Los trabajadores de Correos tienen siete veces más probabilidades de enfermar de coronavirus

“La forma más fácil de verlo son las matemáticas”. Virginia Hidalgo, trabajadora de Correos en Madrid y miembro de CGT, hace las cuentas: por cada mil personas que viven en España, hasta ahora son 2,67 las que han dado positivo en coronavirus. Si hacemos la misma cuenta con los alrededor de 50.000 trabajadores que conforman la plantilla de Correos la cifra asciende a más de 15 contagiados por cada mil trabajadores. Son siete veces más contagiados que la media de población. “La empresa puede decir lo que quiera, las matemáticas son irrefutables”, subraya Hidalgo.

Correos cuenta con una plantilla de 50.000 trabajadores de los que alrededor de 15.000 son funcionarios y 35.000 personal laboral, la mayor parte fijos. A estos se suman los trabajadores eventuales, que pueden llegar al 20% de la plantilla total y que trabajan sobre todo en campañas como la de Navidad. De estas trabajadoras y trabajadores, al menos 785 han dado positivo en coronavirus y otros 2.144 están cumpliendo cuarentena a fecha de 3 de abril, según datos de CGT. Son las cifras de una de las empresas públicas que más afectados por el covid19 presenta, solo por detrás de la sanidad pública y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado —si sumamos las cifras de contagiados de agentes de la Policía Nacional, policías autonómicas, Guardia Civil y policías locales— y tres veces veces más que el Ejército. El Real decreto 10/2020, con el que el Gobierno restringía la actividad laboral durante el estado de alarma los sectores esenciales, incluyó a Correos en el listado.

“Al principio, el primer problema fue que, como es una actividad en la que gran parte de la plantilla trabaja en la calle, no había medios de protección, ni mascarillas ni guantes ni nada”, explica a El Salto Juan Carrique, abogado de CGT. “Hubo mucho conflicto y desde CGT, en base a la Ley de prevención de riesgos laborales, manifestamos que se debería haber suspendido la actividad. Hubo muchas paralizaciones determinadas por los propios trabajadores, y, a veces, por los representantes sindicales, pero no fueron afectados por Inspección de Trabajo”, continúa.

 

 

“Ha sido como una pesadilla cada hora de nuestra vida”, afirma por su parte Hidalgo. “Se nos mandó como si fuéramos infantería de guerra a la calle sin prácticamente ninguna información, o con información falsa sobre los EPI. El director nos llegó a mandar una carta diciendo que las mascarillas no servían para nada”, continúa.

 

 

Esta cartera explica cómo, desde la enorme plantilla de Correos, esta situación se vivió de forma muy diferente según desde dónde se trabajara. “Desde el rural, que llega hasta el último pueblo de la montaña de Asturias, en la España vaciada, donde es prácticamente el único contacto entre los ciudadanos y la administración, el cartero está viendo a la gente caer a su alrededor y temen ser los que lleven el coronavirus a estas poblaciones más despobladas”.

El cambio de directrices ha sido, según subraya Hidalgo, una constante, con órdenes cambiantes cada doce horas. “Lo que planteamos es que no somos desconocedores de la dificultad que ha tenido el Gobierno y Correos para acceder al material sanitario para evitar el virus, de que las mascarillas se han convertido en uno de los objetos más preciados en el mundo, igual que los guantes, pero si la empresa no podía asegurar la salud de los trabajadores no podía hacer lo que hizo”, explica la cartera. “Trasladó toda la responsabilidad y el riesgo a los trabajadores y a sus familias. Tendría que haber cerrado de inmediato, pero han interpuesto el dinero a las personas”, lamenta.

“En un primer momento se consideró que era el servicio público universal y se quedó fuera la paquetería, después se dijo que paquetería sí pero de productos esenciales como farmacéuticos. Las notificaciones [administrativas u oficiales en general] en principio estaban suspendidas, pero el decreto obliga a entregar notificaciones relacionadas con el estado de alarma”, detalla Carrique, que añade que, finalmente, según el distrito, se trabaja de manera muy heterogénea y si no se acumulaba trabajo se iba sacando el pendiente, sin importar de qué tipo.

Carrique detalla que aunque Correos aprobó turnos rotativos para sus trabajadores, esto se realizó solo en parte porque “la empresa quedó tan reducida en muchos casos que no hay suficiente plantilla para rotar”. En muchos de los servicios, los trabajadores asisten a su puesto todos los días: en la oficina de atención al cliente, en clasificación… Son los carteros lo que trabajan día sí, día no, según afirma Carrique.

A la misma vez, la empresa pública presionó a los trabajadores con menores sin alternativa para su cuidado a que cogieran vacaciones. “Hemos intentado que les ofrecieran una licencia remunerada, pero la empresa se ha negado”, afirma Hidalgo, que anuncia que van a pleitear desde CGT para intentar que a estos trabajadores les devuelvan el dinero que les han recortado en su sueldo al obligarlos a coger vacaciones, acogiéndose al artículo 37,3 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se recoge el derecho del trabajador a ausentarse del trabajo por deber inexcusable. “Se suele asociar a cuando hay que ir a un juicio, pero también se contempla para motivos personales”, explica, poniendo como ejemplo a la propia Administración, que ofreció a los funcionarios acogerse a este artículo para no asistir al trabajo y quedarse en casa al cuidado de hijos e hijas cuando se ordenó el centro de los cierres escolares el 10 de marzo.

