Los observadores del juicio llevarán las vulneraciones del Supremo a la ONU

Por Marina Fernàndez

Los portavoces del ITW detectan que “la esencia es criminalizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos: la autodeterminación, la libertad ideológica, de expresión, de reunión y manifestación, de asociación y de participación política”.

Séptima semana del juicio al procés y primera comparecencia pública de la plataforma International Trial Watch – Catalan ReferendumCase. La entidad coordina a una treintena de observadores de organizaciones de todo el mundo en defensa de los derechos humanos que asisten a cada una de las sesiones en el Tribunal Supremo. Tras un mes y medio “hay unanimidad en decir que se trata de un juicio político, inusual —que favorece más a la acusación que las defensas—, y que persigue de manera preocupante la libertad de protesta“. Los portavoces del ITW detectan que “la esencia es criminalizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos: la autodeterminación, la libertad ideológica, de expresión, de reunión y manifestación, de asociación y de participación política”.

La asociación de observadores, que trabajan voluntariamente, sin retribuciones y que financian los desplazamientos y alojamientos a través de aportaciones individuales y privadas, persiste en criticar cómo se les está limitando y dificultando el trabajo por parte del Tribunal Supremo. Cada día tienen que asistir a las sesiones como audiencia pública, pero no tienen reservado un espacio “como ilustres defensores de los derechos humanos”, como sí que sucede en el resto del mundo, una cuestión “absolutamente desconsiderada”.

Vulneración del derecho a la defensa, efecto disuasorio y falta de imparcialidad

Aunque periódicamente van colgando las conclusiones que van recogiendo semana tras semana en su web, este lunes han querido ponerle voz y anunciar los próximos pasos que seguirán. Uno de los aspectos más graves que han señalado es la vulneración del derecho a la defensa por el hecho de que “se impida poner de manifiesto las contradicciones de los testigos mediante imágenes”. Este hecho, avisan, “está usurpando el poder entrar en el análisis de la credibilidad de los testimonios“. Al mismo tiempo alertan de que la persecución contra los líderes políticos y sociales “tiene un efecto disuasorio muy peligroso, porque quiere evitar que en otros momentos políticos se ejerza el derecho a la reivindicación de las propias ideas tanto por parte de instituciones como de la ciudadanía”. Los observadores también recalcan la poca imparcialidad que representa la “intervención indebida” por parte del juez Marchena “a la hora de arbitrar las preguntas a los testigos, cuestionando solo las repreguntas de las defensas”, así como el hecho que “dos de los magistrados forman parte de la Junta Electoral Central, cuando podrían haber renunciado a ser miembros”.

 

Juicio televisado, un arma de doble filo

Durante su comparecencia, los observadores han destacado cómo el hecho de que el juicio se esté televisando se ha convertido en un arma de doble filo. En las últimas semanas se ha comprobado cómo eso ha favorecido la comunicación entre testigos, “como es televisado, todos son perfectamente conocedores de qué han dicho sus superiores jerárquicos”. Escuchando las declaraciones de algunos de ellos, afirman, “parece que hayan estado ensayando”.

 

El trabajo acabará con un informe a la ONU

Los portavoces de ITW han explicado que culminarán su trabajo con tres informes. El más destacado, el que quieren presentar durante el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, al que se tendrá que someter España entre enero y febrero del año que viene y que analiza los expedientes de derechos humanos de todos los estados miembros. Además, este informe se hará llegar a relatores y expertos tanto de la ONU como del Consejo de Europa. A lo largo de las próximas semanas darán a conocer más detalles en relación con esta iniciativa.

La plataforma International Trial Watch – Catalan Referendum Case la integran el Instituto del Derechos Humanos de Catalunya, el Centro Irídia, el Colectivo PragaNovact, la Asociación Catalana por la Defensa de los Derechos Humanos y el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB.

 

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