Los Pueblos indígenas y el derecho a la consulta: Sólo un discurso estratégico en México

Fue hace 21 años que México firmó o ratificó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y Tribales, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y desde entonces se podía entender que en México se aceptaba y asumía cumplir y hacer cumplir todos y cada de los derechos y obligaciones que dicho Convenio establece a favor de los pueblos indígenas; es importante mencionar que uno de los derechos fundamentales que establece dicho Convenio es el derecho a la consulta.

Así en el articulo 6, inciso A, de dicho Convenio se establece que al aplicar los convenios, leyes y declaraciones relacionados con los pueblos indígenas, los gobiernos deberán primeramente consultar a los pueblos, mediante procedimientos apropiados esto es, que se les hable en su lengua materna, que se respete su contexto comunitario y su cultura en general, que sea mediante sus instituciones comunitarias, esto es mediante la asamblea, cada ves que se provean medidas, programas o proyectos que puedan afectarles o beneficiarles directamente o indirectamente.

Es importante resaltar entonces que el respeto al derecho a la consulta, solo existe como tal, cuando este se desarrolle conforme a medios apropiados: mediante la lengua propia de la comunidad de que se trate; sea libre: que el gobierno no los presione mediante planteamientos inducidos; sea informado, o sea que se convoque en tiempo y forma a toda la comunidad y no solo una parte; sea realice de buena fe, que no se ajuste a las necesidades o intereses de los promotores de las iniciativas, programas o proyectos, sino que todo acuerdo, consenso o consentimiento sea resultado efectivo de un verdadero diálogo con la comunidad y las instancias de gobierno que promuevan cualquier programa dirigido hacia los pueblos en cuestión.

Lo anterior se refuerza con el articulo 7, primera parte del Convenio 169, cuando señala que los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte o refuerce a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual &nbsp y de las tierras que se ocupan para trabajar.

Ahora bien, en lo que respeta a la constitución Mexicana y gracias a la reforma del año 2004 resultado de la lucha indígena zapatista y de diversos movimientos sociales, se reconoció al fin que en articulo 2º, que “la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”, por lo que esta reconoce y garantiza el derecho de estos pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para, decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; en el mismo articulo se establece también que la Federación, los Estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de las personas indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Bien, pues según lo que hemos referido en líneas anteriores, pareciera que exigir la aplicación respetuosa del derecho a la consulta en los pueblos indígenas, puede parecer un asunto rebasado, sin embargo esto no es así, ya que esta situación como muchos otros que son regulados por convenios internacionales y por la propia constitución mexicana, no han sido más que doblemente violentados por el propio Estado mexicano que se supone debe garantizarlos plenamente.

Claro ejemplo de la violación al derecho a la consulta es lo que se está viviendo en estos momentos en el ñuú saví o pueblo mixteco San Isidro Labrador, municipio de Atlamajalcingo del Monte, enclavado en el sur de lo que actualmente se conoce como Estado de Guerrero, México; donde el mes de octubre del año 2009, (justo días antes de intensas denuncias contra persecución gubernamental vía poder judicial en contra de esta comunidad), se presentó un grupo de personas quienes dijeron ser primeramente empleados de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, y que estaban en la comunidad para avisar (muy al estilo noti-exprés de empresas fraudulentas), que esta había resultado beneficiada con el programa “PESA GUERRERO SIN HAMBRE” que apoya con un monto económico de $9,000 (Nueve mil pesos) para instalar proyectos agrícolas, Bovino y de aves de corral, y que dicho programa era administrada por el gobierno del Estado encabezado por Zeferino Torreblanca Galindo de extracción perredista, a través de la SEDER, la SAGARPA y la FAO, pero curiosamente ejecutada por una empresa privada que opera desde tlapa, a la que finalmente las personas referidas confesaron pertenecer.

Nótese que desde el inicio se condujeron con mentira. Cabe anotar que desde entonces estas personas frecuentan en la comunidad, con la finalidad según ellos de levantar datos y diagnósticos, para completar los requisitos que exige su programa (y decimos su programa porque en ningún momento participamos en su diseño o construcción). Se nos hace importante además mencionar que cada que estas personas necesitan reunir a las solamente 44 compañeras, (que según ellos resultado beneficiadas, de las mas de 150 madres de familia en total), de la comunidad que según ellos integran la lista de beneficiadas de su programa, estos amenazan, “que si las compañeras por sus trabajoso alguna otra razón que las impida asistir, estas pierden automáticamente sin pretexto alguno su lugar en dicho programa”.

