Múgica Herzog, Defensor del pueblo español, dice a la ONU que no haya casos de tortura en su país

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Múgica Herzog dice a la ONU que no halla casos de tortura

Enrique Múgica Herzog ya ejerce como teórico responsable anti-tortura en el Estado español. Ayer presentó a enviados de la ONU sus primeros pasos. Dijo que no ha visto un solo caso de torturas, pese a que en estos meses se han producido detenciones de policías por esta razón y la petición fiscal del «caso Portu-Sarasola».

Ramón SOLA | IRUÑEA

Enrique Múgica Herzog, Defensor del Pueblo y ex ministro de Justicia, presentó ayer su primer balance como responsable del llamado Mecanismo Nacional contra la Tortura, después de que en noviembre pasado el Gobierno español le encomendara esta labor. Ante representantes de la ONU, aseguró que han empezado a visitar dependencias policiales (aludió a 54 revisiones) y no han encontrado un solo caso de tortura «tras hablar con personas detenidas, algunas de ellas pertenecientes a ETA. Ni un caso de malos tratos», recalcó Múgica Herzog.

Se da la circunstancia de que desde noviembre han trascendido varios episodios de detenciones de policiales por agresiones en comisaría, según recordó a GARA Jorge del Cura, representante de la Coordinadora estatal para la Prevención de la Tortura. La última, este jueves en Arrecife (Tenerife), donde dos agentes fueron detenidos y otros cuatro están acusados de propinar una paliza a dos hermanos arrestados por una pelea callejera. «También ha habido detenciones en Mallorca o en Valencia, así que si Múgica no los ha visto será porque no los ha querido ver», subrayó Del Cura.

Además, en estos meses se ha conocido también la acusación fiscal contra diez guardias civiles a quienes atribuye torturas y maltratos a los vascos Igor Portu y Mattin Sarasola en enero de 2008. El escrito de acusación no recabó ninguna valoración del Gobierno español, por lo que se da por seguro que no se han tomado medidas contra los imputados. De hecho, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, defendió que sus heridas no correspondían a torturas, sino a un enfrentamiento producido en la detención.

Tras obviar estas cuestiones, Múgica puso todo el foco sobre estas visitas. Afirmó que pedirán incluso «un incremento de dotaciones en nuestro próximo presupuesto». En cualquier caso, el presidente del Senado y también dirigente del PSE, Javier Rojo, vio necesario matizar que «esto no obedece a que en España exista un problema de torturas, sino a la necesidad de la prevención mediante visitas sorpresivas y regulares».

¿Por qué no al juez?

Estas explicaciones fueron escuchadas por el vicepresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, Mario Coriolano, que aconsejó repetir las visitas a los mismos centros de modo periódico para que los policías «sepan que están controlados».

Estas instancias de la ONU han incidido reiteradamente en que la mejor fórmula de eliminar las torturas es suprimir la incomunicación. Coriolano añadió ayer que lo más deseable sería que no haya interrogatorios en los calabozos, sino que los detenidos sean llevados directamente ante el juez.

El resto de organizaciones intervinientes dijeron que seguirán «con mucho interés» las acciones de este Mecanismo, en palabras de Mark Thomson (Asociación para la Prevención de la Tortura, de Ginebra). Esteban Beltrán (Amnistía Internacional) consideró que la tortura «no tiene final, pero se puede reducir» Y Fernando Mariño (Comité contra la Tortura de la ONU) instó a no actuar cuando haya denuncias, sino antes.

Según supo GARA, la sesión fue ocultada a la coordinadora que agrupa a organizaciones del estado (entre ellas TAT, Behatokia, Gurasoak o Etxerat). El 19 de abril escribieron a Múgica para pedirle información sobre el Mecanismo, pero éste se limitó a responderles que «viene funcionando con total normalidad». Además, indicó que no piensa nombrar el preceptivo Consejo Asesor por ahora; alega que su mandato concluye pronto y añade que «su inexistencia no impide el funcionamiento del Mecanismo».

