Los pueblos indígenas ante las elecciones en México

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En el año 2001 los pueblos indígenas del país, aglutinados en torno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena, realizaron una significativa movilización conocida como la Marcha del Color de la Tierra, exigiendo el reconocimiento de sus derechos fundamentales como base para una reforma efectiva del Estado que permitiera su inclusión en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida nacional.

Frente a la exigencia de elevar a rango constitucional el reconocimiento de la personalidad, los territorios, la cultura y la autonomía indígenas, ese mismo año la clase política y los poderes del Estado respondieron en forma unánime con una reforma más que decepcionante, en tanto que no sólo negaron reconocer los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, sino que traicionaron los acuerdos pactados con el EZLN y aprobaron una enmienda regresiva en materia de derechos indígenas que, engarzada con la contrarreforma agraria de 1992 y el Tratado de Libre Comercio, cancela prerrogativas a favor de los pueblos indios estipuladas en tratados y convenios internacionales anteriormente suscritos por México.

En las legislaturas que siguieron, todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión aprobaron diversas iniciativas de ley o de reforma legal relativas, entre otras, a las materias minera, forestal, de aguas nacionales, organismos genéticamente modificados, propiedad intelectual y bienes nacionales, que están poniendo en serio riesgo la integridad territorial y cultural de las comunidades indígenas y que no tienen otro fin que poner en manos privadas, sobre todo extranjeras, la riqueza natural del país. Se trata de las tan sobadas reformas estructurales que arduamente reclaman las cámaras empresariales y el gobierno de Estados Unidos.

Es sobre dicha base legal que empresarios, políticos y grupos criminales han concertado el descomunal despojo que sobre sus tierras y aguas están sufriendo las comunidades indígenas y campesinas a lo largo y ancho del país. Autopistas, minas, proyectos turísticos, desarrollos urbanos, plantaciones e invernaderos para la exportación, apuntalados por políticos de todos los colores y protegidos, conjunta o separadamente, por militares y cárteles mafiosos que usan como coartada la cruenta guerra contra el narcotráfico: el pan nuestro de cada día.

Tanto los actuales candidatos a la presidencia de la República como los partidos que los abanderan han seguido fielmente el guión descrito líneas arriba en el tiempo que les ha tocado gobernar o legislar. Particularmente Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota; el primero con su siniestra cauda represiva, la segunda como protagonista del desastrado gobierno de Felipe Calderón, son entusiastas promotores de las políticas que han provocado el despojo, la miseria y la migración masiva, cuando no la desaparición, de comunidades y pueblos enteros.

Tampoco Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo el PRD, son ajenos a las mañas neoliberales de sus contendientes. Por poner un ejemplo, la política del Peje hacia las comunidades originarias del Distrito Federal cuando fue Jefe de Gobierno, centrada en la cooptación de las dirigencias agrarias, propició un gran derroche de recursos y no fue capaz de poner el menor obstáculo al despojo, vía el crecimiento urbano y el desarrollo inmobiliario, de las tierras y aguas de las comunidades. Ni que decir de las complicidades de la cúpula perredista con el régimen calderonista.

Los millones de pobres que han decidido ejercer su voto en esta ocasión, lo harán mayoritariamente a favor de quien consideren no el mejor candidato, sino el menos peor. La desilusión y la escasa participación ciudadana seguramente marcarán, como acontece desde hace varios sexenios, los próximos comicios federales. Sin embargo, en el presente caso hay que agregar un agravante esencial a la pobreza, el desempleo y el despojo de lustros: la simbiosis entre instituciones políticas y cárteles, así como la fusión entre políticos, empresarios y criminales, como consecuencia de la fragmentación mafiosa del estado, misma que es aplaudida y propiciada por el gobierno de los Estados Unidos, país que se beneficia económica y políticamente del desastre que vive México.

El decir de diversos activistas indígenas en el sentido de que los pueblos originarios se están abriendo espacios políticos en la presente coyuntura, ya sea porque aquéllos han obtenido un hueso gubernamental o porque son candidatos a algún puesto de elección popular, resulta engañoso, cuando no tramposo, ya que el restrictivo marco constitucional y el carácter funcional de la clase política y las instituciones electorales a los intereses del capitalismo neoliberal, hacen imposible que los pueblos originarios puedan integrase como tales, como naciones plenas y en igualdad de condiciones, al Estado nacional. Justamente la reforma indigenista de 2001 se hizo con dicho fin: perpetuar la exclusión, el despojo y la explotación de los pueblos.

Ante la barbarie planetaria a que nos conduce el actual capitalismo salvaje y mafioso, y ante el próximo proceso electoral y sus montajes, es importante recordar, reflexionar y debatir el largo camino de la resistencia indígena. Sobre todo, resulta crucial hacer visibles las luchas casi invisibles que libran, en medio de una sangrienta violencia gubernamental y paragubernamental, comunidades como las zapatistas de Chiapas o Cherán y Ostula en Michoacán. Mientras los de arriba se reparten el poder, los de abajo tenemos que seguir caminando.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/06/09/oja-pueblos.html