Los Jueces avalan la impunidad mediatica

Alarmados por la írrita resolución de algunos jueces en el sentido de cambiar&nbsp el tipo de delito cometido por los hermanos Isaías y con ello legalizar uno de los más grandes fraudes en contra del pueblo ecuatoriano,

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comentábamos la semana pasada acerca de la grave crisis moral que aqueja al aparato jurídico ecuatoriano.

Nuevos escándalos como el caso del Fiscal general de la República se han sucedido en estos días, al punto de hacernos recordar&nbsp el carácter transitorio de la Corte Suprema de Justicia&nbsp y de casi todo el poder judicial, incluido el Consejo Nacional de la Judicatura.

Nadie en este país da un solo centavo por la integridad ética de tantos jueces, fiscales o amanuenses que pululan por juzgados y tribunales del Ecuador. Cada resolución es un escándalo, y eso cuando logran resolver algo, porque centenares de miles de causas están abandonadas en largos y abandonados archivos.

El correspondiente a esta semana se dio por parte de la Primera Sala de la Corte Provincial de Pichincha, integrada por los jueces Patricio Arízaga, Marco Maldonado y Jorge Cadena, que exculparon a la empresa Teleamazonas de haber incumplido lo que dice la ley en relación que se le hizo por emitir noticias basadas en supuestos, según lo han manifestado los medios de comunicación en el país.

Este fallo es particularmente grave porque intenta dar la razón a los monopolistas de los medios de comunicación quienes no solamente conspiran a tiempo completo contra el gobierno del Presidente Correa, sino que han organizado una muy efectiva campaña en contra de la ley de Comunicación que avanza a paso de tortuga en la Asamblea Nacional.

Decíamos que es grave porque sienta un funesto precedente ya que en el futuro cualquier resolución de la&nbsp autoridad competente podrá ser no solamente apelada sino fácilmente diluida por jueces de dudosa integridad moral, con lo cual la impunidad de los propietarios de los medios ha resucitado de manera contundente.

La resolución de dichos jueces&nbsp extiende de manera escandalosa a la obligatoriedad de resarcir e indemnizar con fondos del pueblo, nada más que a los más ricos personajes del país, como son los propietarios del canal Teleamazonas. La decisión marca de manera definitiva una etapa de vergüenza nacional, porque aparte de la significación económica y hasta social, da un espaldarazo a quienes han usufructuado de un orden comunicacional vertical y excluyente.

La resolución de marras hace que retrocedamos&nbsp tres o cuatro años de avances en la toma de decisiones importantes como las críticas a las situaciones aberrantes en los &nbsp medios de comunicación, llámense noticiarios, deportes, programas de entretenimiento, telenovelas, que cumplen el nada despreciable papel de alienar a los ecuatorianos y aculturizarlos con el objeto de continuar dominando en todo los niveles y campos. Aparte de ello se convierte en un formidable negocio y en una fuente de presión política ante los gobiernos.

Si a todo esto añadimos la impunidad de la que se han revertido los traficantes de las frecuencias radiofónicas, los que han lucrado con el bajo precio del valor del papel, la tortuosa vía de aprobación de la ley de comunicación y, quizás, el carácter protagónico que en la política van asumiendo los medios, podemos concluir que los propietarios de los grandes medios han logrado una importante victoria para devolverles de nuevo la impunidad de la que siempre gozaron.

La feroz campaña contra la ley, la&nbsp campaña contra la expropiación de las radios mal habidas y el haberse convertido en los opositores y contendientes en la actual disputa política, son los escenarios que&nbsp ahora se ven estimulados por la resolución de esos jueces quienes en vez de administrar la justicia avalan más bien la impunidad. Regresó la libertad de prensa, dirán.

Y nosotros diremos que las armas innobles y el mal periodismo seguirán apoderados del control de los medios de comunicación.

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