Los «falsos positivos» son una práctica vieja en el ejército

Documentos desclasificados de Estados Unidos, muestran cómo
ha prevalecido en el Ejército colombiano la mentalidad de que ganar
la guerra es causarle más bajas a la guerrilla y esto a ha conducido
a que inflen el «conteo de cuerpos» matando civiles.
Miércoles 7 Enero 2009

Al cierre de 2008, Colombia y los medios estadounidenses estaban
obsesionados con el escándalo de los «falsos positivos» – la muerte
ilegal de civiles por el Ejército colombiano que luego fueron
presentados como muertos en combate de la guerrilla para inflar los
números de bajas causadas al enemigo (body count). Un informe
militar sobre el asunto que aún no ha sido conocido en su totalidad
llevó a la salida de 30 oficiales del Ejército y la renuncia del
general Mario Montoya, el comandante en jefe del Ejército, quien
durante muchos años había promovido la idea de usar el «body count»
para medir el progreso en la lucha contra las guerrillas.
Pero la forma como fue conducida la investigación –en absoluto
secreto y con consecuencias legales para los responsables aún
inciertas—despierta varios interrogantes. ¿Es esta nueva purga de
personal militar, sin que haya habido una investigación imparcial
dirigida por civiles, realmente suficiente para cambiar la cultura
en el Ejército colombiano? ¿Divulgará el Ejército colombiano alguna
vez los resultados del informe?
Con estas preguntas en el aire, una nueva colección de documentos
diplomáticos, militares y de inteligencia desclasificados que fueron
publicados por la organización National Security Archive de
Washington D.C., describen cómo el «síndrome del body count» ha sido
uno de los principios que han guiado el comportamiento militar
colombiano por años. Esta mentalidad ha llevado a violaciones a los
derechos humanos –como los falsos positivos—y ha incentivado la
colaboración con los grupos paramilitares. Como tales, los
documentos despiertan algunas preguntas importantes sobre las
responsabilidades legales e históricas que el Ejército debería
asumir abiertamente frente a lo que parece ser un incentivo
institucional de larga data para cometer asesinato.
El registro más antiguo sobre este fenómeno específico que aparece
en la colección de los Archives es de 1990. Ese documento, un cable
aprobado por el embajador de Estados Unidos Thomas McNamara, reportó
un preocupante aumento de violaciones atribuidas al Ejército de
Colombia. En un caso, McNamara cuestiona la versión de los militares
de que habían muerto a nueve guerrilleros en El Ramal, Santander en
junio 7 de ese año.

«La investigación de Instrucción Criminal y la Procuraduría sugieren
con fuerza … que los nueve fueron ejecutados por el Ejército y
después vestidos en traje de fatiga. Un juez militar que llegó a la
escena aparentemente se dio cuenta de que no había agujeros de bala
en los uniformes que coincidieran con las heridas en los cuerpos de
las víctimas…»
Al mismo tiempo, la Embajada empezó a ver la conexión entre las
fuerzas de seguridad colombianas y los florecientes grupos
paramilitares del país. Muchos de los recientes abusos del Ejército
sucedieron «en el curso de operaciones conjuntas de grupos para-
militares armados en las cuales participaron oficiales y reclutas»
según el cable desclasificado (19900727.pdf) .
Un cable de cuatro años después, del entonces embajador Myles
Frechette subrayaba la misma tendencia. Encontró que la mentalidad
del «body count» o conteo de bajas del enemigo persistía entre los
oficiales del Ejército colombiano que buscaban ascender. El
funcionario Adjunto de Defensa de la Embajada (cuya sigla en inglés
es DAO) reportó que «oficiales de campo que no pueden demostrar una
trayectorias de agresiva actividad anti-guerrillera (que es cuando
ocurren la mayoría de las violaciones a los derechos humanos por
parte de los militares) quedan en desventaja a la hora de los
ascensos».

