Los sectores populares toman distancia del MAS

El sábado 16 de febrero, en la localidad de Huatajata, provincia de Omasuyos del departamento de La Paz, se realizó el Encuentro Nacional de Organizaciones y Líderes Sociales, con la participación de cerca de 200 delegados de diferentes organizaciones populares del país.

Los mineros de Oruro, la Central Obrera Departamental de Oruro (COD), los desocupados, los estudiantes de la Universidad Pública de El Alto, la Federación de Estudiantes de Secundaria, dirigentes de las juntas vecinales, delegados del Plan 3000 (ciudadela periférica de Santa Cruz), activistas de Defensa del Patrimonio Nacional, alcaldía de Achacachi y organizaciones políticas participaron activamente en este encuentro.

En cada intervención, los participantes fueron enfáticos en rechazar la política del gobierno del MAS, a la que calificaron de asistencialista, reformista y populista-indígena. Con base en el análisis de las medidas económicas, algunos dirigentes afirmaron que la administración de Evo Morales no se ha desmarcado del modelo neoliberal y todos coincidieron que de ninguna manera es revolucionario.

Los disertantes también afirmaron que el gobierno utiliza campañas mediáticas para engañar al pueblo con la supuesta “nacionalización” y “revolución agraria”, porque en los hechos las transnacionales siguen explotando los recursos naturales y los latifundios “productivos” (grandes propiedades de terratenientes que en teoría cumplen una función económica) son intocables.

El proyecto de Constitución Política del Estado del MAS y UN (partido del empresario Samuel Doria Medina) fue objeto de análisis por parte de los asistentes, quienes plantearon que los derechos proclamados en ella, tienen sus “candados” en otros artículos y se hacen inaplicables. La Constitución aprobada en diciembre de 2007 garantiza en forma reiterativa la propiedad privada sobre los medios de producción, el “secreto bancario” para resguardar las fortunas, la participación de las transnacionales en la explotación de los hidrocarburos y, bajo el criterio de la “función económico social” (plasmado en la Ley INRA de Gonzalo Sánchez de Lozada y mantenida en la actual Ley de Reconducción Comunitaria), garantiza la vigencia del latifundio.

Los dirigentes plantearon que desde el inicio de la Asamblea Constituyente se preveía ésta iba a ser un fracaso por haberse permitido la participación de los partidos políticos neoliberales con los que el MAS ha pactado. “Primero se debía hacer la revolución y la toma del poder por el pueblo”, dijeron.

A la vez fue unánime el repudio a la denominada “derecha fascista”, dirigida por la “oligarquía cruceña”, cuyos representantes con el fin de mantener intactos todos sus ingentes privilegios pretenden dividir al país con la perorata de la “autonomía”.

El ex dirigente de la FEJUVE El Alto Carlos Rojas mostró su satisfacción al señalar que este movimiento está creciendo rápidamente a nivel nacional, en la medida en que la gente advierte, cada vez con mayor claridad, que el MAS ha traicionado a nuestro pueblo. Por eso, dijo, es necesario construir una opción verdaderamente revolucionaria con base en la experiencia de octubre de 2003, cuando las clases oprimidas expulsaron a toda la cúpula gubernamental (Sánchez de Lozada y sus secuaces) vinculada a las transnacionales y al imperialismo.

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