México: Asesinan en Oaxaca a ex dirigente de la sección 22 del sindicato de maestros

Oaxaca, Oax. El ex secretario de Organización de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rafael Vicente Rodríguez Enríquez, fue asesinado hoy con armas de fuego por sujetos desconocidos en el municipio conurbado de Santa Lucía del Camino.

En un comunicado, la Sección 22 del SNTE lamentó la muerte del ex dirigente y subrayó que se suma a una larga lista de crímenes de miembros de la gremial impunes y sin esclarecerse.

Ante esto, exigió la investigación y el castigo a los autores materiales e intelectuales del homicidio de Rodríguez Enríquez, mayor seguridad para la sociedad e integrantes del movimiento magisterial y un alto a la criminalización de la protesta social.

Según fuentes policiales, el actual secretario general del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (FACMEO) sufrió el ataque alrededor de las 3:30 horas, cuando se encontraba en las afueras de las oficinas de esa organización, situada en la esquina de las calles Río Chiquito y Sauces, en la colonia del Bosque Sur, después de acudir a la celebración de 15 años de una sobrina, en un salón de fiestas cercano.

El profesor, quien participaba en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), fue atacado por sus victimarios mientras esperaba en los alrededores de su vehículo a su hermano y cuñada, quienes se habían introducido a la sede del FACMEO para guardar la comida sobrante del festejo.

Los familiares salieron rápidamente de las oficinas al escuchar los disparos de arma de fuego y encontraron al ex líder magisterial tirado y sangrando en el piso, con dos disparos en la cara. Lo trasladaron a la clínica 2002 de esta ciudad, pero al llegar fue declarado sin vida.

Rodríguez Enríquez, secretario de Organización de la Sección 22 del SNTE en el periodo 1995-1998, fue detenido junto con la indígena zapoteca de San Agustín Loxicha Isabel Almaraz Matías y con el estudiante universitario Pedro Castillo Aragón, por agentes de la entonces Policía Ministerial del Estado (PME), en junio de 2002, por presuntamente pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y participar en el secuestro del nieto del dirigente de vendedores, el priísta Gonzalo Rodríguez.

Meses después alcanzó su libertad por no probarse su participación en ningún delito imputado.

El 7 de agosto de 2006, Rodríguez Enríquez participó en una brigada móvil de la APPO que fue agredida a balazos por agentes de línea y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, encabezados por el entonces coordinador general de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal Aristeo López Martínez, cuando pretendía cerrar las oficinas de la Secretaría de Economía (SE), ubicada en la colonia Reforma de esta ciudad.

Posteriormente, el 7 de mayo de 2008, el ex líder magisterial emplazó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a presentar pruebas sobre su presunta vinculación con un grupo de asesinos al servicio del ex secretario general de Gobierno, el priísta Jorge Franco Vargas, acusado de operar la “guerra sucia” en contra de simpatizantes de la APPO.

Según versiones periodísticas, el ex comandante de la VIII Región Militar Alfredo Oropeza Garnica, con sede en Oaxaca, en un informe entregado a la Secretaría de Gobernación, reportó que Franco Vargas manejaba a un grupo de asesinos, entre ellos Rodríguez Enríquez.

Rodríguez Enríquez dijo que su vinculación con Franco era preocupante porque quizá con esto pretendan involucrarlo con la desaparición de los militantes del EPR Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, sucedida el 25 de mayo del 2007 en esta ciudad.

“A lo mejor pretenden una agresión en contra mía o de mi familia para justificarla como represalia por una supuesta traición al EPR, a pesar de yo nunca he formado parte de esa organización”, asentó.

En tanto, el gobierno del Estado lamentó el deceso de Rodríguez Enríquez, y adelantó que en torno a la investigación que obra en poder de la PGJE, no se descarta ninguna línea de investigación para dar con quien o quienes resulten responsables, a fin de castigarlos conforme a derecho.

Fuente: La Jornada

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