El juicio por torturas a Portu y Sarasola será en octubre

El juicio contra quince guardias civiles acusados de torturas y maltratos a Igor Portu y Mattin Sarasola ha quedado fijado para el próximo mes de octubre. La noticia se conoce curiosamente después de que ambos hayan sido juzgados en la Audiencia Nacional junto a Mikel San Sebastián -detenido más tarde en el Estado francés- sin esperar a que se resuelva si sus declaraciones policiales fueron o no forzadas por la Guardia Civil. Las autoinculpaciones, además, suponen el principal elemento utilizado por las acusaciones para atribuirles la autoría de la explosión de la T-4 de Barajas, por la que se ha producido una petición fiscal final de 1.120 años de cárcel para cada uno.

En la primera sesión de este juicio, Igor Portu y Mattin Sarasola hicieron alusión a las torturas padecidas, una denuncia que avala también la Fiscalía de Gipuzkoa al imputar a diez guardias civiles. Portu, en concreto, explicó al tribunal que no iba a declarar porque todo lo que tenía que decir en la sala ya lo expresó en su denuncia judicial de torturas. Sin embargo, la agencia Efe distribuyó una versión diferente, basada en un error inicial de traducción que luego fue subsanado, según la cual Portu dijo que todo lo que tenía que declarar lo había hecho «bajo torturas». Esta versión incorrecta fue reproducida también por GARA y distorsionaba completamente el sentido de las palabras del preso vasco.

Durante el juicio planeó la sombra de la tortura, aunque el asunto no era juzgado en esta vista, sino en la que se celebrará en Donostia. Las acusaciones no han dudado en usar los testimonios obtenidos en los calabozos como prueba, pese a la probabilidad de que fueran obtenidos mediante torturas (Portu acabó en la UCI). La defensa, por contra, pidió la absolución tras rechazar la recurrente excusa oficial que atribuye las denuncias a un «manual de ETA». De hecho, recordó que San Sebastián no refirió ningún maltrato. R.S.


Que las denuncias no «se pudran» en un cajón

Editorial Gara

El de Ombudsman, Defensor del Pueblo o Ararteko es, en principio, un cargo público que concita respeto en todo el mundo. Se supone que quienes lo ostentan son personas independientes que durante su carrera han destacado, además de por su capacitación intelectual y profesional, por la defensa de los derechos humanos. Por eso es probable que cuando al vicepresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, Mario Coriolano, le indicasen que su anfitrión en Madrid sería el mismísimo Defensor del Pueblo, este jurista reconocido por haber puesto coto a la tortura y al «gobierno de la mano dura» en Buenos Aires se sintiese halagado y tranquilo. Eso demostraría, en principio, el compromiso de los mandatarios españoles con la prevención de la tortura. Algo que, vistos los informes de los predecesores y superiores de Coriolano, parecería un cambio de postura novedoso y positivo por parte del Gobierno español.

Sin embargo, es de imaginar que un profesional como Coriolano pronto se informaría de quién es el Defensor del Pueblo español. Se sorprendería de saber que Enrique Múgica Herzog fue ministro de Justicia con el PSOE entre 1988 y 1991. Sus informes le indicarán que en esa época hubo gran cantidad de denuncias por torturas y que, sin embargo, no parece que el ministerio comandado entonces por Múgica hiciese esfuerzo alguno por investigarlas. También quizá le sorprenda saber que a Múgica lo nombró como Defensor el Gobierno de José María Aznar.

Múgica es conocido entre los vascos sobre todo por haber sido el impulsor de la política de dispersión de los presos políticos vascos y por ser hermano de Fernando Múgica, muerto en un atentado de ETA. Muchas personas también le recordarán por haber pedido que los presos políticos «se pudran en la cárcel». Palabras que, vistos sus actos, son un pilar de sus creencias. En realidad, su cargo se asemeja más al de un Defensor del Estado que del pueblo, lo que le coloca más en el lado de los policías que él debería vigilar que de los detenidos y potencialmente torturados.