A lo anterior se agrega la situación de que, cada que estas personas programan reuniones con las compañeras (que por cierto siempre es vía telefónica), a parte de no respetar nunca la hora que fijan, siempre cambian la información que dan, esto es, en una reunión expone una cosa, en la posterior la modifican, y así sucesivamente, al grado que la comunidad no ha logrado entender realmente el propósito de su programa (cabe observar que esta situación no es casual ni gratuito, sino que obedece a toda una estrategia de confusión a nuestra comunidad, esto se verifica con aplicación vertical, corrupta y discriminatoria de dicho programa).

Conforme a todo lo anterior, denunciamos entonces la actitud y el proceder discriminatoria y racistas primeramente del gobierno federal y estatal hacia nuestra comunidad ñuu saví, y por violentar atrozmente nuestros derechos de ser consultados en todo lo que a nuestra comunidad se refiere, en razón de que en ningún momento se nos hizo parte del diseño o elaboración del referido programa “PESA GUERRERO SIN HAMBRE” que se nos está imponiendo.

Queremos denunciar también la estrategia “de salida fácil” que ha asumido tanto el Gobierno federal y en complicidad con el gobierno federal, ya que estos para evadir sus responsabilidades en relación a los pueblos indígenas; lejos de que respeten y consulten a los pueblos, mediante procedimientos apropiados, para cualquier situación en lo que los intereses de estos esté de por medio, estos han dado rienda suelta a las empresas privadas, para que maltraten, discriminen y violenten a su antojo los derechos de los pueblos y comunidades indígenas; mientras que el gobierno federal y estatal se lavan las manos, como si fuéramos tontos y no nos diéramos cuenta de su estrategia de agresión, guerra y represión triangular contra nuestras comunidades.

Ahora, en lo que se refiere al respeto a nuestra propia técnica de producción, tampoco se nos tomó en cuenta, y mas bien se impuso la visión gubernamental de enriquecer al más rico, ya que se nos obligó a adquirir todos los materiales a utilizar en los diferentes proyectos de esta programa, situación que causó que solo nos tocara en 10 por ciento del ya raquítico recurso ($9.000), esta situación nos deja claro entonces que el interés primero y último del gobierno federal y estatal, no es apoyar a las comunidades, sino a los empresarios.

Y lejos de respetar las derechos de los pueblos a ser consultados, para la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, de todos los programas o proyectos encaminados a favor de estos, el diseño del programa Guerrero sin hambre, es una imposición en las comunidades en el entendido de que jamás se nos tomó en cuenta para el diseño de ninguna de las etapas de este. Por otra parte y retomando lo que ya en líneas arriba señalamos sobre la estrategia de confusión y distracción, pero sobre todo de la corrupción con el que operan estos proyectos, esto se vislumbra perfectamente al momento en que se empieza a comparar los componentes de estos (que por cierto todo esto impuesto por la mencionada empresa), tal es el caso de los precios muy altos y excesivos de los ganados, los cuales además de no ser de la región, no corresponden a los que las compañeras solicitaron; así mismo los materiales que se emplea para instalar dichos proyectos, no son los que estas personas de la empresa habían prometido, y el monto total del proyecto ya no es $9,000 (nueve mil pesos) sino ($8,4000) ya que se está cobrando $600.00 (seiscientos pesos) a cada compañera beneficiaria, bajo el pretexto de tener un fondo.

Las preguntas que saltan a la vista entonces son principalmente las siguientes:

¿Realmente se intenta mitigar la situación de pobreza extrema en que viven los indígenas con un programa pensado y diseñado, desde el escritorio de una empresa?

¿Qué lógicas son las se supone que siguen el gobierno federal y estatal para imponer esta política farsante de que con el monto raquítico, miserable y burlesco $8,400.00 (Ocho mil cuatrocientos pesos) se puede resolver a fondo la situación que atraviesan los pueblos indígenas?

Por el respeto a nuestra comunidad ñuu saví

Y nada, ni nadie nos callará…

Hoy decimos basta.

Ñuú Saví San Isidro Labrador, municipio de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, México.

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