Los trabajadores, vendidos: El 84% de los convenios no tienen cláusula de revisión salarial

Con datos oficiales, sólo un 16% de los convenios tienen cláusula de revisión. Hace diez años, lo tenían la mitad. Y si nos remontamos más lejos -a los Pactos de la Moncloa, firmados en 1977 y uno de los pilares de la ‘modélica’ transición hacia la actual monarquía- la pérdida de poder adquisitivo era imposible: los aumentos salariales se calculaban según la inflación pasada, es decir, la real, y el sueldo estaba garantizador por cláusulas de revisión prácticamente en todos los sectores.

De aquellos polvos estos lodos. Dos factores han sido clave en la situación actual de pérdida constante de poder adquisitivo y derechos laborales de la clase trabajadora. Por una parte, la política de los distintos gobiernos desde entonces -ya fueran de UCD, PSOE o PP- que han venido aplicando sucesivas contrarreformas laborales. Por otra, la política de conciliación de los grandes sindicatos: las acomodadas direcciones de CCOO y UGT no han dejado de firmar pactos de «moderación salarial» con las patronales, al tiempo que desmovilizaban a los trabajadores.

Aunque el artículo que difundimos firmado por Manuel V. Gómez para El País no analice ese contexto, es ilustrativo en relación a las consecuencias de todo ello y, añadimos también nosotros, a la necesidad de que la clase trabajadora, con el sindicalismo alternativo como herramienta, retome su organización y movilización. 

 

Ocho de cada diez convenios no garantizan el poder adquisitivo

Si los precios suben más que los sueldos, la gran mayoría de convenios no tiene una cláusula que garantice el poder adquisitivo de los asalariados.El 83,6% carece de un mecanismo que haga subir los salarios a la par que la inflación, según el Ministerio de Empleo . Este dato evidencia que esta cláusula, que vincula las subidas salariales a la evolución de los precios, se usa muchísimo menos que hace una década, cuando la mitad de convenios sí tenía la salvaguarda. Los datos divulgados recogen un incremento salarial medio pactado del 1,33%, un porcentaje que supera en unas décimas la inflación prevista para final de año.

La cláusula de garantía sobre el poder adquisitivo de los sueldos dinamitó a finales de julio las negociaciones entre sindicatos y patronales para alcanzar un pacto que sirviera de guía en las negociaciones de los próximos convenios colectivos. Los primeros, UGT y CC OO, la exigían. Los segundos, CEOE y Cepyme, no estaban dispuestos a transigir y aceptar la vuelta de un mecanismo que quisieron arrinconar durante años, algo que no lograron hasta 2012, durante la segunda recesión de esta larga crisis.

Desde entonces esa salvaguarda, que, como norma general, compensa a los trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo si los precios suben más de lo que se pactó para los salarios, ha sobrevivido en menos del 15% de los convenios. En lo que va de año, ha subido algo su uso, hasta el 16,4%. Pero estos porcentajes están muy lejos de los alcanzados cuando los acuerdos estatales de negociación colectiva recomendaban su inclusión y de los alcanzados antes de la crisis.

Ocho de cada diez convenios no garantizan el poder adquisitivo

La cobertura de las cláusulas de salvaguarda aumenta hasta casi el 25% si se toma como referencia el número de trabajadores cubiertos: 1,25 millones de los poco más de cinco millones de asalariados que contaban hasta julio con la protección de un convenio colectivo.

Una demanda internacional

La erradicación de las cláusulas de garantía salarial fue también una reclamación de varios organismos internacionales y otras instituciones como el Banco de España. Y era, además, una medida impulsada indirectamente desde el Gobierno para ganar competitividad. El argumento es que su existencia provoca que los efectos negativos de la inflación tardan más en desaparecer. El ejemplo que suele utilizarse es el del petróleo, un producto de precio muy volátil.

Cuando el crudo sube, es habitual, y más en España, que la inflación responda también al alza. Esto, a su vez, puede provocar que se activen las garantías salariales. La espiral no acaba aquí, ya que los empresarios —como los empleados— tampoco absorben el impacto de la subida de los costes laborales y lo trasladan a los precios. Los defensores de esta teoría añaden otra consecuencia: la persistencia de la inflación lleva a que se mantengan medidas para combatirlas que enfrían la economía y el crecimiento, como los tipos de interés altos.

Ocho de cada diez convenios no garantizan el poder adquisitivo

Atendiendo a la evolución de la inflación en España este año, parece difícil que el mecanismo se active en los convenios que cuentan con él. En los siete primeros meses del año, el incremento medio es del 1,33% y casi todas las previsiones sitúan en diciembre el índice de precios al consumo por debajo (Funcas pronostica un incremento del 0,8%). Y este dato, el de final de año, es el que toman la mayoría de convenios, pese a que sería más apropiado el promedio anual.

Ligero incremento

El incremento pactado visto el mes pasado mantiene la tendencia de incrementos bajísimos seguida en los últimos años. El 1,33% de julio es apenas tres centésimas superior al de junio y supera en poco más de una décima el alza observada en enero.

Este ha sido el principal argumento expuesto por la patronal para ofrecer en las negociaciones fallidas un incremento que se situaba entre el 1% y el 2%, más medio punto porcentual por productividad. Si “aguas abajo”, expresión muy utilizada por el presidente de CEOE, Juan Rosell, las subidas pactadas eran bajas, es evidente que no había necesidad de ir más allá.

Los sindicatos, en cambio, pedían a la patronal que asumiera su papel de agente social y firmara un pacto con un incremento de salarios mayor (entre el 1,8% y el 3%). Su razonamiento era que, con la recuperación consolidad y creándose empleo a un ritmo alto, ha llegado el momento de que los sueldos ganen poder adquisitivo. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, se situaba más cerca de esta tesis, pero el acuerdo no fue posible.

https://economia.elpais.com/economia/2017/08/09/actualidad/1502300247_949475.html

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