misma transforma la realidad si no tiene una buena implementación”.

En esos encuentros expresaron el tema de la impunidad porque casi no hay resultado de acceso efectivo a la justicia y sanción a los responsables, lo que refleja la deficiencia de un sistema de investigación.

Respecto a las medidas de protección dictadas a defensores y defensoras de derechos humanos, destacó que se aplican en una total descoordinación entre instancias como la procuraduría de justicia, la coordinación de derechos humanos del poder ejecutivo, la Defensoría de Derechos Humanos y las corporaciones policiales, aunado a la falta de diálogo con las personas beneficiarias.

Explicó que cuando “se dicta la media cautelar, lo que sucede, es que se implementa un especie de operativo a las oficinas o domicilios particulares de los afectados porque llegan encapuchados con armas largas, entonces, no es una medida de protección es un operativo, ni hay reglas claras, ni protocolos, ni jerarquías”.

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