Pero mucha de la actividad continuó. El 27 de marzo moría la primera trabajadora de Correos a causa del coronavirus. Tenía 51 años y trabajaba, con contrato eventual, en tareas de atención al cliente y reparto en La Pobla de Claramunt, a tan solo ocho kilómetros de Igualada, la primera ciudad en la que se decidió aplicar el confinamiento. Desde la empresa, según explica Hidalgo, no se reconoció la muerte por accidente laboral de esta trabajadora porque la familia no se puso en contacto con Correos. “Ella era trabajadora eventual, y eso siempre juega en contra del trabajador. En los primeros días, paramos hasta cien plantillas, pero los eventuales salían a trabajar por miedo a que no les volvieran a contratar”.

Pocos días antes del fallecimiento de la cartera de Igualada, entre los días 23 y 24 de marzo, Correos había empezado a repartir EPI entre sus trabajadores. “Obtuvieron una parte de una partida que recibió el Gobierno de material de EPI que movió entre sanidad, ejército y transportes, y ahí entrábamos nosotros”, explica Hidalgo. Pero este material era “ínfimo”, según lamenta. “El día que nos lo dieron, que no fue en todos los sitios, si tenías guantes no tenías mascarilla, y si por casualidad tenías de los dos no tenías gel hidroalcohólico, que tiene que ser individual para poder llevarlo porque hay que echárselo cada 15 minutos y ahora los carteros no tiene ni bares en los que lavarse las manos”. Además, tras la entrega de esos primeros EPI, la empresa obligó a sus trabajadores a reciclarlos. “Tenemos una batalla legal porque si los reciclas no valen, intentan hacer creer a los trabajadores que están seguros, pero no lo están”.

El pasado 1 de abril, dos días después de que se comenzara a aplicar el real decreto, el presidente de la empresa pública, Juan Manuel Serrano, afirmó que solo se cubrirán servicios esenciales. “Es algo que lleva afirmando en las últimas dos semanas sin ser cierto”, señalan también desde CC OO y UGT en un comunicado, en el que exigen que se restinga la actividad de Correos al servicio postal universal, según aparece en el real decreto, y a la distribución de productos esenciales y de primera necesidad.

“A partir del último decreto, han considerado que Correos es una actividad esencial y se está manteniendo el servicio como antes”, continúa Carrique, quien añade que, sin embargo, hay mucha menos plantilla, con más de 2.100 trabajadores en cuarentena y 777 contagiados de coronavirus a fecha de 3 de abril. “Hay una lista de envíos que hay que realizar porque son esenciales, pero esto no se está cumpliendo en todos los puntos. Incumplen las normas que ellos mismos se dan y el problema que tienen es que quieren hacer mucho pero el número de contagiados está aumentando —explica Carrique—. Dicen que está trabajando ahora un 25% de la plantilla, pero a nosotros no nos salen las cuentas ya que la plantilla ha disminuido mucho porque la gente se contagia”.

El pasado 3 de abril murió el segundo trabajador de Correos. Tenía 59 años y era funcionario. “Se detectó que tenía coronavirus y tuvo tratamiento, estuvo en el hospital, volvió a su domicilio y falleció entre el jueves y el viernes por un ictus estando ya de baja”, detalla Carrique. En su caso, Correos sí que reconoció su muerte como accidente laboral causado por el coronavirus.

“La gente no se acuerda de Correos porque no lo tiene en mente como servicio esencial, somos los grandes olvidados”, lamenta Hidalgo. Por otro lado, esta cartera señala que, con el estado de alarma y la paralización de los plazos de las notificaciones administrativas, “ese servicio postal universal que es necesario deja de ser básico y nos convertimos en repartidores, dejamos de ser fedetarios, los que dan fe de las notificaciones de ERTE, de multas o de lo que sea”. “Él vio en la crisis una oportunidad para quitarse de en medio la competencia de otras empresas en plan ‘aquí nos vamos a forrar’, y le ha importado una mierda lo que nos pasara”, afirma en relación a Juan Manuel Serrano, presidente de Correos designado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Hidalgo alerta también de la situación psicológica de la plantilla. “Lo que nos han están haciendo pasar va a tener consecuencias muy graves en la salud también psíquica de la plantilla, conozco casos de trabajadores jóvenes con compañeras embarazadas, que convive con gente mayor o con población de riesgo  a los que se obliga a ir a trabajar sin ningún tipo de EPI, con el riesgo de llevar el virus a casa, o les obliga a cogerse vacaciones o licencias sin sueldo”, denuncia esta cartera.

Desde CC OO y UGT demandan que se rectifiquen las instrucciones operativas vigentes y limite la exposición de la plantilla al contagio, acortando el servicio a una cuarta parte de la plantilla diaria con rotaciones. También que proporcione a la plantilla medidas de seguridad, lo que, según denuncian, no están haciendo. “En caso contrario, la actividad debe paralizarse”, señalan desde estos sindicatos.

Desde CGT reclaman la suspensión de la actividad. “Aunque no estemos directamente con personas enfermas, a la hora de repartir pasamos más de la mitad de la jornada en la calle pasando por muchos puntos de entrega, y se multiplican las posibilidades de contagio, tanto de público a trabajadores como de trabajadores a público”, explica Carrique. “Por eso pedimos la paralización”, concluye.

 

El Salto

 

 

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