Más aún, la declaración del ministro de Defensa Fernando Botero de
que había «una creciente conciencia de que cometer violaciones a los
derechos humanos podía bloquear el camino del asenso de un oficial»,
era según el DAO, «pensar con las ganas». (19941021.pdf) .
Un reporte de inteligencia de la CIA, también de 1994, fue más allá.
Encontró que las fuerzas de seguridad colombianas
continuaban «empleando tácticas de escuadrones de la muerte en su
campaña contrainsurgente» . El documento, una revisión de la política
de César Gaviria contra la guerrilla, destacó que los militares
colombianos tenían una «historia de asesinar a civiles de izquierda
en áreas de presencia guerrillera, cooperando con grupos
paramilitares asociados al narcotráfico en ataques contra
sospechosos de ser simpatizantes de la guerrilla y matando
combatientes capturados».
Tradicionalmente, el Ejército no había «tomado prisioneros de la
guerrilla», según el informe, y los militares han «tratado la nueva
política de derechos humanos de Gaviria como un requisito formal».
(19940126.pfd) .
Hace apenas unos diez años, otro informe de inteligencia, ya
publicado por el National Security Archive, y basado en una
conversación con un coronel del Ejército colombiano sugirió que el
rápido crecimiento del paramilitarismo durante esa era estaba
relacionado al «síndrome del conteo de bajas» en el Ejército
colombiano.
«Esta mentalidad tiende a incentivar las violaciones a los derechos
humanos por soldados bien intencionados que tratan de cumplir su
cuota para impresionar a sus superiores. También podría conducir a
que los militares, pasivamente, permitan que los paramilitares
sirvan de asistentes del Ejército colombiano y así le ayuden a subir
su cuota de bajas de la guerrilla».
El coronel no identificado también estaba «íntimamente relacionado»
con el caso del general Rito Alejo del Río Rojas, «sobre quién tenía
pocas cosas buenas qué decir». La cooperación de militares con
paramilitares «venía dándose por algunos años», dijo el
oficial, «pero se puso mucho peor bajo el mando de Del Río».
Otros dos comandantes, los generales Jorge Enrique Mora y Harold
Bedoya estaban entre los «que miraban para otro lado» con respecto a
la colusión entre militares y paramilitares, dijo el coronel,
refiriéndose a «la época en que Mora era brigadier general
comandando la gran Cuarta Brigada en Medellín… en 1994-95″.
(19971224.pdf) .
La comandancia de la Cuarta Brigada, un cargo que servía para lanzar
a oficiales que querían subir la cadena de mando, ha sido acusada
por mucho tiempo de colusión con grupos paramilitares locales.
El diario Los Angeles Times reportó en 2007 sobre un informe de la
CIA desclasificado que vinculaba al general Montoya con operaciones
conjuntas entre militares y paramilitares en Medellín cuando fue
comandante de la brigada en 2002. Quien lo reemplazó en 2008 como
comandante en jefe del Ejército, Oscar González, también comandó la
Cuarta Brigada, y otras unidades en la conflictiva área de Medellín.
En ningún otro caso como en una operación de falsos positivos de
febrero de 2000 fueron tan evidentes los vínculos de la Cuarta
Brigada con los paramilitares. En esta, paramilitares de las ACCU y
el Ejército colombiano, casi en simultánea, reclamaron para sí el
logro de haber matado a dos guerrilleros desmovilizados cerca a
Medellín. Un documento desclasificado de la Embajada de Estados
Unidos sobre el asunto, firmado por el embajador Curtis Kamman
informó sorprendido:
«Las Accu (que los testigos dijeron que habían secuestrado a los
dos) declaró que sus fuerzas los ejecutaron, mientras que la Cuarta
Brigada del Ejército (que liberó los cuerpos al día siguiente)
presentó a los muertos como guerrilleros del ELN muertos en combate
con el Ejército. Después de estas declaraciones contradictorias, se
despertaron en los locales el miedo y la confusión, y hombres
armados robaron los cadáveres de la morgue…»
Kamman llamó a estas muertes como «un caso claro de complicidad
Ejército-paramilitar es» que «aumentaría aún más el de por sí alto
nivel de interés de la organizaciones no gubernamentales en el tema
de los vínculos de la Cuarta Brigada con los paramilitares» . El
embajador dijo además que era «difícil sacar otra conclusión fuera
de que los paramilitares y el Ejército simplemente no habían podido
cuadrar bien sus versiones con anticipación» .(20000208. pdf).
Entonces mientras que los oficiales del Ejército colombiano revuelan
para «cuadrar bien sus versiones» en respuesta al reciente
escándalo, vale la pena destacar que el «conteo de bajas» (body
count) y los «falsos positivos» tienen una historia institucional en
la fuerzas armadas colombianas que se remonta a varios años atrás.
Y, si bien son bienvenidas las recientes medidas para limpiar de las
filas militares de oficiales asociados a estas prácticas, claramente
no son suficientes. ¿Cuáles son los hechos? ¿Quiénes son los
responsables? ¿Por cuánto tiempo ha venido sucediendo? ¿Quiénes son
las víctimas? ¿Dónde están enterrados los cadáveres?
Los documentos desclasificados de Estados Unidos pueden dar pistas,
pero es poco probable que podamos responder estos interrogantes
salvo que el Ejército colombiano haga público y difunda su informe
completo sobre el escándalo de los «falsos positivos». Hasta
entonces, al parecer, seguirán prevaleciendo el secreto y la
impunidad sobre la transparencia y la justicia en Colombia.

*Michael Evans es investigador de una organización sin ánimo de
lucro de Washington DC, la National Security Archive, que se dedica
a conseguir que se le levante la reserva a la mayor cantidad posible
de documentos oficiales en temas relacionados con la seguridad de
ese país. Evans ha venido siguiendo por varios años la
desclasificació n de documentos relacionados con Colombia.


http://www.nsarchiv e.org/colombia

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