Los inquilinos en apuros dicen ‘No’ a endeudarse para pagar el alquiler

Pinchazo de los créditos ICO para pagar el alquiler mientras se multiplican las solicitudes de ayudas directas.

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La concesión de créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que las familias vulnerables pudiesen pagar el alquiler estaba llamada a ser una de las medidas estrella del “escudo social” del Gobierno. Sin embargo, por el momento parece haber pinchado en hueso: no solo quedan importantes bancos por adherirse, sino que además los potenciales beneficiarios apenas están solicitando estas ayudas ante el temor a endeudarse en un momento como el actual.

A finales del mes de marzo, el Gobierno anunciaba lo que a priori parecía una de las medidas estrellas de su “escudo social” para proteger a los colectivos más vulnerables de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19: la puesta en marcha de créditos del ICO para aquellas familias que no pudiesen pagar el alquiler debido a una caída de los ingresos. El anuncio tardó todavía un mes en hacerse tangible, cuando a principios de mayo el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, puso sobre la mesa una dotación de 1.200 millones de euros para estos microcréditos, exentos de comisiones e interés. Sin embargo, un mes más tarde –y ya dos desde el anuncio- apenas se ha puesto en marcha.

“Los programas de avales del ICO son, a priori, una buena medida para hacer frente a la situación que estamos viviendo”, señala Beatriz Toribio, directora general de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), en declaraciones a EL BOLETÍN. “Confiamos en que, en los próximos días, el ICO y las entidades de crédito puedan suscribir todos los acuerdos que permitan a las familias necesitadas poder obtener estas ayudas para poder hacer frente al pago de sus alquileres”.

No obstante, “la información inicial muestra que la demanda de estos préstamos es limitada”, apunta por su parte el portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), José Luis Martínez Campuzano, “aunque el paso del tiempo nos dirá si está apreciación se mantiene”.“Con todo, lo verdaderamente relevante es que esta medida existe para aquellos que la necesiten y cumplan con los requisitos que han fijado las autoridades”.

“Una vez que se ha habilitado el proceso de formalización por las autoridades, la disposición de los bancos a colaborar es plena, respondiendo de forma ágil y urgente como merece el momento”, promete Campuzano.

De momento las entidades que se han adherido a estos créditos son, por orden de llegada, Caja Onteniente, Caja Pollença, Laboral Kutxa, Bankoa, Abanca, Unicaja, Liberbank, Cajamar, Sabadell, Santander, Bankia, y BBVA, de acuerdo con los datos ofrecidos por el ICO. Quedan sin embargo todavía fuera algunas de las principales entidades, aunque se espera que en los próximos días acaben sumándose.

Pero quizás el escaso alcance por ahora de la medida se entiende mejor desde el punto de vista de los beneficiarios; y la respuesta ha sido todo lo contrario que favorable al menos en lo que concierne al Sindicato de Inquilinos, que en un comunicado critica con dureza que “el Gobierno asume una solución a medida de los fondos buitre: que puedan seguir cobrando los alquileres a precio de burbuja, a costa del sacrificio y el endeudamiento de miles familias inquilinas golpeadas por la pandemia”.

Para el sindicato, “los microcréditos no solucionarán el problema de fondo”, que a su juicio es “la especulación con la vivienda, los alquileres abusivos y el modelo rentista de muchas empresas que se dedican al inmobiliario”. Las medidas “se traducen en más deuda y más burocracia para las familias inquilinas ya saturadas y hundidas por la crisis sanitaria”, resume.

Los inquilinos con problemas para pagar el alquiler a causa de la crisis cuentan de plazo hasta el 30 de septiembre para solicitar en su banco los préstamos del Estado y hasta el 31 de octubre para formalizarlos.

El crédito podrá cubrir hasta el 100% del importe de la renta mensual, si bien tendrán un máximo de 900 euros al mes durante un periodo de seis meses (5.400 euros por beneficiario). Además, tendrán carácter retroactivo, dado que permitirán cubrir el alquiler desde el pasado 1 de abril, el mes siguiente al inicio del estado de alarma. Las operaciones de préstamo podrán formalizarse por un plazo de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro años.

Ayudas directas al alquiler

De vuelta a ASVAL, la asociación considera que sería mejor afrontar el problema de la vivienda en alquiler desde otro tipo de enfoque. “Solo un 3% de los inquilinos de los asociados profesionales de ASVAL ha mostrado interés por acogerse a la moratoria del pago de sus alquileres, lo que demuestra que muchas familias en dificultades económicas optan inicialmente por dejar de pagar sus alquileres antes que aplazar el pago o fraccionar la deuda”, destaca Toribio. “Por ese motivo, lo que proponemos desde ASVAL es que la Administración centre sus esfuerzos en aumentar y acelerar las ayudas directas al alquiler”.

Un estudio realizado por la asociación “muestra cómo se ha triplicado la morosidad desde que ha estallado la pandemia del Covid-19 ante el incremento de familias en situación de vulnerabilidad por las entradas en ERTE y otro tipo de situaciones negativas relacionadas con el empleo. La morosidad ha crecido del 5% al 15% en las semanas del confinamiento por lo que vemos más necesario que nunca que se incrementen las ayudas directas porque calculamos que 225.000 familias que están de alquiler entrarán en una situación de vulnerabilidad por el impacto económico de la pandemia”.

Lo cierto es que, mientras que de momentos los microcréditos del ICO apenas han registrado demanda, las comunidades autónomas se están viendo desbordadas por las solicitudes y los 100 millones extra que inyectó el Gobierno se han mostrado insuficientes. Contando esa partida, el total transferido por el Estado a los gobiernos autonómicos para las ayudas al alquiler en 2020 asciende a 446,6 millones de euros.

Toribio aboga además “por una mayor colaboración público-privada”, que en su opinión “es la forma de atender las necesidades de la población en materia de alquiler. De este modo, habrá un funcionamiento más profesionalizado del sector residencial, que es imprescindible para el desarrollo macroeconómico, financiero y social de España”.

Fuente: El Boletin

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