Los «sin papeles» no podrán llamar por teléfono ni utilizar internet en los locutorios

Agencias

Así queda recogido en el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana aprobado en Consejo de Ministros. Los proveedores de estos establecimientos -fija la norma- estarán obligados a exigir la documentación.

Pero las obligaciones del registro documental no se limitarán solo a este tipo de negocio. La ley orgánica de Fernández Díaz prevé que «los responsables de comercio o reparación de objetos usados, alquiler o desguace de vehículos de motor, compra venta de joyas y metales, ya sean preciosos o no, objetos de obras de arte, así como otras actividades, también cumpplan estas obligaciones», detalla el primer artículo (24) del capítulo cuatro, bajo el epígrafe ‘Postestades especiales de Policía administrativa de la seguridad’.

Interior, recuerda eldiario.com, ha comparado esta petición de documentación para hacer uso de esos negocios privados, con la que se solicita cuando se acude a un centro de salud. Hace dos años, el Gobierno de Rajoy excluyó a los inmigrantes sin papeles del acceso a la Sanidad Pública. No obstante, de momento no ha quedado concretado si al postre valdrá el pasaporte de lugar de origen para identificarse.

Infracciones de 100 a 600.000 euros

A parte de la documentación, del extenso índice de actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana -donde se incluyen puntos polémicos como el derecho de manifestación-, o las potestades especiales de la policía administrativa, el anteproyecto de ley establece nuevas infracciones que van de 100 a 600.000 euros, dependiendo de su gravedad.

A expensas del trámite parlamentario que habrá de recorrer la ley, Interior incorpora al régimen sancionador infracciones graves que hasta ahora no estaba reguladas. Estas son algunas de ellas:

-La participación en alteraciones de la seguridad ciudadana usando capuchas, cascos o cualquier otro tipo de prenda u objeto que cubra el rostro, impidiendo o dificultando la identificación.

-La perturbación del orden en una campaña electoral, administración electoral, votación, escrutinio y recuento de votos.

-Las ofensas o ultrajes a España, a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito.

-Escalamiento de edificios de organismos o instituciones públicas o de interés histórico-artistico sin la debida autorización y la precipitación o lanzamiento desde los mismos, sin la debida autorización.

 
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